ESTO PASA CON LOS WICHÍ EN SALTA

En octubre 2018, www.purochamuyo / Cuadernos de Crisis publicó un artículo donde advertía que el desmonte y la persecución a las comunidades wichí de Salta estaba provocando un creciente suicidio indirecto de sus jóvenes que consumían nafta y morían calcinados.

El artículo comenzaba así: “Dice en El Tribuno de Salta el periodista Miguel Escalante “la nueva droga de los pueblos originarios del Chaco salteño se llama nafta. Hasta hace poco era la marihuana la moda de la juventud. Ingresaba casi gratis para los aborígenes. Luego hubo quienes traficaban pasta base para los wichí y un día los dejaron sin esa droga que fue sustituida por los pegamentos, y ahora por las naftas. Hoy el robo de gasolina es lo más frecuente. Ingresan a una casa para romper la manguera de un tanque de motocicleta para llevarse quizá dos litros de nafta. Esas prácticas provocaron incendios y quemados. Cinco o seis chicos quemados en pocos días”.

El artículo completo puede leerse en este link: http://www.purochamuyo.com/wichis-los-colonizadores-siguen-matando/

Pero hoy la realidad es peor, si eso fuera posible.

Voces de periodistas, funcionarios, antropólogos, sociólogos, de muy diversos medios, en este recorrido que preparamos para nuestros lectores y lectoras, bajo una premisa ética fundamental: en Salta hubo y hay un etnocidio que no puede ocultarse más.

CUANDO LA VIDA DE LOS WICHÍ SEA NOTICIA

*Por Pedro Patzer

La mayoría de los argentinos sólo conoce la existencia del pueblo wichí, por la muerte por desnutrición de sus niños.

Vivimos en una sociedad que actúa como si fuera una delegación de los cascos azules y se acerca a la problemática indígena, sólo cuando se desata la tragedia. Mas no trabaja para incorporarlos a la mirada cultural cotidiana de la nación.

La mirada ‘civilizada’ con respecto a los indígenas no es una exclusividad con patente argentina. Basta leer que el presidente de Brasil Jair Bolsonaro señaló que los pueblos del Amazonas son ‘casi humanos como nosotros’, o las aberraciones cometidas contra los aymara durante y tras el golpe de estado en Bolivia en 2019, o la regularidad de las represiones a los mapuche en la Patagonia chilena.

Pero los argentinos parecen eternos hijos de una cigüeña que los trajo de París.

Creídos hijos de los barcos, europeos viviendo una experiencia latinoamericana, el mapa cultural del mundo -que también podríamos llamar cosmovisión porque la cosmovisión no es solo patrimonio de los pueblos originarios, en tanto que por ella se entiende una mirada del mundo- se les instaló con aquella fatal divisoria de aguas: Civilización o Barbarie. Un abono de alto rendimiento para hacer crecer la ignorancia, y hacer invisibles a los ‘bárbaros’.

Tan es así que las clases medias argentinas, con su calificativo de ‘negro’ o ‘cabeza’ a flor de boca, se emocionan cuando recuerdan su primera vez en París o Nueva York, pero se mueren sin conocer el Chaco (la región), no sólo físicamente sino ante todo y por sobre todo, su cultura, su identidad, y sus problemáticas.

¿Qué tiene esa región?

"¿Un monte devastado lleno de botellas y bidones de plástico, poblado de pañales descartables, con la gente que durante milenios conoció la nutrición del monte, ahora consumiendo refinados es la solución? ¿Es el paliativo gente de buena voluntad que se traslada por unas semanas a las zonas indígenas a brindar ayuda y a vivir la experiencia y deja una huella poblada de ausencia?. En tanto, los argentinos urbanos nos compadecemos, nos conmovemos y seguimos sin conocer nada más que los superficiales informes de desnutrición y muerte.”

Este pensamiento es de la antropóloga y artista indigenista Silvia Barrios, que consagró su vida a recuperar las manifestaciones culturales de los wichís. Su reflexión nos invita a sacarle la careta a la agenda de noticias y de la cultura que pintan a ese pueblo con datos eclécticos, postales exóticas, sermones de guías de museos describiendo una momia. La cultura argentina debe dejar de mirar a nuestros pueblos originarios como el paleontólogo escruta los fósiles de dinosaurios, y promover acciones para integrarlos. Porque los canales de noticias nos informan cómo mueren los wichís, pero nunca retratan cómo viven. Pareciera que nuestra sociedad en una hipocresía sin límites solo se acerca a estos indígenas ante la muerte. Se relacionan con ellos cuando mueren.

Silvia Barrios manifiesta, que “se debe promover una integración que comprenda la complejidad de su cultura”. Y es cierto, no podemos seguir con las aspirinas culturales. No es la (única) solución llevarle bolsones de arroz y fideos y medicinas, la auténtica solución es dejar de hacer de su monte un desierto, y de su río un cementerio de agua. En sus árboles y en su monte estaban sus alimentos y sus medicinas, sus plantas sanadoras, en sus ríos latía la fuente de su existencia. En la tv y en los diversos portales denuncian que mueren los wichís, mas no dicen que los fanáticos del dios consumo, y de la cultura unilateral, somos sus verdugos.

Un río no es sólo lo que wikipedia dice que es un río. Un río es un Dios para el wichí, un dador del sustento y de la medicina natural. Si por los agrotóxicos se envenena el río, matamos a Achaj, entre los wichís, el Padre de los Peces. Un Dios, que ha alimentado por siglos a esa comunidad.

Cada vez que derribamos un árbol, matamos, también un Dios, pero también un proveedor de alimentos y de remedios, con los que por siglos los wichís, se alimentaron y se curaron: Potsejalai, deidad wichi que propicia el desarrollo de los frutos silvestres. Tapiatsol, en su mitología es el que enseñó a plantar semillas de melón, sandía, porotos y otras especies cultivables que recuperó después del diluvio. Estos dioses, esta cultura, esta pedagogía en forma de dioses, muere cada vez que el desmonte avanza.

Silvia Barrios, agrega: "El único camino es que esta ola verde, la conciencia ambiental que crece en el corazón de los nuevos guerreros que se saben hijos de la Tierra, difunda, exija y presione a los que toman las decisiones para ejecutar medidas estructurales desde un verdadero conocimiento y con la participación de los pueblos indígenas, ejerciendo además el control sobre las millonarias sumas (y sus responsables) que se asignan al tema y que no se sabe a dónde van"

Cuando transcurran semanas y la noticia de la muerte de los niños wichís pase de moda, la gente de bien deberá trabajar para denunciar que su monte, su río y sus dioses se ven acechados por los depredadores que tiene cómplices que creen que cambiando de canal, los problemas se terminan y los wichís vuelven a ser invisibles.<>

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CERCADOS POR EL MONOCULTIVO DE CAMPOS DE SOJA

* opina Mara Puntano, periodista y abogada salteña

Reportaje publicado por La Retaguardia, realizado por Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero, editado para esta publicación

Salta es la provincia argentina con más diversidad etnológica: hay 14 etnias diferentes, formas de hablar, de manifestarse, de luchar. Diferentes silencios y diferentes estrategias para sobrevivir.

El pueblo wichí tiene más de mil comunidades; muy pocas de ellas tiene personería jurídica, la mayoría no, y son así, la característica es ser nómade: se traslada y vive de la naturaleza, de la Madre tierra, de la pesca, de la caza y de la recolección de frutos. Se trasladan de acuerdo adonde hay alimento, pero han sido cercados por el monocultivo de campos de soja, en donde se han desmontado todos sus árboles, fundamentalmente el algarrobo, que es un alimento que da mucha saciedad y tiene muchas propiedades para nutrir a los niños y los grandes. Su madera sirve para hacer artesanías, muebles, el pueblo wichí es un trabajador excelente de la madera. Además, los persigue la policía fluvial cuando van a pescar, o sea, los echan de sus ríos. Los wichí se manejan entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, parte del límite con Bolivia.

Aparte están las petroleras, que tienen cuerpos parapoliciales y en cualquier protesta es criminalizado el aborigen que muchas veces no hablan castellano y por lo tanto no tienen ni acceso a comunicarse en la justicia. Quedan presos sin causa alguna.

Las mujeres wichí tampoco tienen acceso a la salud pública, porque a pesar de que por ley tiene que haber un intérprete bilingüe, no hay un programa que se implemente en ese sentido ni en la justicia, ni en la educación y en la salud. No se cumple con la legislación. Esto provoca hambre, y la muerte de los más vulnerables. Por eso decimos que es un etnocidio, un genocidio, y no es de ahora.

Salta es tan feudal, que la mayor parte de la población naturaliza estas cosas, a tal punto que el gobernador Gustavo Sáenz, en vez de llamar a sesiones legislativas para declarar la Emergencia socio-alimentaria para ayudar a las comunidades indígenas, elevó un proyecto de ley a la Cámara de diputados para ampliar el número de integrantes de la Corte de Justicia provincial, que los Diputados aprobaron a libro cerrado y en tratamiento exprés.

¿Para qué ampliar la Corte? Precisamente para poner ahí al legislador Rodolfo Urtubey, el hermano del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, y que era quien estaba a cargo del Fondo de Reparación Histórica. Es decir que es un cargo a la medida del poder, porque Rodolfo Urtubey era el responsable de hacer las obras de agua potable para las comunidades, que no se hicieron. Y también decimos que ese Proyecto de la Corte es para garantizar la responsabilidad de los responsables de este genocidio, porque Urtubey recibió millones de parte de la Nación para terminar con la desnutrición y no lo hizo,y entonces siguen pasando todas estas muertes. Hay 32 niñitos internados, pero hay más de 2000 niños en grave riesgo de muerte.

¿Qué hacen estas comunidades con la Tarjeta Alimentaria? Rivadavia Banda Norte, Departamento de San Martín, Orán...ahí en esas poblaciones la casa de la gente es un ranchito con cuatro palos cubiertos de plástico, un nylon, y duermen en el suelo. Se quedaron sin lo mínimo que ellos necesitaban que son los árboles, el agua del río y los pescados. O sea, que le entreguen una tarjeta para que vayan a comprar alimentos significa primero que no hay negocios para comprar, tienen que trasladarse muchos kilómetros y sigue la misma esclavitud: porque es el legislador, el concejal corrupto que tiene el supermercado y le agarra todo ese monto a cambio de un paquete de harina o cosas así, se abusan de esa población. Por más que sea buena la intención, no suple. Acá lo que se necesita son cosas de fondo. Tiene que haber una política nacional y provincial que vea las cosas, que agarre el toro por las astas.

Acá el tema es la tierra y el respeto a los pueblos originarios, que se les entreguen las tierras y que se les respete el derecho a la libre autodeterminación.

Que tengan control de sus recursos naturales, por lo tanto control de sus ríos, de sus aguas, de su tierra. Que puedan vivir de lo que ellos saben hacer y que se respete su cultura. No son invitados a nada, si no seguimos con esto que es una política planificada de genocidio.

“Dentro de esta tragedia salen soluciones de los más excluidos, vulnerables, de los más despreciados: la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, son quienes reparten el agua como pueden a las comunidades, porque también ellos están sin agua. Y además tienen diversidad de proyectos para defender la vida: huertas orgánicas, criaderos de animalitos, fábricas de ladrillos para construir su propia vivienda. Porque el Estado los abandona totalmente. Ellos son los que llevan a las comunidades más cercanas unos tanques de agua. Han presentado un proyecto a la Nación ahora que ha venido toda una delegación para que les permitan hacer los pozos de agua de Rivadavia Banda Norte y en las comunidades wichi en Departamento San Martín y Orán. En donde se pueden hacer los pozos de agua, porque como hay fracking y contaminación hay que ver las napas de donde se puede hacer. Y en donde esté contaminado, ellos han presentado otro proyecto de construcción de viviendas con captación de aguas pluviales para que así haya agüita pura y no se mueran más los chicos. Todavía no se lo han aprobado".

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«DEJAR MORIR» ES VIOLENCIA ESTATAL

  • opina Marcelo Musante

Desde el gobierno de la provincia de Salta, ahora cargo del gobernador Gustavo Sáenz y durante los últimos doce años de Juan Manuel Urtubey, culparon a las víctimas por las muertes en las comunidades indígenas, y así el Estado provincial niega su responsabilidad y las estigmatiza. El secretario de Salud Pública de la provincia, Antonio de los Ríos, culpa a sus familias y, por extensión, a las comunidades indígenas: “Los ocultan en el monte para que no los atiendan”. “Son comunidades cerradas que no aceptan ayuda”. “Sólo se puede ingresar con la policía”.

Falso.

Las comunidades “no se esconden en los montes” como afirmó Antonio de los Ríos. A los montes los habitan.

Las comunidades no “son reacias a la atención médica” y por esa razón “ocultan a sus enfermos”. Le temen a un sistema que las discrimina y estigmatiza. A un sistema de salud fantasmal que cuando aparece, lo hace con prácticas violentas, racistas e inconsultas.

Las comunidades “no se encierran en su cultura”. Proponen un diálogo para buscar soluciones conjuntas que tengan en cuenta la interculturalidad y no resoluciones paternalistas urgentes, efímeras, unilaterales y forzadas.

No es que las comunidades deban entender que “ya no sirve seguir sosteniendo costumbres que las llevan a la muerte” y que por eso “tienen gastroenteritis o se deshidratan”. Hace años que reclaman al gobierno provincial por el acceso a agua potable y no son escuchadas.

Transformar a las víctimas en culpables es una práctica discursiva que no es novedosa. Para las comunidades indígenas fue moneda corriente durante el proceso de conformación del Estado argentino.

Sus territorios, y a las familias que los habitaban, “debieron” ser violentados por no encuadrar en el modelo propuesto y ejecutado por las clases dominantes.

Fueron culpables de hablar otras lenguas, de sus diversidades étnicas, de sus culturas. Eran el “desorden y pasado” para el proyecto de “orden y progreso” organizado a punta de armas, asesinatos masivos, y traslados forzados.

Los niños y niñas wichí mueren por enfermedades curables y por desnutrición, pero antes de eso, comienzan a morir por frases como la del secretario de salud salteño. Frases que reproducen las prácticas de racismo del Estado y producen un tipo de otredad y negatividad sobre las comunidades indígenas que luego tienen consecuencias en los centros de atención de salud, en las escuelas, en el sentido común de la sociedad, en los desalojos.

Se resalta la pertenencia étnica, el hecho de ser wichí, porque las muertes encuentran una de sus causas en su identidad originaria y en las respuestas diferenciales, deficientes, que el Estado brinda por esa condición.

Salta es una de las provincias con mayores denuncias por desmontes indiscriminados y violación a la Ley de Bosques. El ex gobernador Juan Manuel Urtubey se montó en los Decretos 2211/10 y 3136/11 “que permiten excepciones que violan la norma nacional. Urtubey modifica, a simple solicitud de los titulares de las fincas (empresarios y grandes terratenientes) la zonificación establecida en el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) para que sean aptas para desmontes”, afirmaba Greenpeace al detallar que se talaron largamente 420.000 hectáreas en una década.

Ese modelo de “desarrollo” avanzó hacia una primarización de la agricultura, basado en agrotóxicos en los que las comunidades indígenas son unas de sus principales víctimas, porque son desalojadas para que esas tierras sean privatizadas; por las condiciones de explotación laboral (una repetición histórica del trabajo semiesclavo de indígenas en los ingenios salteños y jujeños desde fines del siglo XIX); por envenenamiento por contaminación de agua y suelos y también, por el armado de causas judiciales que terminan con dirigentes wichí presos cuando hacen denuncias públicas.

Justamente, el último de los niños fallecidos era de la comunidad indígena de El Tráfico, en el municipio de Embarcación, donde seis personas de la comunidad estuvieron arbitrariamente detenidas a inicios de enero y denunciaron violencia policial y torturas.

Entonces el gobierno declara la emergencia socio sanitaria. Hay muchas muertes más que se dan en las comunidades por las pésimas condiciones de vida y por desnutrición pero cuyas actas de defunción figuran como paro cardiorespiratorio o shock séptico y que funcionan como eufemismos para ocultar las verdaderas causas en las estadísticas oficiales.

Para que las prácticas estatales no continúen “dejando morir” a las comunidades indígenas una de las formas es escuchar lo que tienen para decir.

Lo urgente ahora es consultar a las propias comunidades, y debatir el tema de la tierra. Ellos discuten la propiedad comunitaria de la tierra. Eso está fuera de la 'agenda blanca'. Y por eso las provincias cuando entregan títulos de propiedad, son títulos individuales, no para la comunidad. Y eso implica que a cualquier estancia o empresario le resulte fácil comprar esas tierras.

Lo mismo pasa con la salud. Hay que llegar a las mamás indígenas.

En condiciones casi esclavas trabajaron en los ingenios; en los tabacales de Ledesma. Fueron corridos a territorios que no valían nada pero ahora con las nuevas técnicas sí, entonces ¡vuelven a ser corridos! Solo un Estado como el argentino puede aceptar que vayan a vivir ahí.<>

Tres Niños Carlos Alonso MNBA 2019

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DESDE SANTA VICTORIA ESTE

*por Canal Abierto, medio de comunicación alternativo

Canal Abierto, a comienzos de febrero, obtuvo la declaración de Antonio César Villa, secretario de Relaciones Institucionales del municipio de Santa Victoria Este, quien advirtió sobre la necesidad de declarar la emergencia social y sanitaria para que las familias wichí reciban atención alimentaria y de salud lo más urgente posible, y evitar que esto se convierta en una gran catástrofe.

Pero sostuvo que “declarar la emergencia socio sanitaria por decreto, es un paso adelante. Pero no se ha reglamentado y eso es un gran problema. Por eso no podemos saber en qué consiste. Si no hay papeles en la mesa, no podemos confiar en nadie. El decreto no se mandó a las cámaras para que se lo reglamente. Necesitamos saber a ciencia cierta en qué va a consistir esta emergencia, si no es sólo un saludo a la bandera”, explicó Villa.

“Tenemos miedo que se termine la emergencia, que se termine la cobertura mediática y volvamos a lo mismo. Nos parecen poquísimos 180 días. La emergencia debería persistir hasta que se resuelva el problema de fondo. Sabemos que existe una pobreza estructural, pero no nos podemos resignar a que cada vez que surgen estas crisis esa pobreza se profundice”.

El periodista Carlos Saglul, también en Canal Abierto, logró el testimonio de uno de los dirigentes wichí.

Reinaldo Ferreira, presidente de la organización zonal wichí TchótLhamenjempe (Los que construimos unidos), que reúne 26 comunidades de la provincia de Salta, explicó que la desnutrición hace estragos entre los niños.

“Dicen que el Estado nos da subsidios. Pero ¿cómo se hace para vivir un mes con dos mil pesos? Algunas familias llegan hasta cobrar cinco mil. Pero no hablamos de familias de dos personas, sino de diez, doce miembros. No nos gusta vivir de lo que nos da el Estado, pero no hay trabajo...Ni changas se consiguen ya. Algunos se van en busca de trabajo pero es triste e injusto dejar la tierra”

Ferreira vive en el departamento de Rivadavia, Banda Norte, uno de los más castigados por el desamparo. Es dirigente de una comunidad que se estima, ronda las 60 mil personas.

“Pareciera que a algunos les conviene lo mal que nos va. Pasan los gobiernos y esto sigue igual. En el siglo XXI tengo que tomar agua de la represa donde hacen sus necesidades los cerdos, las vacas, los caballos. No hay agua o el agua está contaminada. ¿Es posible que el gobierno no tenga plata para hacer pozos?-cuestiona-. La otra vez vino Julián Weich a repartir unos aparatos para potabilizar el agua. No sirven. Parece que nos toman el pelo. Con lo que gastan en publicidad sobra para hacer pozos como tienen otros”.

El líder wichi recuerda: “cuando todavía estaba el gobernador (Juan Manuel) Urtubey le llevamos a sus ministros el agua que tomamos acá todos los días para ver si se animaban a tomarla. Todos saben lo que pasa. Periodistas y políticos dicen que nos morimos por razones culturales. No es verdad. Nos mata la falta de trabajo, la pobreza, no tener ni agua”<>

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COROLARIO, HASTA HOY, 29 DE FEBRERO

El 26 de febrero el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, pidió documentación relativa a los fallecimientos ocurridos en febrero, bajo la carátula “Averiguación de causa de muerte”.

Cabot decretó el inicio de las actuaciones y se trasladó con su equipo a Santa Victoria Este, donde circunstancialmente se encontraba la directora de Salud Materno Infanto Juvenil del Gobierno de Salta, Susana Velazco, quien informó que a esa fecha, los menores fallecidos eran trece. Doce casos corresponden al Distrito Tartagal y un caso al Distrito Orán. En caso de confirmarse que el último fallecimiento tuvo relación con un cuadro de desnutrición, se dará intervención a la fiscalía de Orán.

Entre otras medidas ordenadas, la Fiscalía libró oficio al Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Salud Materno Infantil, a la que solicitó información en relación a niños y niñas fallecidos entre el 1 de enero pasado y el 27 de enero en los departamentos San Martín y Rivadavia Banda Norte. Especificó que la información debía contener datos sobre las muertes que se relacionen con cuadros de desnutrición, deshidratación o cuadros similares. Cabot pidió que se remita la siguiente documentación: reporte de muerte de menores de cinco años; historia clínica; carnet de vacunas; carnet del niño (con curva de peso) y formulario del agente sanitario. La precisión de dicha información será fundamental para precisar la causa y número de menores fallecidos, ya que algunos de los casos están registrados como “RN” (recién nacidos), es decir que murieron el mismo día del parto.

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El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el cual es encabezado por Victoria Tolosa Paz, puso en marcha la "Mesa Federal del Agua Social" con el objetivo de que los sectores marginados tengan acceso al agua.

El plan de contingencia pretende instalar 14 pozos, sustentar más de 100 reservorios de agua potable, buscar financiamiento externo y el despliegue de una red de asistencia sanitaria para 40.000 wichis en el norte argentino, con ayuda de los ministerios de Desarrollo Social, Defensa, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Infraestructura, y el Gobierno de la provincia de Salta.

La construcción de siete pozos tendrá un costo estimado de un millón de dólares, que será financiado por el Ministerio de Ambiente de Nación, la empresa estatal YPF y algunas compañías petroleras privadas.

Por otra parte, se planificó la instalación para 100 cosechadoras de agua-reservorios que tendrá un costo de unos 28 millones de pesos. Estas cosechadoras hídricas captan 16.000 litros de agua segura para el consumo.

Pamela Ares, la coordinadora del NOA del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, declaró que las obras hídricas estructurales son complejas, y requerirán 89 mil millones de pesos.<>

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Esta producción fue posible gracias a los textos publicados por

* Pedro Patzer, estudió letras en la UBA e hizo la Licenciatura de Artes audivosuales en la UNA ; desde 2003 es guionista en Radio Nacional Folclórica, 98.7 FM; desde octubre de 2013 forma parte del consejo de radio de Argentores

*La Retaguardia, medio de comunicación alternativo. Periodistas y editores: Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero; Nicolás Rosales y Fernando Tebele

* Marcelo Musante es sociólogo y actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral en Antropología en referencia al sistema de reducciones civiles estatales para indígenas de Chaco y Formosa. Integrante del departamento de Estudios Sociológicos del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, Investigador de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Red de Investigadorxs sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina

*Canal Abierto, medio de comunicación alternativo

* http://www.diarioinclusiontartagal.com/tartagal/tartagal-investigan-la-causa-de-muerte-de-trece-menores/

*Nicolás Muñoz y Miguel Basombrío, de www.vocescríticas.com

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