TE VAMOS A VACUNAR

La aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley que autoriza al Estado Nacional a firmar convenios con laboratorios extranjeros, cediendo la jurisdicción de tribunales extranjeros para eventuales demandas, generó un debate en torno a la “inmunidad soberana”.

El proyecto, impulsado por el diputado Pablo Yedlin (del Frente de Todos), declara “de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria".

Yedlin, presidente de la comisión de Salud de Diputados, explicó que el proyecto se redactó en sintonía con el Ministerio de Salud porque "se requiere esta ley porque así son los requisitos de la industria farmacéutica".

La doctora Susana Etchegoyen tiene una vasta experiencia en estudio y aplicación de fármacos. Hace 10 años es la Coordinadora de la Unidad Farmacoterapéutica del mayor hospital del país, el Posadas, para el cual produjo el Vademécum que luego fue solicitado, entre otros, por el Hospital de Morón y hospitales en Barcelona.

Es Docente de la Facultad de Medicina de la UBA, integró el Equipo Interdisciplinario Oncológico ‘Cancer Team’; ex Auditora médica de OSECAC, UATRE, y Auditora de Tratamientos complejos y oncológicos de la Obra Social del sindicato de Camioneros.

Es Directora del Centro de Investigación en Nanotecnología y Nanomedicina de la Facultad de Medicina de la UBA, y Directora del “Laboratorio Público de elaboración de nanopartículas y activos vegetales” de la Facultad de Medicina (UBA). Es la Representante de la Facultad de Medicina de la UBA, ante ANLAP, Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.

La Dra. Etchegoyen -que fue Legisladora porteña y autora de la Ley de producción pública de medicamentos en la CABA-, habla para www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis.


¿Por qué Argentina no tiene producción relevante de vacunas?

S.E: Es una pregunta que tiene una respuesta muy amplia. Las políticas sanitarias son un todo complejo, no unidades separadas. La clave es entender que la investigación es costosa, y que en la mayoría de los casos la hacen grandes empresas privadas (aprovechando la estructura, los saberes, los lugares físicos y hasta los recursos públicos). Y lo obtenido se patenta: en el imaginario popular se piensa en ‘si cura, es un bien común’. No funciona así.

-¿En qué momento comenzó la ya habitual cesión de soberanía en relación a las patentes y el conocimiento?

S.E.: Patentes es sinónimo de posguerra. Apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial comenzaron las rondas para crear la Organización Mundial de Comercio, con unos principios muy inclusivos y de reconstrucción, que no es el momento ni de analizar ni de juzgar...aunque bien podríamos hacerlo. Pero para poder llegar a una O.M.C. primero había que establecer algo que no existía en el siglo XX (porque lo que había antes era el viejo orden imperial que comandaba Gran Bretaña). Es decir, no había reglas en el comercio mundial después de 1945, ni acuerdos de aranceles y tarifas. Ese es el GATT - General Agreement of Tariff and Trade. Sin embargo, no por casualidad, en plena expansión del neoliberalismo y en el marco de la unipolaridad determinada por la desaparición de la URSS y el COMECON (la red de intercambio entre los países de economía centralizada cuyo eje era Moscú), nace la OMC, en 1994. Y esa Organización da a luz simultáneamente al Acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Este Acuerdo, que en inglés se llama TRIPS (Trade Related Aspects of Intelectual Properties Rights) constituye la base formal del derecho internacional, y es la que impulsó la reforma de la Ley argentina de patentes.

Hasta 1993, la Argentina tenía una ley de patentes, la Ley 111, y el gobierno de Carlos Menem-Eduardo Duhalde, envía un proyecto de ley al Congreso con el objeto de “modernizar el sistema de derechos en la propiedad industrial de nuestro país”, que luego de la Reforma Constitucional de 1994, consagró que los Tratados Internacionales se encuentran por encima de las leyes locales, y acto seguido, se aprobó el TRIPS, en carácter de ley superior a la legislación interna.

Meses después, en 1995, el Congreso sanciona la Ley 24.481 o Ley de patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que el menemismo observa parcialmente (veremos enseguida por qué). Pero ante las amenazas del gobierno de Bill Clinton, de que Estados Unidos iba a denunciar a la Argentina ante la OMC por presunto incumplimiento de los acuerdos que había suscripto -y a los que se obligaba una vez ratificado el TRIPS-, y también de quitarle al país ciertos beneficios y privilegios para sus exportaciones, en diciembre de 1995 todo culmina con la Ley 24.603, que pocos meses después entró en vigencia con la firma de Carlos Menem, Eduardo Bauzá, Domingo Cavallo, Guido Di Tella y Rodolfo Barra.



-¿Qué es lo que objetó el menemismo e integraba la Ley de patentes original?

S.E: El artículo 37 establecía que el titular de la patente no tendría el derecho de impedir que quienes hubiesen explotado la patente en el país, con anterioridad a la ley, pudieran continuar con dicha explotación. Eso se eliminó a favor de los Big Pharma.

El artículo 42 establecía que el titular de la patente estaría obligado a explotar la invención patentada, mediante la ejecución de la misma en el territorio de la República Argentina, y que por explotación se entendía la producción, distribución y comercialización. Se eliminó que los Big Pharma debían producir en la Argentina.

El artículo 44 establecía que “El INPI podrá establecer excepciones cuando se trate de nuevos productos que ofrezcan avances significativos necesarios para proteger la salud y la nutrición de la población...”. Se eliminó ‘proteger la salud’, del texto de la ley.

El artículo 65 inciso g, establecía que “Las patentes caducarán cuando fuese necesario para proteger la salud pública, la vida humana...”. La presión norteamericana y del ejecutivo menemista hizo que que el inciso g desapareciera de la ley.

-Esa es la ley, eso es lo que rige, y ese es el marco legal. ¿Es legítimo, aunque sea legal?

S.E: No. Pero es lo que firmó y aprobó el Congreso, y lo que reglamentó el Poder Ejecutivo, y desde 1996 a la fecha no hubo ninguna reforma impulsada ni por los legisladores ni por los gobiernos nacionales.

En aquel momento existió un proyecto de Declaración mediante el cual el Congreso rechazaría estas presiones y se uniría a un proyecto con Brasil, que también fue víctima de estas amenazas, pero esa iniciativa ni se llegó a votar, y naturalmente no se aprobó. Eso es lo que hay...

-Las críticas que reclaman que no se firme el acuerdo con los grandes laboratorios por la vacuna contra la COVID19 son varias.

S.E: Sí. El Grupo Argentino para el Uso Racional de Medicamentos, GAPURMED, rechazó la firma de convenios bajo esas cláusulas. En el comunicado afirman que “es inaceptable que se permita que los eventuales conflictos legales se diriman en tribunales arbitrales y judiciales extranjeros, y que las farmacéuticas trasladen la responsabilidad patrimonial a los estados”. Y agrega el Grupo “si bien nos encontramos inmersos en un contexto sin precedentes de emergencia sanitaria, los acuerdos para garantizar el acceso a vacunas y otras tecnologías deberían darse en el marco de los principios básicos de la bioética, los derechos humanos y el encuadre jurídico establecido: no es deseable la inclusión de cláusulas o acuerdos de confidencialidad, por ser esto, inadmisible éticamente en el ámbito de la salud”.

El Capítulo Argentino de la Redbioética, apoyó que se declaren de bien público las vacunas para COVID-19, pero cuestionó la ley porque “otorga beneficios a los laboratorios multinacionales productores de vacunas para COVID 19 sin protecciones bioéticas a la población”. Dijeron que “si bien los modelos contractuales que exige la industria, parecieran acogerse a la consigna de ‘sin ganancias ni pérdidas’, en realidad el país les está asegurando ganancias, mientras la industria queda eximida de posibles pérdidas”. El comunicado lo firmaron el coordinador Victor Penchaszadeh, y la secretaria Silvia Brussino


¿Este acuerdo es uno de los típicos convenios desiguales que imponen los países centrales o las grandes corporaciones hacia los que tienen menor poder?

S.E: Este Acuerdo no es un capricho hacia los países periféricos, aunque bien puede juzgarse como un capricho imperial, ya no de estados soberanos, sino de corporaciones. Lo que firmó la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19, impone que “los Estados miembros participantes que adquieran una vacuna serán responsables de su distribución y uso en virtud de sus estrategias nacionales de vacunación, y asumirán plenamente la responsabilidad que conlleve dicho uso y distribución”. Lo mismo ocurre con el que firmó Perú. O sea: los grandes laboratorios en ningún país del mundo, aún en esta emergencia sanitaria, se hacen cargo de eventuales juicios. No es, al menos esta vez, un perjuicio que caiga solo para la periferia del mundo.



-Supongamos que hace falta una vacuna, y que es urgente, considerando la nueva ola de contagios y muertes donde hace menos de 9 meses comenzó la pandemia. ¿Que es COVAX?

S.E: En el mes de abril 2020, a instancias de la Organización Mundial de la Salud, nació la iniciativa COVAX, de la que participan 170 países, incluido la Argentina. COVAX pretende acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra COVID-19, y ‘garantizar un acceso equitativo en todo el mundo’. Está codirigido por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La iniciativa COVAX es un breve universo de buenas intenciones:

  • garantizar vacunas para al menos el 20% de la población de los países del mundo
  • Una cartera de vacunas diversificada y gestionada activamente
  • Entregar las vacunas tan pronto como estén disponibles
  • Poner fin a la fase aguda de la pandemia
  • Reconstruir las economías

Casi 180 días después de su lanzamiento, en octubre, el titular de la OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el Acelerador del ACT consiguió con 3.000 millones de dólares que se realicen 1700 ensayos clínicos, y analizar cien países para detectar dónde falta capacidad de respuesta. También afirmó que para cubrir las necesidades, o sea, lograr el desarrollo acelerado y un reparto equitativo de la vacuna contra la COVID 19 (y de las otras vacunas indispensables para el conjunto de países), hacen falta otros 35.000 millones de dólares.

-Esos 38.000 millones de dólares para que las vacunas lleguen a todo el mundo parece poco. Si el FMI aprobó para la Argentina durante el macrismo 50.000 millones, es poco.

S.E: No vamos a descubrir ahora el poder de la industria multinacional de fármacos. Claro que el problema no es el dinero. 38.000 millones de dólares es una fortuna, pero para el mundo financiero es menos que monedas de cobre. El valor de mercado de Johnson & Johnson es de 276.000 millones de dólares, Novartis otro tanto, Pfizer 212.000 millones de dólares, Merck 164.000 millones, GlaxoSmithKline más de 100.000 millones de dólares, y Eli Lilly otros 100.000 millones de dólares. Esos son los líderes norteamericanos, donde hay muchos otros, y no estoy poniendo en la lista a los europeos…

-Producir medicamentos en el sistema público debería ser prioridad. Esta emergencia sanitaria lo puso más que nunca encima de la mesa.

S.E: La Argentina integra el grupo de países con alto consumo de medicamentos, aunque ese consumo está asociado a las posibilidades económicas, no a las necesidades sanitarias. De hecho, una pequeña porción de la población tiene altísimos niveles de consumo, y otra, una gran parte, carece de acceso a una cobertura médica, incluyendo el acceso a los medicamentos y otras terapias. Provincias enteras como Jujuy, Formosa y Catamarca consumen menos medicamentos que el barrio porteño de Palermo.

En Argentina operan algo más de 280 laboratorios (tanto de capital de origen nacional y multinacional), pero solo un cuarto de ellos se quedan con el 75% de las ventas. El mercado de medicamentos en nuestro país esta ubicado, desde hace años, entre la primera docena del ranking mundial.

La industria farmacéutica multinacional instalada en el país depende de la producción de principios activos extranjeros, y por esos insumos se pagan precios superiores a los vigentes en el mercado. Hay un escaso interés en profundizar su esquema productivo hacia la elaboración local de principios activos.

Existe capacidad pública para la producción de medicamentos, a través de los laboratorios que hay en distintas provincias dependientes de los gobiernos nacional, provinciales y municipales. ¿Qué producen? Pueden producir o tienen capacidad para hacerlo, de medicamentos (copias), regulados por la legislación provincial donde estos laboratorios asientan. Por cierto, la producción pública de medicamentos no puede pensarse escindida de la óptima calidad requerida de acuerdo a estándares internacionales.

-Pero en pandemia, y con 7 semestres de depresión económica severa, ¿está el dinero en las arcas del Estado para producir medicamentos?

S.E: Internacionalmente, se estima que el costo promedio de la producción de un medicamento es cercano al 2% del precio final. Investigaciones recientes realizadas por expertos en la Segunda Cátedra de Farmacología, de la Facultad de Medicina de la UBA, mostraron que es posible producir medicamentos de baja tecnología y alta relevancia sanitaria (por ejemplo sulfato ferroso en solución y ácido fólico, y/o el antiparasitario mebendazol, en comprimidos), con muy buena calidad, a un costo entre 100 y 2.500 veces inferior al precio de lista del producto comercial en vigencia.

El organismo regulatorio ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) obstaculiza sistemáticamente la producción pública de medicamentos, al exigir elevados aranceles por cada ‘Solicitud de autorización’ de un nuevo producto a elaborar. De esa forma, el Estado es el enemigo del interés público, porque si la decisión política ha sido tener partidas para Salud bajas o acotadas, incluso para necesidades críticas, mal podrían hacer frente los laboratorios de producción pública a estos gastos administrativos superfluos.



-¿Qué marco legal hay para producir medicamentos en laboratorios públicos?

S.E: En diciembre de 2014, el Congreso Nacional aprobó una ley que declaró de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública, dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos. Su vigencia -previa ratificación por cada provincia-, incumbe a los laboratorios que pertenecen al Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal (Artículo 2°).

En consonancia con ello, en el Artículo 4°, se creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos - ANLAP, un organismo descentralizado, con autarquía económica y financiera, y con personería jurídica propia, en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, y con capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado.

El rol de la ANLAP y algunas cláusulas respecto de sus directivos tienen particular interés.

Los miembros del directorio, dice en su Artículo 10°, no pueden ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni indirecto, en empresas del sector privado del mercado farmacéutico o de medicamentos, prestadores privados de la salud, ni en sus controladas o controlantes.

El rol de la Agencia Nacional de Laboratorios públicos sería diseñar las políticas públicas de investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y su distribución en el sistema de salud; así como propiciar la celebración de convenios entre los laboratorios de producción pública y universidades (u otras entidades estatales) para realizar el control de calidad de los medicamentos, las vacunas, los insumos y productos médicos, y su distribución en el sistema de salud.

Esta ley existe, no es una utópica fantasía. Tiene el número 27.113, fue comunicada por Julián Domínguez, Gerardo Zamora, Lucas Chedrese y Juan H. Estrada, y fue Promulgada de Hecho el 20 de enero de 2015. Su título: Declárase de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública. Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Creación.

En total, hoy la ANLAP tiene 37 centros de producción pública de medicamentos.

La provincia de Buenos Aires tiene 13. En la CABA residen 4 (de la UBA, otro de las FF.AA, otro en la Universidad de Defensa y el Instituto de Ensayos Biológicos), 4 en Córdoba, 3 en Santa Fe, 2 en Tucumán y Tierra del Fuego, respectivamente, y 1 en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro y San Luis. No hay en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un Programa de Producción Pública de vacunas, que la Legislatura sancionó en 2005, pero los gobiernos de Mauricio Macri y los de Horacio Rodríguez Larreta todavía tienen pendiente de reglamentación.

-Ya que mencionamos a los neoliberales, ¿cómo terminó la polémica de Brasil con las patentes, que mencionó antes?

S.E: Eso fue en 1996. La ley 9279/96 de Patentes- Propiedad Industrial, a diferencia de la que aprobó el gobierno neoliberal argentino, estableció que el Poder Ejecutivo brasileño podría otorgar licencias compulsivas cuando por parte del propietario de la patente hubiera un ejercicio abusivo, inclusive abuso económico; o si una vez otorgada la licencia en un lapso de 3 años no produce en el país; o cuando la fabricación de dicho producto no satisfaga las necesidades del mercado brasileño.

Brasil lo activó, todavía bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, porque con 500.000 pacientes infectados de HIV-Sida, los propietarios de las patentes abusaban de sus derechos con precios abusivos, que impedían el acceso a un gran número de enfermos, y podían morir. Entonces pasaron a fabricar sus propios medicamentos genéricos para el HIV, y distribuirlos gratuitamente en hospitales, con lo que bajó un 50% el número de muertes esperadas. Argentina pudo tener en su ley al menos esa autonomía, pero los artículos fueron vetados por Menem.

En enero de 2001, el gobierno de George Bush presentó una demanda contra Brasil ante la Organización Mundial de Comercio, pidiendo un Panel de Resolución de Conflictos, para resolver sus diferencias, y argumentó que la ley 9279 violaba el Acuerdo sobre derechos de propiedad Intelectual relacionados al Comercio. Pero antes de eso, Cardoso ya se había amparado en el mecanismo de licencias obligatorias previstos en los acuerdos de la OMC, que permite a un país la elaboración de medicamentos esenciales, en caso de Emergencia Sanitaria Nacional. Y en 1999 presentó en la Asamblea Mundial de la OMS, de para que la Organización tuviera un papel activo en la supervisión del precio de los medicamentos en todo el mundo, y en la evaluación del impacto de las normas sobre patentes de la Organización Mundial de Comercio. Tras ello, logró en abril de 2001 que la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobara por 52 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención (Estados Unidos), una resolución que vincula el acceso adecuado a medicamentos con los derechos humanos fundamentales. EE.UU. criticó la resolución al sostener que su contenido viola las normas internacionales de protección de los derechos de la propiedad intelectual.

La Ley brasileña caería si ese país se sumara a un Acuerdo de Libre comercio con Estados Unidos de América como propuso Donald Trump a Jair Bolsonaro, o si resurgiera un proyecto como el ALCA, un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.



-Hablemos de las vacunas para COVID-19

S.E: La Argentina no optó por la vacuna de Astra-Zeneca y la Universidad de Oxford. Lo que hizo con Oxford es un acuerdo: obtuvo la dosis muy barata si se armaba la última parte en Méjico y Argentina, para después distribuirla al mundo. Hablamos de 4 dólares contra U$S 127 y hasta 134 de todas las demás. La vacuna que investiga Oxford tiene buenos resultados, y es una decisión correcta en el marco de que nosotros en el país, no somos capaces de tener nuestra propia vacuna. Argentina no ha invertido en investigación y desarrollo de forma sistemática, ni ha valorizado el trabajo de los investigadores. Si fuera así, tendríamos una vacuna de, pongamos, la Universidad de Buenos Aires, junto con el Estado nacional, o el CONICET con el Estado Nacional, o mixtas, que sería muy barata.

Hay que destacar que por qué Argentina y Méjico pueden hacer este acuerdo. Fueron elegidos por su capacidades tecnológicas, y hasta diría que más Argentina que Méjico en ese sentido, porque tiene un laboratorio que puede hacer eso, y una larga historia de formación de científicos muy bien formados, acostumbrados a hacer ensayos internacionales; además, en comparación con lo que ganan los científicos en otros lados, muy ‘baratos’. Esto sí la gente lo sabe, o lo intuye: desde siempre se usa a los hospitales para ensayos internacionales, pero los grandes laboratorios aquí usan los recursos hospitalarios sin pagarlos...así es la industria, la Big Pharma.

La vacuna de Astra-Zeneca-Oxford, con el que hace horas el gobierno argentino anunció la adquisición de 22 millones de dosis, es una ‘buena vacuna’, que a diferencia de las RN o ADN en las que trabajan Pfizer, Moderna o cualquiera que estén hechas a partir de eso, no son seguras. Con no seguras quiero significar que son procesos que no tienen experiencia, porque habría que esperar 5 años para estar seguros de que el ADN o RN incorporado a las células humanas no ‘haga cosas’, así que las descartaría.

-Antes de hablar de la vacuna rusa, ¿cuál es el proceso de una vacuna?

S.E: Hay enfermedades, en diversas regiones del mundo, que son endémicas, o sea, que están hace tiempo en un sector relevante de la población, y su erradicación permanece nula o acotada. Cuando una enfermedad contagiosa se expande a una escala dramática, se convierte en pandemia. Y en ese caso, la Organización Mundial de la Salud establece protocolos diversos que todos los países que la integran, y a la cual aportan regularmente datos, cifras, relevamientos, estudios locales, y financiamiento, se adecuan. Por eso mismo, que un país decida retirarse de la OMS o de la UNESCO (que cumple funciones en el área de la Cultura) es siempre una medida poco feliz. Esto no implica, en absoluto, desconocer la presión y la vinculación que hay entre las corporaciones y sus representantes dentro de las Organizaciones internacionales. Pero lo cierto es que los conocimientos, experiencias y especialistas que se conjugan en una Organización de ese tipo no hay ningún país que pueda suplirlo por sus propios medios, ni siquiera los países centrales, que es donde residen además, los Big Pharma.

Si hay pandemia, si una enfermedad no cesa de propagarse y hay que tomar decisiones, esas decisiones forman parte de la Emergencia Sanitaria. Por esa razón, algunos tiempos pueden verse modificados. Eso es algo que está en la cabeza de las autoridades, de los especialistas y también de la población, que quiere sentirse segura, pero no sabe si las vacunas en proceso son seguras.

La confianza en cualquier vacuna Covid-19 dependerá del rigor de los criterios clínicos utilizados para evaluarla, incluida la duración del seguimiento. Por eso mismo descartaría de plano las RN o ADN porque son totalmente desconocidas y habría que esperar 5 años para ver sus efectos, como dije.

La autorización que reciba bajo emergencia (AUE) la de Oxford (o la rusa) establece que los estudios respaldatorios tengan un seguimiento de al menos 2 meses después de la finalización del régimen de vacunación completo. O sea que, como los eventos adversos de la aplicación de una vacuna comienzan dentro de las 6 semanas posteriores, las vacunas que están en fase 3 de investigación, que han cumplido con todos los pasos avalados por la ciencia mundial, podrían autorizarse e iniciar la vacunación. Esa es la pauta descripta a partir de la cual recibiría autorización de la FDA de Estados Unidos, un organismo con parámetros científicos reconocidos. Comparto la siguiente información del New England Journal of Medicine, del 5 de noviembre: “el uso de una vacuna en investigación bajo emergencia no estaría sujeto a los requisitos habituales de consentimiento informado para las investigaciones clínicas, pero a los receptores se les proporcionará una hoja informativa que describa la naturaleza de investigación del producto, los beneficios y riesgos conocidos y potenciales, las alternativas disponibles y la opción de rechazar la vacunación”.

Y agrega el NEJ of Medicine: “Desde la perspectiva de la eficacia de la vacuna, será importante tener datos para evaluar si la protección mediada por respuestas tempranas (por ejemplo, la presencia de anticuerpos IgM e IgG, que alcanzan su punto máximo en las 2 a 4 semanas posteriores a la vacunación, o antes), ha comenzado a disminuir. Esta evaluación es particularmente relevante para las vacunas contra el coronavirus, porque la inmunidad natural a la infección por coronavirus es relativamente de corta duración. Por ello, 2 meses es el período de seguimiento más corto requerido para lograr cierta confianza”.

-O sea que es previsible que tenga efectos adversos…

S.E: Los efectos adversos neurológicos que se reportaron en la vacuna que trabaja la Universidad de Oxford también se reportaron en otras. Todas las vacunas tienen efectos adversos, sin ir más lejos, usamos la vacuna Sabin y en un pequeñísimo número de casos puede dar parálisis menor o parecia por un tiempo. Pero ha evitado que decenas de millones de personas se queden paralíticas y se mueran. Entonces, sí, las vacunas como casi todo, tienen efectos adversos. Lo esperable es que sean menores y que sirvan para la inmensa mayoría. Estos efectos, los de Oxford, eran no esperables. Fue un caso de mielitis Transversa y después se descubrió que la paciente tenía una patología neurológica previa sin diagnosticar: una esclerosis múltiple sin debut y en consecuencia, sin que ella lo supiera cuando participa de la prueba. Y la mielitis de la vacuna de Oxford puede ser por eso.

Por otro lado COVID-19 es un virus neurotóxico (por eso la gente se queda sin olfato y sin gusto, o hace accidentes cerebro-vasculares secundario a COVID).

La infección por COVID cuando se manifiesta plenamente es una infección grave con secuelas importantes tanto respiratorias como cardiológicas, y neurológicas por lo tanto ese caso que me refiero, la reacción podría ser la respuesta por la presencia de antígenos virales en un fenómeno autoinmune. Seguro que ha tenido otros efectos adversos y no sabemos aun. Ninguna vacuna es segura hasta que transcurre lo que en ciencia llamamos fase IV avanzada, es decir hasta que se usa a lo largo del tiempo, por lo menos cinco años. Pero por el método que se ha usado para hacerla, sabemos que las vacunas proteicas con Antígenos recombinantes, son vacunas que en la historia han resultado bastante seguras. Eso es lo que ocurre con la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya de Rusia, o con la vacuna china. Otras como la de Oxford usan virus atenuados, y a lo largo de la historia se han usado varias de ese tipo, como la Sabin, la de Fiebre Amarilla, que es un premio Nobel con participación argentina...que tiene algunos riesgos, claro, pero que han salvado muchas vidas. No todas las vacunas en investigación son lo mismo. Una vez que tengan aprobación, Argentina debe tratar de contar con varias vacunas para distintas poblaciones. Por ejemplo los inmunosuprimidos, en general, no se vacunan con vacunas a virus atenuados. Las embarazadas tampoco: ellas serían candidatos a las proteicas. En fin, es parte de la estrategia sanitaria para asegurar niveles correctos de inmunización y garantizar el acceso.

Hay una reflexión un poco dura, pero necesaria, a la que los médicos y más aún los sanitaristas estamos obligados a tener presente y recordar públicamente. El mundo no empieza y termina en ningún barrio de una ciudad argentina. Somos unos millones, tal vez 45 si se pudiera hacer el censo 2020. En el mundo somos 7700 millones. Pensar con el ombligo es, lo ha sido siempre, un peligroso razonamiento.

Nadie puede esperar 5 años cuando hay una pandemia: el mundo entero se frena y se para. No hablo del capitalismo, no estoy analizando quién se apropia de qué y a qué tasas de beneficio. Los contagios no eligen: se para el mundo y aunque nos cueste ver la foto ‘en grande’, y creamos que al pararse la producción lo que cae es el capital, debo decir que quien primero cae es una inmensa masa de miles de millones de subsumidos que no solo se quedan sin trabajo, sino que literalmente se quedan sin qué comer. Porque una pandemia mundial fuera de control para todo, y eso no es siquiera imaginable en términos reales. Así que cuando hay una emergencia sanitaria nos pone ante esta encrucijada: si se pudiera, habría que esperar 5 años para que las vacunas tengan el tiempo ideal de prueba. En estas circunstancias y con los estudios prolijos que detallé, hay que avanzar ahora en la vacunación.



-Hay quienes objetan la vacuna porque es un ‘invento para que los laboratorios ganen fortunas’

S.E: Los Big Pharma hace mucho que ganan fortunas, ya describí algunas cifras. Y esto remite a lo que ya dije: lo pagamos con creces porque no hay dinero invertido, nunca, en el desarrollo de una industria nacional que aporte buenos medicamentos, que sean seguros, en pos del bienestar de la humanidad. La producción pública de medicamentos ha tenido y tiene muchos militantes desde hace décadas, y eso sí nos permitiría tener una política sanitaria coherente, segura, sin que estuviera en discusión estos negocios multimillonarios. Es una canallada, pero así es la industria.

El antibiótico que se toma cuando uno tiene anginas es producto de un desarrollo que lo pagamos con creces, y que es solo interés comercial. Sin dudas. Pero el problema no es el antibiótico que tomamos cuando tenemos anginas, y en este caso el problema no es la necesidad de la vacuna. El problema es el mercado de eso, porque si eso estuviera afuera de la lógica capitalista y del mercadeo (y no estoy pretendiendo imaginar que todo surge de la nada y que investigarlo y producirlo sea gratis, porque la gente trabaja y cobra sueldo por trabajar), tendríamos que tener medicamentos muy baratos. Pero el poder mundial de los laboratorios (perdón la insistencia pero estamos hablando de un sexteto de empresas que solo en EE.UU. valen más de 900.000 millones de dólares) tumba gobiernos, y así fue como cayó Illia, y como cayó Oñativia por intentarlo.

Argentina debe contar y creo que contará con varias vacunas. Una rusa, una china, la de Pfizer, etc. Cada vacuna tiene sus ventajas y desventajas. Y además en Argentina hay cinco desarrollos de vacunas contra COVID, pero están en etapa temprana, fases preclínicas porque iniciaron su desarrollo durante la pandemia, y quizás en el futuro contemos también con vacunas 100% nacionales.



-¿Tratamientos alternativos?

S.E: Tratamientos para COVID19 no hay, excepto la dexametasona que es la única droga que hademostrado que disminuye la enfermedad y salva vidas, y sale ‘dos pesos’, y que tiene más de 50 años de antigüedad. También la heparina para el sindrome inflamatorio, que evita la coagulación, y el ácido acetil-salicílico. Todo lo demás no mostró nada. Remdesivir no mostró nada, y ni siquiera voy a hablar del dióxido de cloro porque eso no es una medicación. Tampoco mostró nada el Ibuprofeno inhalado ni la ivermectina (aún). Tampoco la hidrocloxicloroquina, ni los antivirales. No hay tratamiento que haya mostrado nada, es decir, no curan. Y eso es parte del problema y de los debates y de lo que hacen circular por las redes sociales.

El suero humano hiper-inmune es tratamiento que nace en Argentina por la experiencia que tiene nuestro país por la Fiebre Hemorrágica argentina, que es también el único tratamiento en fase aguda. Hay que decir que el Protocolo que se armó en esta emergencia sanitaria hace que el suero humano hiper-inmune se dé en una etapa tardía: está mal hecho el Protocolo. Y algunos dudamos de si este error ha sido inocente, porque a cambio se pone ahora el suero de laboratorio hiper-inmune equino. Ese suero tiene cierta efectividad para bajar la posibilidad de progresión en formas graves de la infección, y tiene efectos adversos porque es un suero que viene de los caballos y puede dar reacciones alérgicas severas. Se están replicando otras mezclas, en el mundo, de anticuerpos. Una de esas mezclas es la que recibió Donald Trump. Todavía es temprano para evaluar cuál es su performance.

Tal vez la mayor polémica instalada por unos personajes impresentables esté en relación al dióxido de cloro: es una sustancia bien conocida, desinfectante, pariente de la lavandina, no tiene acción terapéutica y es tóxico para el organismo. No es cierto que ‘no se sabe’. Sí se sabe, está documentado, y no han hecho un solo ensayo clínico en condiciones controladas. No puede recetarse ni aconsejarse nada de eso. Es más, el dióxido de cloro es un desinfectante bastante viejo, y no debe ingerirse, como a nadie se le ocurriría ingerir lavandina, como sugirió Trump...y hubo muertos, etc. etc. No me consta que en Bolivia haya curado a nadie. Conozco el caso del niño que falleció por dióxido de cloro, porque nos llamaron. Efectivamente, lo ingirió y se murió. Y no es el único. Así que se cerró la discusión. Aunque tal vez los mercaderes lo estén vendiendo diluido, y no sirva para nada, y tampoco dañe...Para mí es equivalente a que dijeran que si tomás petróleo te ayuda. Está fuera del horizonte científico y médico. Quiero ver todos los ensayos, todos los pasos, todas las estadísticas, las comparaciones, los grupos que están bajo ensayo y los grupos de control con placebo, quiero ver la curva de evolución: e-vi-den-cia. Lo demás ni está en mi consideración, y no creo que deba autorizarse bajo ninguna clase de excepción.

Hay toda una mente conspirativa que dice que se prohíbe porque favorece a los grandes laboratorios. Por la inversa, lo que sí se demostró es que con dosis altas, es tóxico y/o mortal. Eso sí está más que demostrado. ¡Si sirviera, si hubiese mostrado alguna evidencia ya estaría en manos de algún laboratorio! ¿O creen que la industria es tonta y se perdería eso?

-Pero en el principio de todo, vuelve a estar aquello de las patentes, la soberanía, y en una sociedad del conocimiento, de quiénes son y a quiénes benefician esos conocimientos

S.E: Si vinculamos los regímenes de propiedad intelectual con el derecho a la salud, la propiedad intelectual es un producto social y tiene una función social. Los Estados tienen el deber de impedir que se impongan costos irrazonablemente elevados para el acceso a medicamentos esenciales, que menoscaben el derecho de grandes segmentos de la población a la salud. También deben impedir el uso de los avances científicos y técnicos para fines contrarios a la dignidad y los derechos humanos, lo que sucede si se excluye de la patentabilidad los inventos cuya comercialización pueda poner en peligro el pleno ejercicio de esos derechos. En consecuencia, los medicamentos esenciales como elemento fundamental del derecho a la salud, no deberían patentarse.

Las grandes empresas farmacéuticas realizan esfuerzos enormes e inescrupulosos de lobbying para asegurarse la protección de la patente para medicamentos COVID-19 y posibles vacunas, sobre la base de la tradicional e indefendible responsabilidad inasible del mercado, como dios supremo. Sólo en 2014 gastaron en publicidad casi 4600 millones de dólares. No puedo imaginar cuánto en lobby en el Congreso de EE.UU.

A medida que el velo comienza a levantarse sobre los impactos de la pandemia de COVID-19, en comparación con nuestra comprensión inicial muy limitada, también estamos aprendiendo cómo las empresas farmacéuticas y sus lobistas ven en este desastre una oportunidad de oro.

Lo que Argentina haga de aquí en adelante, como el comprobable esfuerzo e inversión en recomponer, fortalecer y armar una estructura sanitaria que estaba en el sótano, ya dejó de ser un asunto solo de expertos. Es político, y si es político nos incumbe a todos. La pandemia lo tenía tapado y lo puso delante de las narices.

Dado que mi trabajo permanente es en la zona del AMBA debo reconocer que la provincia de Buenos Aires invirtió mucho dinero en camas, en respiradores...y el gobierno de CABA no invirtió un peso: no puso una cama más.

¿De qué depende enfermarse? La realidad es que hay flora, o sea, parte del bioma, que es totalmente natural y sin eso no viviríamos. La entrada de algo siempre es aleatoria, siempre es accidental, y no tiene sentido biológico. Son los patógenos que sufrimos. Lo que tiene sentido biológico está dentro nuestro, ya está, es parte de nuestra especie. Cuando entra algo de afuera que no conocemos siempre es ‘patógeno’, nunca puede hacernos bien, porque nos ataca y el organismo se defiende porque no lo conoce y no lo puede dejar hacer lo que quiere. Por eso siempre es aleatorio, accidental, y no tiene sentido biológico. Los seres vivos, todos, luchan por su supervivencia: las bacterias y los virus también.

Porque contagiarse no implica enfermarse. Eso depende de las características personales y de la respuesta de cada uno ante el virus. Hay muchas cosas de este virus que todavía no sabemos. En principio es un dato concreto que los pobres se murieron más, que en mayor proporción son quienes fueron internados porque ya vienen peor, su vida ya es peor, con peor nutrición y alimentación en general, porque viven en lugares hacinados...Por ejemplo la población que recibió el Hospital Argerich en CABA es toda población muy humilde. Los sectores más ricos tienen otros elementos. Vienen mejor, viven mejor, se pueden aislar y reciben mejores cuidados. Aun así, las variables para enfermarse de forma grave o no, depende de muchas cosas. Digamos: a los pobres les va peor como siempre, y esta vez es una más. Pero cierta necedad de sectores ricos que creen que no les va a afectar o que no será grave en su caso, es una completa insensatez.



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