EL NUEVO TRIGO ARGENTINO ENVENENADO: ¿ENTRA EN ESCENA EL TRIGO HB4?

El ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a cargo de Julián Domínguez, autorizó el 12.5.2022 la liberación comercial del Organismo Vegetal Genéticamente Modificado trigo (Hb4).

El #TrigoHb4 tiene tolerancia a la sequía y al glufosinato de amonio, un químico cuyo riesgo es catalogado por SENASA como de banda azul (15 veces más tóxico que el glifosato, catalogado banda verde).

El Colectivo Trigo Limpio, integrado por científicos, profesores, técnicos y referentes ambientales acaba de solicitar al Gobierno Nacional la derogación, y explica por qué.

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* Este trigo HB4IND-ØØ412-7 es un nuevo recurso tecnocientífico que se promociona como una solución combinada al problema de la sequía y del hambre, pero que al expandir un modelo de agricultura extractivista, es probable que solo sirva para profundizar ambas problemáticas, particularmente dentro de nuestro propio país.

* Negar la catástrofe de la tala de bosques chaqueños, que arrasó y arrasa con sus pobladores y con la biodiversidad por la avidez del rendimiento económico del agronegocio, solo puede hacerse a expensas de creer que puede haber desarrollo cobrando retenciones e impuestos por lo que ese modelo genera.

* En Argentina, desde la autorización de la soja RR en 1996 hasta la primera variedad de trigo transgénico del mundo aprobada en 2020, se autorizaron 62 eventos transgénicos. Al cabo de más de 25 años de su instalación y constante expansión, los impactos del modelo sojero están a la vista.

* Las bondades de la siembra directa para la conservación de los suelos se derrumbaron con la introducción del barbecho químico a base de glifosato. Surgieron sucesivas evidencias de deterioro en los agroecosistemas y en la salud -detectadas y denunciadas por pueblos fumigados-, e ilustradas por los resultados de innumerables investigaciones científicas.

* Tras un cuarto de siglo del ‘modelo sojero’, la promesa de crecimiento y bienestar se da de patadas con el crecimiento estructural de la pobreza y la indigencia, los bajos salarios asociados a la reprimarización de nuestra economía y el aumento de la dependencia económica.

* En Argentina, cincuenta de las autorizaciones de eventos transgénicos que hicieron los funcionarios de Agricultura fueron diseñados para ser tolerantes a agrotóxicos. La mayoría fue solicitada por 9 corporaciones transnacionales, lideradas por Monsanto-Bayer que es responsable de 25 de estas variedades transgénicas.

* El actual gobierno nacional, así como la anterior gestión, y las anteriores desde los años ’90, decide seguir expandiendo un modelo agroexportador que multiplica la batería de agrotóxicos que ya se utilizan: herbicidas, insecticidas y fungicidas. En este caso, al sumar la aprobación del trigo y la soja Hb4, habilitan formalmente el uso del glufosinato de amonio.

* Diversos funcionarios e investigadores afirmaron desde la primera instancia en 2020 que los transgenes que otorgan tolerancia al glufosinato de amonio a este evento eran sólo marcadores residuales de la técnica empleada para introducir la tolerancia a la sequía. Aseguraban que el glufosinato no se utilizaría en los cultivos, pero resulta indudable que esto no se corresponde con los términos de la aprobación ni con la política de comercialización de la empresa Bioceres, tal como puede verse en propagandas y capacitaciones de ellos mismos en la web: el ‘paquete tecnológico’ tanto para soja como para trigo HB4 incluye este veneno. Aquí puede verse en este video a partir del minuto 3.05 https://youtu.be/Jp2fBFJCVJE

* Muchas de las empresas semilleras que producen variedades transgénicas, sobre todo las cuatro más grandes del mercado global (denominadas “Big 4”), también producen y comercializan herbicidas, multiplicando así sus ganancias al hacer crecer la dependencia en los productores al imponer el paquete tecnológico.

* La tecnología de eventos apilados, como en la mayoría de los paquetes de la agricultura transgénica, constituyen una “estrategia de negocios” para la venta siempre creciente de herbicidas y otros agrotóxicos, sin tomar en cuenta los daños que provocan en la salud y el ambiente.

Rajan Gajaría, el CEO de Corteva Agriscience, la empresa hija de Dow, DuPont y Pioneer, afirmó durante la Cumbre de Innovación en Formulación de China 2020 “No tenemos una estrategia de sostenibilidad, tenemos un negocio que es sostenible”.

* En el caso del glufosinato de amonio, Tianyu Dong (2020) demostró que la exposición a este herbicida durante el periodo prenatal genera una actividad locomotora reducida, produciendo un deterioro en los mecanismos de la memoria y comportamientos análogos al autismo en modelos experimentales de mamíferos.

* Otra investigación de relevancia del año 2018, publicada en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, encuentra que el glufosinato de amonio altera la calidad (morfología, movilidad) y el ADN de los espermatozoides de mamíferos.

* Las políticas públicas relacionadas con esta problemática dan lugar a pensar que el Estado Nacional abandona la responsabilidad constitucional indelegable de resguardar al conjunto de la población para proteger los intereses de las corporaciones, particularmente al grupo Bioceres y su empresa de servicios de investigación y desarrollo Indear, a quienes el ex ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, entre otros funcionarios, consideran “un orgullo de la ciencia nacional”.

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El temor de la cadena triguera a que se derrumbe el negocio exportador estalló el mismo día en que se conoció la aprobación. El principal destino del trigo argentino es Brasil, y en ese país este trigo HB4 no está aprobado. En caso de que se contaminaran los embarques, el país vecino bloquearía todos los ingresos.

Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales, declaró que tanto ellos como los acopiadores analizan hacer una presentación judicial para intentar neutralizar la resolución del Ministerio de Agricultura. “Vamos a reforzar los controles: no se aceptarán granos de trigo con presencia HB4 en ningún camión destinado a la exportación”.

Como consigna el sitio Bichos de Campo, eso implica una generalización de los controles en los puertos sobre los camiones que ingresen con trigo, un procedimiento que consume tiempo y recursos, a razón de 18 mil pesos cada análisis genético (PCR) por camión sospechado.

Leonardo Melgarejo, ingeniero agrónomo del Centro Ecológico Ipé de Brasil había señalado que el peso hectolítricoi del trigo argentino es muy superior al brasileño: es una harina de mejor calidad, pero si viene envenenada, pierde esa condición. No se entiende por qué la empresa Bioceres armó esa trampa para Argentina, y para Brasil. El propio representante de Bioceres en Brasil mintió cuando dijo que no se usa el glufosinato de amonio.

Y los empresarios de la Asociación Brasileña de la Industria de panificados y sus similares, están en contra, porque los consumidores los rechazan: en Brasil los productos transgénicos son rotulados, y eso es visible con una T, y la gente lo decide, como subraya Naira Bitencourt, también de Brasil, integrante de la Articulación Nacional de agroecología.



CÓMO SE LLEGA HASTA ACÁ

La Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria – CONABIA es la que aprueba los Organismos Genéticamente Modificados – OVGM.

Carla Poth, docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento -UNGS, e integrante de la Multisectorial contra el Agronegocio, explica:

El agronegocio, para su inserción global, precisa disfrazar las decisiones políticas bajo el velo de la ‘neutralidad científica’ que legitima a través del sistema científico y tecnológico. Y bloquean que los directamente interesados en las implicancias que puedan tener sobre sus vidas los organismos genéticamente modificados, tengan participación en la CONABIA. La ciencia es el ‘juez’ que dirime el conflicto de intereses, pero sin duda lo que está haciendo es imponer intereses específicos.

La Comisión llegó a tener 52 integrantes, pero con apenas 5 se puede aprobar. Hay una relación directa entre el crecimiento del total de integrantes y el sector de Ciencia y Tecnología por sobre los representantes del sector Público. O sea, el ‘saber científico’ como instancia de legitimación, que anula -vía la supuesta neutralidad y legitimidad- el factor político.

A partir de 2012, el sistema de Ciencia y Tecnología ha ocupado cada vez más ese rol, seguido por el sector Privado, y con apenas un 25% de decisores de lo Público. Todo esto ha tenido una clara consecuencia: entre 1998 y 2004 se liberaron 7 organismos genéticamente modificados, entre 2005 y 2008 se liberaron 4, pero entre 2009 y 2012 se multiplicaron hasta llegar a 15 liberaciones de OGM. Fueron 14 en el período 2013 a 2016, y ya en 2017 hasta 2020 se liberaron 21.

¿Quiénes integran la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria? Llamativamente, hay poca renovación. Y la enorme mayoría se ha formado en las universidades públicas, pero representan lógicas del sector empresario, o lo que muchas veces ya se ha hablado, la ‘puerta giratoria’.

La CONABIA la componen la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Agronomía por la UBA, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral, la UNSAM y el CONICET. Y de los lugares de formación privado la UCA -Universidad Católica, la Chacra Experimental Obispo Colombres, y la Chacra Experimental Agrícola Santa Rosa.

Se trata de Investigadores que participan del sistema científico público pero que también se van a investigar a las empresas, y al mismo tiempo adquieren acciones en esas empresas, aparecen luego en espacios regulatorios -como la CONABIA-, y en esa lógica van restituyendo los intereses empresarios, obviamente. Y lo que es peor, van formando a los nuevos estudiantes en esa misma lógica empresarial de propiedad privada del conocimiento, la necesidad de generar un conocimiento que no es concebido como público sino como mercancía, la necesidad de controlar la dinámica de las semillas. A ellos les cabe la responsabilidad de avalar estudios de impacto ambiental mal realizados, en nombre de las Universidades nacionales.

Por el contrario, mientras que las Universidades nacionales se hacen cargo y le ponen el sello a estas opiniones-sentencias, a los investigadores que disienten o tienen conclusiones contrapuestas, esas mismas universidades no los avalan, y los científicos deben publicar como ‘equipos de investigación’. Eso es exactamente lo que le pasó a Andrés Carrasco, que no pudo hablar por el CONICET. Lo obligaron a firmar como equipo de investigación y como investigador particular.

¡No firma el ‘equipo de bioeconomía’ de la FAUBA: está la Facultad de Agronomía como tal!

En síntesis, ese es un espacio fundamental para dar la disputa, porque son los espacios de producción de conocimiento público. Debemos exigir a las Universidades estatales que expliquen cómo se toman esas decisiones para que alguien vaya a la CONABIA a definir qué es lo que se va a hacer con los transgénicos, que digan cómo se eligen a esos representantes de la Universidad pública, por qué no se debate dentro de las universidades las implicancias políticas de los transgénicos en nuestro modelo de producción.

En concreto, estamos no perdiendo la batalla hacia el interior de la CONABIA sino hacia adentro de la universidad pública que debe formar sus recursos al margen de los intereses mercantiles de las empresas.

En términos de proyecto político, esto no solo supone exportar commodities, sino el desarrollo de biotecnología, que es la principal apuesta de los últimos años. Desarrollo científico-tecnológico nacional asociado a la producción de OGM”.

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En el mismo sentido, Cecilia Gárgano, doctora en Historia de la UBA – UNSAM e investigadora de las implicancias de los modelos agrícolas, se pregunta por qué en Argentina el trigo HB4 fue presentado como un ‘logro’ científico nacional.

“Se han hecho en ámbitos estatales -el CONICET, la UNL-, en convenio con Bioceres, una empresa de capitales nacionales, entonces pareciera que si la producción transgénica, intensiva en agrotóxicos no la hace Monsanto y la hace una empresa ‘nacional’, los problemas socio ambientales desaparecen…

Por supuesto no es así, porque este tipo de agricultura se basa fuertemente en los conocimientos científicos y tecnológicos, y cuando hoy llegamos al trigo HB4 es porque venimos de una trayectoria que arranca en la década del ’90. Una operatoria de convenios entre empresas privadas y ámbitos estatales, que es bueno recordar, arranca aquí en 1987 como parte de la oleada de privatización del conocimiento, que ahora se ha intensificado.

Estos convenios, que no casualmente se denominan de ‘cooperación público-privada’ tergiversan un concepto fundamental. Es ‘estatal-privada’, no pública, porque es el Estado el que garantiza las rentas privadas. Una ciencia privatizada que omite algunas voces de la sociedad civil, pero no todas, porque es visible que las principales corporaciones agropecuarias tienen voz y voto en los organismos de investigación estatal, así como tienen voz y voto en las universidades y en los ámbitos regulatorios.

El campo que sufre los embates de este modelo exclusivo, no tiene ni voz ni voto.

No cuesta imaginar que si esas otras voces no son escuchadas, tampoco lo son los enfoques críticos de las comunidades ni de otras ciencias. Del año 1996 a esta parte, el daño territorial, social, sanitario es inocultable. Basta ver el desastre comprobado en 2021 en Lobos, provincia de Buenos Aires, uno de los principales nodos sojeros, y donde se hallaron 11 plaguicidas en el agua, con valores incluso 45 veces lo permitido según normas de la Comisión Europeai.

La mercantilización del conocimiento generado con fondos estatales, las investigaciones dirigidas a la producción semillera, al mejoramiento de las semillas, han sido pioneras y han tenido un lugar fundamental que no puede sorprendernos.

Estos cultivos modificados son siempre intensivos en el uso de agrotóxicos.

Se los presenta como eficaces y seguros, contando una historia amable que ‘desde los orígenes de la agricultura la humanidad’ ha sido capaz de generar variedades, o haciendo referencia a las décadas de las revolución verde, y que entonces ahora se van a lograr mejores rendimientos. Y por todo ello, no habría nada que temer.

Esa apropiación selectiva del pasado lo que omite, lo que borran, lo que no recuperan son las múltiples y numerosísimas experiencias que han puesto sobre la mesa los daños asociados a estas prácticas agrícolas hegemónicas. Y ahí cabalgan con las célebres frases tipo “esto va a acabar con el hambre”.

Es paradojal que la comunidad de Lobos haya tenido que juntar el dinero para pagarle a un organismo estatal para que haga los estudios (INTA Balcarce). Le reclaman a quienes se oponen a este modelo de agrotóxicos que brinden pruebas, y cuando las pruebas están la respuesta sobre qué estudios de impacto ambiental hicieron y harán para medir las nuevas variantes de OGM, las respuestas son más que difusas.

Eso para no hablar de los daños nutricionales o los daños sociales, que no son contemplados en los estudios de impacto; nunca miden qué significa esto en los procesos de concentración de la propiedad de la tierra y la expulsión de productores del campo.

A pesar de todo esto que ya sabemos, lo del trigo HB4 entraña una trampa fatal: se presenta como un evento que viene a contribuir al desarrollo nacional, que va a propiciar divisas para el CONICET, para la Universidad Nacional del Litoral, y para ‘el país’.

Cuando vemos cómo han operado esos convenios de participación tecnológica público-privada lo que se comprueba es que en las arcas estatales queda algo ínfimo en relación a las ganancias millonarias que se llevan las corporaciones, y eso si es una empresa nacional como Bioceres, no nos va a implicar ninguna mejora sustantiva en nuestra calidad de vida. Y lo que es peor, tapado por los supuestos beneficios para el país, aparece disociado el trigo HB4 del glifosinato de amonio, o los transgénicos en general disociados de los agrotóxicos, a la par de que en las agendas de investigación científica no haya investigación sobre los impactos socio-ambientales de lo que están investigando.

Para completar el cuadro, los poderes se encargan de desparramar que se trata de un ‘ambientalismo bobo’ o un ‘ambientalismo de panza llena’.

Estamos frente a una problemática de clase, al aumento de la desigualdad social en nuestro país, con 25 años de promesas de combate contra el hambre y del disquito de que estos desarrollos nos van a salvar de la pobreza, cuando los números de la pobreza son acuciantes.

Todo esto funciona en conjunto, y el agronegocio es desde hace décadas una política de Estado en la Argentina. No está separado lo uno de lo otro, ni la pobreza del modelo que se insiste en sostener. Por eso mismo cada día en los más diversos puntos se alzan las voces de la sociedad reiterando que el agronegocio no tiene licencia social.”

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Embajador argentino en BRASIL, junto al gobernador de Santa Fe Omar Perotti, en visita a Bioceres – mayo 2022

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EL RARO LOBBY EXPORTADOR DE TRANSGÉNICOS

Fernando Frank, ingeniero agrónomo e Integrante de Agro-culturas (Territorios y Soberanía Alimentar) subraya que todas las trasnacionales de semillas tienen su origen en la producción química.

“Esta no es cualquier concentración corporativa. Es la industria química, agrotóxica, apropiándose de la producción de semillas. Y Bioceres, en la práctica, es eso, y están muy felices de cotizar en Wall Street y de operar en un montón de países, y de ser una trasnacional, aunque sea chica.”

En abril de 2022, cuando China aprobó la compra de semillas de soja transgénicas HB4, las acciones de Bioceres en Wall Street se dispararoni


Crecimiento de la cotización de Bioceres en Wall Street – 1 de junio 2022

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, visitó en 2021 la planta de Bioceres junto al gobernador Omar Perotti. El 14 de mayo de 2022 volvió a Rosario y en la visita a la sede central de Bioceres (en el complejo que tienen el CONICET y la UNR) aseguró que la aprobación del trigo transgénico HB4 en Brasil es inminente.

Al respecto, desde Brasil, Naira Bitencourt, de la Campaña permanente Contra los Agrotóxicos y por la Vida, señala que como su país es signatario del Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología (que Argentina no ratificó), y que en ese Protocolo hay una serie de requisitos y procesos que deben respetarse para que un transgénico o un organismo genéticamente modificado sea aprobado en Brasil.

“Brasil tiene una legislación de 2005 -un tanto permisiva- que es la Ley de Bioseguridad, y hay un tratamiento diferente para aquello que se cultiva en el país y lo que se importa. Pero Bioceres y TMG (Tropical Melhoramiento & Genetica y Verdeca, un joint venture entre Arcadia Biosciences, Inc.i y Bioceres Crop Solutions Corp) no han dejado claro si es para el cultivo o para la importación directa de grano o harina desde Argentina.

Eso, por ley, obliga a pedirle a la empresa que especifique el porqué del pedido. Es imperioso que se cumplan los estudios de riesgos en todos los biomas brasileños que son por lo menos cinco, y deben hacerse estudios en cada uno de ellos, y también los movimientos transfronterizos.

En la Audiencia Pública de 2020 hubo dos puntos controversiales: uno de ellos es que no estuvieron presentes los Defensores de los Consumidores, y tampoco se debatió la implicancia del glufosinato de amonio porque el representante de Bioceres y TMG mintió. Y el presidente de la Comisión Nacional no lo corrigió. Por eso es que pedimos la invalidación de la audiencia.”

Esa nueva audiencia que tanto entusiasma a Scioli se realiza el 9 de junio.

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Firmantes del Protocolo de Cartagena que Brasil ratificó y Argentina no

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Fernando Frank, sostiene que “la empresa no tiene problema alguno en mentirle al pueblo argentino, porque lo que le interesa es vender su semilla”, y apunta duro contra la CONABIA.

“En 2016 dio dictamen favorable para este trigo. Y sería fundamental que cada institución que forma parte de la Comisión Nacional debata qué hace su representante, y esto va para el SENASA, el INTA, los ministerios de Salud, de Medio Ambiente, para cada una de las Universidades que participa, y para el CONICET, y que se transparente a este organismo oscurantista que es la CONABIA, que se presenta como ‘Comisión Asesora’, cuando en la realidad es un espacio de decisión.

El Estado lo que hace es refrendar las decisiones de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria. O sea que la pre-aprobación que firmó el gobierno de Alberto Fernández es una más de la lista.

Tal vez haya quienes piensen que el riesgo es que ‘desde ahora’ los trigos tengan agrotóxicos. Para quienes no lo sepan, los cultivos ya desde la revolución verde de los años 60 y 70, en la que se basaron los monocultivos en Argentina, hay un abuso tanto de fertilizantes como de herbicidas y otro tipo de agrotóxicos.

Por si había dudas, en Brasil analizaron galletitas de la empresa ARCOR y contienen restos de herbicidasi. O sea, que estamos ante un problema alimentario y sanitario bastante más grande, por todas las desprolijidades que se vienen haciendo.

La operatoria en las sombras de CONABIA es equivalente a lo que hace el SENASA con los agrotóxicos. El Servicio Nacional de Sanidad Animal los aprueba en base a los estudios de las propias empresas: no podemos saber qué es lo que estudian, y cuando lo sabemos vemos que es un debate pobre, sesgado y funcional a los intereses de las empresas.

En los campos no hay ningún tipo de registro de uso de agrotóxicos, de su trazabilidad, de la trazabilidad de los envases -que ocurre solo en algunas provincias-. Lo único que tenemos es la cifra de lo que facturan las empresas y no sabemos cuánto se aplican, y cuánto se está consumiendo. Y cuando se sabe algo, venimos a comprobar que el uso de herbicidas se multiplicó por más de 15 veces. También en esto Argentina es un campo de experimentación, en el peor de todos los sentidos.

Bioceres dice haber sembrado 6 mil hectáreas con estas semillas. No sabemos cuánto cosecharon, pero a partir de esto tienen la capacidad de sembrar mucho más, 15 veces más. Pero lo cierto es que ni siquiera se sabe dónde lo han sembrado, el descontrol es brutal.

Esto no puede menos que tener, como contracara, que Bioceres está operando para que la Ley de Semillas prohíba al agricultor usar sus semillas, que es la principal bandera de defensa de lo que queda de la biodiversidad agrícola. El lobby que hace Bioceres tiene a varios funcionarios de la mano.”

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Por su parte, Mauricio Berger que también participó del conversatorio de la ONG ‘Naturaleza de Derechos’, apunta a la Cancillería argentina.

Berger, que es Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Investigador Adjunto del CONICET y Profesor Adjunto con sede en el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la Universidad de Córdoba, insiste en que «además de la CONABIA y el SENASA, hay que poner la mirada en la Dirección de Mercados Agrícolas».

«Cada vez que se ha rechazado un evento, ha sido por una cuestión comercial, no por su impacto ambiental.

Es imprescindible recordar que la ‘revolución productiva’ que prometió Menem a comienzos de los ’90 ha sido agro-bio-tecnológica y los gobiernos la han mantenido y reforzado. Y se han encargado de que toda la estructura institucional para garantizar ese modelo siga en pie.

Desde Felipe Solá que le puso la firma en 1996 a la soja transgénica hasta hoy. Argentina hace un despliegue internacional de este modelo, a través de la Cancillería.

La Dirección de Asuntos Ambientales de nuestro país trabaja articuladamente con la Secretaría Argentina de la Organización Mundial de Comercio, que está en Cancillería, por lo cual se ve la clara posición hacia el libre comercio de commodities agrícolas, y en consonancia con la OMC y la OCDE eliminar todo obstáculo para-arancelario, que no es otra cosa que las regulaciones ambientales y sanitarias.

Eso es lo que se llevó a la Cumbre de Sistemas Agroalimentarios que se desarrolló en Nueva York en septiembre de 2021, y de la que participaron 130 países.

Dicho esto, si está frenada la exportación de este transgénico, el trigo HB4, no tiene que ver con proteger ningún otro bioma, sino con el riesgo de que dejen de comprar el trigo que ya se vende.

Argentina, y lo reconoce en su informe lapidario de 2020 la Auditoría General de la Nación, tiene un déficit en la protección y conservación de recursos genéticos porque no hay línea de base para estimar cuáles y cuántos son los recursos disponibles, y estimar ahí el impacto ambiental verdadero de esta expansión sin límite ni cupos de la agricultura transgénica.

No hay un estudio sobre los agroecosistemas y las prácticas agronómicas corrientes, y se elude admitir que tenemos una diversidad de biomas en la Argentina, no uno solo, por lo cual el impacto no puede ser igual en un agro-ecosistema que en otro, o que es lo mismo.

Esto tiene un agravante de peso: la Auditoria General de la Nación, además de los movimientos y los luchadores, da cuenta de que la CONABIA no realiza análisis experimentales, ¡no hay laboratorios propios! Entonces la Comisión que debe definir el destino y las implicancias de los transgénicos hace su evaluación en base a una revisión de literatura que muchas veces viene incluida en el dossier que proponen las mismas empresas, y otras veces en base a la experiencia de este grupo de científicos y biotecnólogos que integran la CONABIA.

En resumen: no hay laboratorios, no hay estudios experimentales, y en la liberación al campo y al ambiente es donde aparecen todos estos problemas y todas estas modificaciones ‘no esperadas’ en la expresión de los genes de los eventos que se presentan a revisión.

De esa complejidad ambiental de la que nos ocupamos y nos preocupamos, es de la que la CONABIA ni se entera.«

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Bibliografía y enlaces consultados por Colectivo Trigo Limpio

Aizen M. 2021. Deforestación en el Gran Chaco: la bomba de carbono que el mundo ignora. Mongabay, Periodismo independiente ambiental en Latinoamérica.

Schmidt, M., Toledo López, V., Tobías, M., Grinberg, E., Merlinsky, G. – Conflictividad socio-ambiental por uso de agroquímicos en Salta, Santiago del Estero y Santa Fe, Argentina. Cien Saude Colet [periódico na internet] (2021/Mar). [Citado en 26/05/2022]. Está disponible en: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/conflictividad-socioambiental-por-uso-de-agroquimico s-en-salta-santiago-del-estero-y-santa-fe-argentina/17986?id=17986

Schmidt, M., y V. Toledo López. «Agronegocio, Impactos Ambientales y Conflictos por el uso de Agroquímicos en el Norte Argentino». Revista Kavilando, Vol. 10, n.º 1, Feb. 2018, pp. 162-79, https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/218.

Angelsen, A. & Kaimowitz, D. (eds.). 2001. Agricultural Technologies and Tropical Deforestation. CABI Publishing, Wallingford, UK

ArgenBio©, 2022. Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología. Cultivos transgénicos aprobados en Argentina. www.argenbio.org/cultivos-transgenicos (Consultado 30 abril 2022).

Dong, T., Guan, Q., Hu, W., Zhang, M., Zhang, Y., Chen, M. & Xia, Y. (2020). Prenatal exposure to glufosinate ammonium disturbs gut microbiome and induces behavioral abnormalities in mice. Journal of Hazardous Materials, 389, 122152.

Grau H. R., Aide T. M. & Gasparri N. I. 2005. Globalization and Soybean Expansion into Semiarid Ecosystems of Argentina. AMBIO: A Journal of the Human Environment 34(3), 265-266, (1 May 2005). https://doi.org/10.1579/0044-7447-34.3.265

MAGyP, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, (consultado Mayo 2022) https://www.argentina.gob.ar/agricultura/alimentos-y-bioeconomia/ogm-vegetal-eventos-con-autorizacion-comercial

Pilacinski W, Crawford A, Downey R, Harvey B, Huber S, Hunst P, Lahman LK, MacIntosh S, Pohl M, Rickard C, Tagliani L & Weber N. 2011- Plants with genetically modified events combined by conventional breeding: an assessment of the need for additional regulatory data. Food Chem Toxicol. Jan;49(1):1-7. doi: 10.1016/j.fct.2010.11.004.

Siyum, Z.G. 2020. Tropical dry forest dynamics in the context of climate change: syntheses of drivers, gaps, and management perspectives. Ecol Process 9, 25 https://doi.org/10.1186/s13717-020-00229-6

Sly MJH (2017) The Argentine portion of the soybean commodity chain. Palgrave Communications. 3:17095 doi: 10.1057/palcomms.2017.95.

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Referencias

i Peso hectólitro es el peso de una masa de granos que ocupa el volumen de 100 litros. Por ser el hectólitro un volumen muy grande, en el laboratorio se determina utilizando un recipiente de 1 litro. El cereal se coloca hasta el enrase del envase previamente tarado y se pesa. https://www.fundacionfedna.org/tecnicas_de_analisis/peso-espec%C3%ADfico-peso-hectolitro

ii https://www.eldiarioar.com/sociedad/lobos-justicia-le-ordena-municipio-entregar-bidones-contaminacion-agua_1_8178833.html

iii https://www.batimes.com.ar/news/economy/bioceres-soars-as-china-approves-drought-resistant-hb4-soy-seeds.phtml

iv Cotizan en Wall Street (Nasdaq: RKDA) y Bioceres Crop Solutions Corp. (NYSE American: BIOX) – ver https://www.infocampo.com.ar/tmg-y-verdeca-reciben-la-aprobacion-para-comercializar-soja-tolerante-a-la-sequia-hb4-en-brasil/ )

v https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/analise-encontra-agrotoxicos-em-alimentos-ultraprocessados-como-salgadinhos-e-biscoitos.shtml


El material que publica la revista web www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis pertenece al Colectivo Editorial Crisis Asociación Civil. Los contenidos pueden reproducirse, sin edición ni modificación, y citando la fuente.

2 comentarios

  1. “De frente a la economía
    Quien piensa en ecología,
    Si el dólar es verde y más fuerte
    Que el verde q había…”
    Erasmo Carlos
    Canción popular “El Año Pasado” Roberto Carlos comienzos de los ‘80

    1. Gracias Gabriel por la lectura y divulgación. Creemos que todo siempre no fue como lo vemos hoy en el planeta, y que las consecuencias de estas sequías no son un castigo divino…

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