SUDÁFRICA: PLATINO MANCHADO CON SANGRE

Sudáfrica está a la vuelta de la esquina. No hay un país más cercano en el continente africano en línea recta volando desde Argentina. Desde Buenos Aires a Cape Town hay la misma distancia que ir a Bogotá, en Colombia.

Pero no sabemos nada de ellos. Tal vez ellos no sepan nada de nosotros.

En octubre 2015 salió una estadística apabullante: Sudáfrica es un ‘país en estado de guerra’. Hay 49 asesinatos por día. Un total de 17.805 entre abril 2014 y marzo de 2015. Cifras oficiales que no se modificaron un ápice en el segundo semestre 2015. En ese país viven 54 millones de personas. El gobierno asegura que la cantidad de crímenes disminuyó en la última década. El record ‘positivo’ en la cantidad de crímenes (en 2011-2012) se ubicó en 15.554. No son muchos menos…

El país cuenta con 194 mil policías y un considerable arsenal tecnológico para ‘prevenir el crimen’. Los robos encabezan la lista de delitos aunque el ministro de la Policía Nathi Nhleko cree que el problema principal está en las propias comunidades, en los barrios. Observadores políticos sostienen que la supuesta caída en la cantidad de delitos sexuales, asaltos y robo de autos se debe a que como no se confía en la policía, directamente no se hace la denuncia. Se denunciaron 50 mil casos de violaciones o de violencia contra la mujer. Serían muchos más, pero no se denuncian.

La pregunta es recurrente. ¿Qué es violencia social? ¿Quién ejerce la violencia social? Y como el perro que se muerde la cola, la violencia social aparece de la mano del poder estatal, de los dueños de la economía y de los principales resortes del desarrollo del país.

Dicho así, la utopía democrática de las mayorías, que fueron violentados en todos y cada uno de sus derechos por la minoría blanca durante décadas, y que ahora tienen ese gobierno de mayoría negra que se (pre)supone hace mejor las cosas, no se entiende. No se entiende el mito Mandela, no se entiende la increíble lucha del Congreso Nacional Africano, no se entienden las guerrillas de liberación. Porque todo ese dignísimo pasado no está en el presente. Sencillamente Sudáfrica vive una injusticia social evidente, y para frustración de muchos bienintencionados, son los “ex” los que se aliaron al verdadero poder (blanco y extranjero, o ambos) y llevan adelante este proyecto.

Sudáfrica tiene 4/5 del total mundial de reservas de platino. Ese tesoro ya puede explicar las garras que pretenden sacar provecho. Como en -casi- todos los otros proyectos mineros del mundo, con la baja de los precios de los commodities, los inversores ajustan por salario o recortando otros beneficios si es que los había. Y los trabajadores pujan por obtener algunos beneficios o por una leve mejora en sus salarios. De manual.

Jack Shenker es un periodista británico residente en Londres y El Cairo. Fue corresponsal del periódico The Guardian en Egipto y su trabajo abarca la cobertura de numerosos conflictos políticos y económicos en el mundo.

En 2014, con la ayuda del Pulitzer Center on Crisis Reporting, y junto al fotógrafo Jason Larkin viajaron a Marikana, Sudáfrica donde ocurrió una tremenda masacre de mineros. Shenker y Larkin exploran los nexos entre el poder corporativo, las resistencias sociales y la violencia estatal en la era del post-Apartheid. Ambos profesionales ceden a purochamuyo.com/Cuadernos de Crisis, su serie de artículos donde desentrañan algo de toda esa “nube”. La mina es inglesa, y el 30% de las acciones (por ley) está en manos del sindicato minero que junto a la patronal dio el visto bueno para que la policía dispare.

El informe oficial sobre la masacre muestra que no hubo ni justicia ni reparación

El proceso por la masacre de 34 mineros en 2012 concluyó con una resonante conclusión: que debería continuar investigándose.

34 asesinados a plena luz del día en una colina de Sudáfrica por pedir aumento de sueldo por un trabajo bajo tierra, picando piedras para extraer alguno de los metales que luego se usan en los dispositivos móviles o computadoras que cualquiera de nosotros tiene.

Es un trabajo peligroso, sucio, en una atmósfera caliente, que deja al cuerpo dolorido y entumecido. Cada uno de los mineros tiene un nombre, una familia, una historia para contar, un pasado y un futuro. Y esas familias han esperado más de 1000 días para descubrir quiénes son los responsables de tronchar esas vidas. La mayoría de los familiares ni siquiera sabía con anticipación que el presidente Jacob Zuma iba a dar una conferencia para anunciar el resultado de la investigación, y se enteraron leyendo fragmentos, en un lenguaje leguleyo que no podían comprender. Les quedó clara una cosa: que la búsqueda de la verdad debe continuar.

Los hechos

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    Mineros en huelga empleados de la firma británica Lonmin, dueña de una mina de platino, fueron asesinados por la armas de la policía del Estado sudafricano. Les dispararon reiteradamente y eso está filmado en tiempo real por las cámaras de televisión. Una masacre. Pero aparentemente, nadie es responsable porque una compleja red de intereses políticos y económicos se articulan, y es la masacre la que los pone en evidencia. Para explicar cómo tantos mineros desarmados pudieron ser acribillados a plena luz del día en la democracia sudafricana del post-apartheid la fiscalía necesitaba probar los privilegios y la marginalización del ‘cinturón de platino’, donde una demoledora pobreza y riquezas descomunales existen en una relación simbiótica.

Pero no es lo que sucedió. El Infome sobre Marikana confirmó los peores excesos y abusos imaginables por parte de la policía y la minera Lonmin, pero exoneraron a todo el mundo. Su más apabullante conclusión es que hacen falta más indagatorias, y que seguramente esas deriven en otras indagatorias…hasta llegar a una dilación en la que todos se hayan olvidado que ocurrió una masacre. Todos menos los familiares de las víctimas y aquellos que continúan sobreviviendo día a día entre las rocas de donde extraen el platino.

Sorprende (o no) que uno de las fallas notables del reporte sea que no se le pone nombre y apellido a los que murieron. Se los trata como un todo, como un bloque. Y si lo pensamos detenidamente, es casi un acierto. Detrás del relato del crecimiento económico y el éxito, millones de pobres negros sudafricanos se han vuelto invisibles para el establishment. Cada día, excepto cuando se los define como un peligro para la seguridad colectiva.

El Congreso Nacional Africano (ANC) que marcara la vanguardia de las luchas por la justicia social es hoy, para muchos de sus ex militantes, un sinónimo de amiguismo y elitismo. El silencio del partido en torno a Marikana es parte de un mucho mayor déficit democrático, que está empujando a los sudafricanos a buscar alternativas de cambio.

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En los últimos años, las protestas populares contra la exclusión social -desalojo de viviendas, falta de acceso al agua potable y a los servicios de electricidad, corrupción política, brutalidad policial- aumentaron tal como lo muestran las huelgas, los quites de colaboración y la propia situación en Marikana.

En ese sentido, no llama en absoluto la atención que los residentes en Marikana, y muy en especial las mujeres que han estado casi siempre en la primera línea de combate y movilización política- sean las que buscan destapar las verdaderas razones de la masacre, mucho más que los propios órganos del Estado.

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       Son las mujeres las que presentaron en 2015 una acción legal contra el Banco Mundial -el arquitecto de muchas de las reformas que condujeron a la profunda inequidad que vive Sudáfrica- por su decisión de invertir en 2007 unos 50 millones de dólares en la empresa minera Lonmin, a pesar de que la compañía ya no cumplía con sus obligaciones sociales (por ejemplo, en 2006 Lonmin se comprometió a construir 5 mil casas para sus trabajadores, pero construyó 3 unidades).

El Congreso Nacional Africano desearía dar por cerrado el tema Marikana. “Esta tragedia no puede ser usada para seguir dividiendo el país”, declaró uno de los voceros del partido. Pero Sudáfrica está dividida. A la misma hora en que el presidente Zuma desde Pretoria daba su discurso sobre la investigación en Marikana, la inmensa mayoría de las chozas donde a la fuerza deben vivir los mineros (porque la compañía jamás hizo las construcciones apropiadas), estaban a oscuras. Muchas de las casas en Marikana no están conectadas a la red eléctrica, y los que tienen conexión sufrieron un súbito corte en el suministro.

El Informe Marikana no aportó ni un ápice de justicia a los que duermen en esas chozas. Pero su lucha involucra mucho más que una investigación judicial, y va a continuar.

 

  • Jack Shenker’s: Marikana: A Report From South Africa se convirtió también en un libro que editó Zed Books.

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