NI ERRORES, NI EXCESOS. COLOMBIA FUSILÓ A 10 MIL JÓVENES EN DEMOCRACIA

Cuando promediaba el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2006-2010), y transcurrían seis años de la aplicación de la mal llamada política de "seguridad democrática", fueron hallados en el departamento del Norte de Santander los cuerpos sin vida de 19 jóvenes provenientes del sur de Bogotá, que habían sido reportados como desaparecidos.

Señala Miguel Angel Beltrán Villegas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que las denuncias de los familiares de las víctimas y las inconsistencias que fueron aflorando en las versiones presentadas por los mandos militares apuntaban, sin embargo, a que las víctimas habían sido desaparecidas y luego asesinadas para ser exhibidas como "bajas en combate".

Esa modalidad es lo que se dio en llamar como "los falsos positivos". En realidad se trataba de crímenes perpetrados por agentes del Estado en contra de jóvenes provenientes de estratos populares que atraídos con promesas de empleo eran llevados a zonas de conflicto donde efectivos militares se encargaban de ultimarlos para reportarlos luego como guerrilleros muertos en combate.

El llamado a aplicar "mano dura" contra la guerrilla por parte de los enemigos de la solución política al conflicto interno colombiano, encontró terreno fértil en un ambiente internacional de lucha contra el terrorismo, tras los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y por el fracaso de los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP.

A decir verdad, esas negociaciones fueron suspendidas por decisión unilateral del presidente Pastrana (1998-2002) poco antes de concluir su mandato, cediendo así a las presiones de los sectores militaristas que con apoyo de los medios masivos de comunicación venían desarrollando una intensa campaña desinformativa.

Esta campaña, agrega Beltrán Villegas, logró posicionar una imagen maniquea del proceso de paz de ese momento, donde el jefe del ejecutivo aparecía asaltado en su "buena fe", por una guerrilla que -según esta misma interpretación- había convertido la "zona de despeje" en un santuario para el reclutamiento de menores de edad y la ejecución de todo tipo de prácticas arbitrarias contra la población civil.


Aquí es donde se enraiza el Plan Colombia. Un proyecto con ayudas del exterior orientadas, como hoy se sabe claramente, no hacia la lucha contrainsurgente sino apuntando a una profunda modernización de las Fuerzas Militares, con la asesoría y la ayuda financiera de los Estados Unidos y que se constituiría en la pieza fundamental sobre la cual el presidente Álvaro Uribe erigiría su política de "seguridad democrática".

El planteamiento básico que sustentará el nuevo gobierno del presidente Uribe -que desde su campaña electoral había agitado la idea de que no era posible dialogar ni viabilizar acuerdos con una guerrilla dedicada al terrorismo- apunta a fortalecer el "mito" de que Colombia es una democracia garantista donde no existe un conflicto armado y social sino una continua "amenaza terrorista".

En este sentido, uno de los pilares fundamentales de la política de "seguridad democrática" del presidente Uribe fue la apuesta por una derrota militar a la insurgencia armada -caracterizada como "terrorismo"-, y para cristalizar este propósito diseñó -con el apoyo logístico y financiero de los Estados Unidos y la asesoría británica e israelí- el "Plan Patriota" y, posteriormente, el "Plan Consolidación".

Es precisamente en este contexto guerrerista, aclara el especialista colombiano, que cobra fuerza la práctica de los llamados "falsos positivos", que buscaba proyectar en el colectivo social los éxitos de una política de seguridad, sobre la base del incremento de los resultados operacionales de las Fuerzas Armadas.

El presupuesto, creado y destinado por el gobierno de la época para recompensas, garantizaba que esto fuese así.

Tal como explica el Investigador de la Universidad de Colombia, los miembros de la Fuerza Pública ahora no solo se veían estimulados por el reconocimiento de "méritos" en su hoja de servicios -"bajas propinadas al enemigo"- sino también por el incentivo pecuniario, que a su vez redundaría en un fortalecimiento de la red de alianzas entre el ejército regular y cabecillas de grupos paramilitares. Es decir que los “falsos positivos” no fueron errores militares, ni acciones aisladas de algunos individuos pertenecientes a las FF.AA de Colombia, sino una práctica sistemática que compromete a los comandantes de brigadas, batallones y unidades tácticas. Hay documentación oficial que autoriza el suceso, la orden de mover los soldados para el operativo y la autorización de pagos de recompensas, descansos y otros permisos.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General colombiana, entre 2002 y 2010 los militares fueron responsables de la muerte de 4.475 jóvenes no combatientes, a quienes secuestraron bajo engaños y mataron para presentarlos después como guerrilleros muertos en combate.

El Observatorio Colombia-Europa-Estados Unidos eleva aquella cifra de jóvenes “falso positivo” a 5.763 los casos, mientras que la investigación realizada por el ex-teniente coronel de la Policía colombiana y sociólogo Omar Eduardo Rojas junto al historiador Fabián Leonardo Benavides los sitúa en cerca de 10.000.

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El siguiente es el repotaje que la periodista vasca Ainara Lertxundi le realizó para el periódico GARA a Omar Eduardo Rojas, quien acaba de publicar “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, lo que le ha costado tener que salir del país.

29-10-2018. San Sebastián. Omar Suarez, teniente coronel de Colombia. Autor del libro "Ejecuciones extrajudiciales".


  • Habiendo ejercido como policía durante tres décadas, ¿qué le lleva a realizar esta investigación estando aún en activo?

No todos los militares ni policías en Colombia nos arrodillamos ante los falsos positivos. Hay quienes juramos lealtad a la Constitución, y no a personas o partidos en concreto. Los primeros en denunciar los falsos positivos fueron los militares, pero nadie les escuchó. Antes de que salieran a la luz, di con alguien que me suministró cierta información, pero desconocía que se refería a los falsos positivos. Cuando se supo lo de los 19 jóvenes de Soacha, empecé a recopilar información sobre el tema. Para cuando me quise dar cuenta ya tenía un gran volumen de datos y comencé a trabajar con algunos compañeros de la Universidad, y al final aterrizamos en la Universidad de Santo Tomás. Analizamos los 44 casos que reconoció el ex-presidente Álvaro Uribe en ese momento, pero a medida que fuimos profundizando nos dimos cuenta de la gravedad y dimensión del caso. De acuerdo a los testimonios que recopilamos de los propios victimarios y a las evidencias, encontramos que son más de 10.000.

Es una cifra bastante fuerte que nos debería de llevar a mirar las atrocidades que cometió el Ejército solo para mostrar resultados en el marco de la política de Seguridad Democrática de Uribe. Nuestra actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en el año 2002 era ministra de Defensa y bajo su gestión se orientó a los comandantes de las Fuerzas Armadas que iban a ser evaluados por el número de «terroristas dados de baja». A ello le agregamos el componente de la recompensa por cada muerto y la concepción del «enemigo interno». Con todos estos elementos fácilmente podían cometer esos asesinatos y nadie decía nada en nuestra sociedad.

  • ¿Cuál es el perfil de las víctimas de los falsos positivos?

Las personas que iban a ser asesinadas debían ser de estratos bajos de la sociedad, para que nadie se preocupara por ellas. Sin embargo, a medida en que pasa el tiempo, van introduciendo otro tipo de perfiles. Como se dice en lenguaje militar o policial, «el que estuviera mal parqueado». En una muestra de 1.176 casos encontramos que un 62% eran campesinos; un 7%, líderes campesinos; un 13%, indígenas; un 6%, comerciantes y otro 6%, obreros; un 3%, militares y policías y otro tanto, discapacitados.

  • Asegura que todo ello respondía a un plan sistemático...

Ningún falso positivo se da al azar; todos responden a una estrategia militar y policial, en la que hay un antes, un durante y un después.

¿Qué pasaba en ese antes? Se hacía una reunión entre los comandantes de brigada, de batallón, de inteligencia, de operaciones sicológicas para determinar dónde se iba a producir ese falso positivo. Buscaban víctimas de lugares lejanos para no levantar sospechas. En esas reuniones se asignaban funciones específicas: uno se encargaba de buscar a los reclutadores, otro de pagar el transporte… Había un trabajo sicológico tanto dentro como fuera de la institución que consistía en convencer a los soldados y militares que ellos representaban la moral de la sociedad. Ellos se sentían con atribuciones suficientes para salir y exterminar a los ‘castro-chavistas, a los comunistas, a los pobres y a los de izquierda’. En el durante, se encargaban de reclutar o secuestrar a las víctimas y de llevarlas al lugar donde iban a ser ejecutadas a sangre fría. Los vestían con prendas militares, les colocaban computadores, propaganda para que todos pensaran que eran terroristas y como si de una película se tratase comenzaban a disparar y a escenificar un combate inexistente. Dentro de esa estrategia reunían a personalidades y gente de los medios de comunicación y durante dos días los convertían en soldados y policías para así comprar su lealtad a la institucionalidad, de tal manera que no hicieran muchas preguntas. Hasta el día de hoy se persigue a quienes denunciaron los falsos positivos o nos atrevemos a hacer un análisis desde la academia.

  • ¿Se imaginó en algún momento que acabaría fuera de Colombia y que sería acusado de ser «el coronel de las FARC»?

Nunca pensé que tendría que salir del país, es más, no quería irme porque allá tengo mi familia. Nunca pensé que me llamarían traidor. Los traidores son más de 6.000 militares y policías que mataron a más de 10.000 colombianos. Ellos sí son traidores a la democracia, a la paz. Un antiguo compañero de filas se me acercó para decirme, no sé si con buena o mala intención, que saliera del país antes de que me pasara cualquier cosa.

  • ¿Están las Fuerzas Armadas preparadas para superar la doctrina del enemigo interno?

No. Debemos tener en cuenta que los integrantes de las Fuerzas Armadas suelen ser de estratos bajos de la sociedad, que tal vez no han tenido un trabajo previo y de la noche a la mañana se encuentran con un trabajo, con un sueldo mensual y tres pagas, con vacaciones, con la promesa de recibir una vivienda a los diez años, con beneficios para su familia… Son adeptos que van consiguiendo. Ellos y sus familias son quienes están defendiendo a esa extrema derecha que está gobernando en Colombia. Si me preguntas si las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir netamente lo que dice la Constitución, diría que no. Lo que están haciendo es una reestructuración de los organigramas. Se necesita una formación ontológica y más profesional para que todos -policías y militares incluidos-, empecemos a transitar por el camino de la paz y de una sociedad democrática, participativa e incluyente. En las actuales condiciones, las fuerzas militares siguen viendo a cualquier persona como si fuera un enemigo interno.

  • Pero parte de la sociedad también ha sido cómplice.

Cuando hicimos esta investigación, conversamos con familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas, con militares en la reserva, con víctimas y con otras personas que nada tenían que ver ni con los victimarios ni con las víctimas. Nos quedamos sorprendidos porque ciertos sectores de la sociedad ven a esos victimarios como héroes de la patria; son vistos como los mejores padres, hijos, hermanos, vecinos. Los victimarios pasan a ser las víctimas. Cada militar y policía que llega a las instituciones de las Fuerzas Armadas, así como sus padres, hermanos, hijos, conocidos, se convierten en un aliado más para el sistema.

  • ¿Qué se puede esperar teniendo en cuenta el regreso del uribismo al poder, de la mano del nuevo presidente Iván Duque?

El escenario no es alentador porque el Gobierno está incumpliendo lo pactado en La Habana como si eso hubiera sido un pacto entre las FARC y el Gobierno de Santos. Está desconociendo que se trata de un acuerdo de Estado. Desde la firma del acuerdo de paz han matado a más de 400 líderes sociales y a cerca de 90 excombatientes de las FARC y familiares.

Pero hay un factor nuevo, los movimientos sociales que antes estaban rezagados.

Hay una no esperanza por los asesinatos de líderes sociales, pero al mismo tiempo hay una oportunidad que jamás vi durante los 31 años de servicio: la sociedad está saliendo a la calle.♦♦


El diario del País Vasco GARA y la periodista Ainara Lertxundi, responsable de la sección Mundoa cedieron gentilmente el reportaje realizado en exclusiva al sociólogo y ex militar Omar Eduardo Rojas.

Las fotos pertenecen a la Agencia Foku.

 

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