BENETTON NO ES INOCENTE

El grupo italiano Benetton es un conglomerado familiar multinacional con sede en Treviso, fundado en 1965 por cuatro hermanos, y cuya cabeza visible es Luciano Benetton.

Es el principal terrateniente de la República Argentina: posee 850 mil hectáreas agrícolas y ganaderas a través de la Compañía de Tierras Sud Argentina S.A., situadas en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz.

Benetton produce ovejas, vacunos, lana, soja, forraje y también madera de pino.

“Plantar árboles está lejos del corazón del negocio de CTSA, que es la producción de lana y carne ovina y vacuna. Pero esos bosques que implantó ya superan las 8.600 hectáreas, una superficie mayor que la de Mar del Plata. Y el año pasado le valieron el premio a la Excelencia Agropecuaria al Mejor Forestador, organizado por La Nación y el Banco Galicia. El objetivo de la empresa es prácticamente duplicar la actual superficie y luego mantenerla estable en 16.000 hectáreas” (La Nación, Sábado 27 de febrero de 2016 “Los Benetton, de la moda al pino ponderosa”)

Además, el grupo es propietario de una empresa canadiense denominada MinSud Resources Corporation (Minera Sud Argentina, en el país) la cual explota otras 180 mil hectáreas de concesiones mineras situadas en las provincias argentinas de San Juan, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Y con todo lo que recauda en el Hemisferio Sur mantiene cientos de tiendas ‘Benetton- United Colors’ en todo el mundo, además de una escudería de Fórmula 1, un equipo de Rugby, un equipo de básquetbol profesional, etc. 

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La historia de la relación de Benetton y la Patagonia argentina es reveladora. La región estaba habitada por el pueblo mapuche, mal llamado tehuelche, y se denominaba Aonikenk. En los mapas, era disputado por las jóvenes repúblicas sudamericanas de Argentina y Chile.

En 1879 el gobierno nacional argentino emprendió sobre ese territorio una guerra de conquista dirigida por el General Julio A. Roca, produciendo un bárbaro genocidio sobre los pueblos originarios. La campaña militar fue financiada por la corona y capitalistas privados británicos. Fue denominada “Conquista del Desierto” a pesar de que las inmensas extensiones no eran de ningún modo un desierto, sino una región con ríos, lagos, vergeles, bosques, pastizales, montañas, animales y personas.

        Tal como consignan Juan Manuel Salgado, María Micaela Gomiz, y Verónica Huilipan en el “Informe de Situación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuce en la Provincia del Neuquén 2009-2010”, donde extensamente documentan el despojo

Orden del Día del General Roca-  Campamento General en Carhué, abril 26 de 1879.

‘Soldados del Ejército Expedicionario al Río Negro: En esta campaña no se arma vuestro brazo para herir compatriotas y hermanos extraviados por las pasiones políticas o para esclavizar y arruinar pueblo o conquistar territorios de las naciones vecinas. Se arma para algo más grande y noble; para combatir por la seguridad y engrandecimiento de la Patria, por la vida y fortuna de millares de argentinos y aun por la redención de esos mismos salvajes que, por tantos años liberados a sus propios instintos, han pesado como un flagelo en la riqueza y bienestar de la República. Aún quedan restos de las tribus de Namuncurá, Baigorrita, Pincén y otros caciques que pronto caerán en poder de las divisiones encargadas de hacer la batida general en el circuito de la Pampa, mientras otras toman posesión del Río Negro. Dentro de tres meses quedará todo concluido. Pero la República no termina en el río Negro: más allá acampan numerosos enjambres de salvajes que son una amenaza para el porvenir y que es necesario someter a las leyes y usos de la Nación, refundiéndolos en las poblaciones cristianas que se han de levantar al amparo de vuestra salvaguardia. Sé que entre ellos hay caudillos valientes y animosos que aprestan sus lanzas prefiriendo sucumbir antes que renunciar a la vida del pillaje. Allí iremos a buscarlos aunque se oculten en los valles más profundos de los Andes o se refugien en los confines de la Patagonia abriendo así una segunda campaña donde nuevos trabajos y glorias nos esperan.

Julio A. Roca (citado en Walther, Juan C.¸ La conquista del desierto, Eudeba, Buenos Aires, pág. 451.)


Y ya como presidente Roca en el Congreso, al finalizar la guerra sostuvo: “La ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida... El éxito más brillante acaba de coronar esta expedición dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero”.

Algunos de los establecimientos rurales instalados en el periodo 1890 – 1920 en Neuquén fueron asentados sobre tierras concedidas por el Estado sobre la base de la ocupación militar del territorio que hasta la década de 1880 detentaba el Pueblo Mapuce: 

18 mil hectáreas a la familia Newbery; 250 mil a la familia Zingoni;  a la familia Rambeau 93.642 has; a los Lagos Marmol 24.000 has; a la familia Camino 21.000 has, a la familia Miles 58.000 has.” (Fuente: “Informe de Situación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuce en la Provincia del Neuquén 2009-2010)

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En retribución a la Corona británica, el gobierno argentino obsequió a sus financistas enormes porciones de las áreas conquistadas. Los ingleses agraciados formaron en 1889 en Londres una empresa denominada “The Argentinian Southern Land Company Ltd”, destinada a administrar esos vastos territorios.

Ramón Minieri en su libro “Ese ajeno sur” realizó un profundo estudio de la correspondencia interna de la Compañía y de los diarios de la época. Minieri sostiene que en 1974 la empresa inglesa pasa a una sociedad trucha que se llamaba “Grade Western Company Limited”, con sede en Luxemburgo, propiedad de tres capitalistas argentinos, Menéndez, Ochoa y Paz, representantes de la oligarquía argentina.

Durante un tiempo todo sigue aparentemente sin cambios, y la Compañía sigue con su nombre inglés, controlada por una compañía con sede en Luxemburgo. En el ’82 con la Guerra de las Malvinas, el presidente de facto Leopoldo Galtieri decreta que se incautan o congelan las cuentas bancarias de las empresas británicas, y las empresas mismas quedan en observación. Entonces allí Menéndez, Ochoa y Paz ante un escribano transparentan que desde hace tantos años son sus dueños, es decir, que era argentina, no británica. Y ahí cambia el nombre del inglés al castellano y se llama Compañía Argentina de Tierras del Sud, CTSA, para que pareciera más patriótica.

CTSA, por intermedio del agente inmobiliario argentino Nicolás van Dittmar, fue adquirida en 1991 por Benetton.

Van Dittmar, cercano al magnate Joe Lewis (amigo del presidente argentino Mauricio Macri y en cuya estancia cordillerana descansa reiteradamente) es a quien en su momento había ayudado a apoderarse de las decenas de miles de hectáreas que rodean al Lago Escondido, cerca de El Bolsón.

Desde ese momento, los Benetton (para no hablar de Lewis), ha aumentado su patrimonio de facto a través de dos mecanismos:

  1. apoderándose ilegalmente de enormes extensiones de tierras fiscales;
  2. invadiendo por la fuerza el territorio de los pueblos originarios.

Respecto del primer mecanismo, existen innumerables ejemplos. A lo largo del trazado de la Ruta nacional N° 40, entre Epuyén y Esquel, se observa cartelería de CTSA e interminables plantaciones de pinos (ver nota citada publicada en el diario La Nación) en terrenos que, según los registros oficiales, no pertenecen a la empresa. Además de estas usurpaciones, Benetton se viene apoderando de ríos, lagos y rutas nacionales, provinciales y municipales, como las rutas números 4 y 70 de Chubut, y la 6 de Río Negro, y de los caminos vecinales públicos que conectan las rutas provinciales 70 y 71 de Chubut con la ruta nacional 40.

     También se apoderó de los accesos públicos al ferrocarril y de los edificios de las estaciones, que emplea como viviendas o depósitos. Todas esas apropiaciones constituyen delitos de acción pública y no existe mecanismo legal para la cesión por parte del Estado de tales bienes colectivos, por más benevolencia que ejerzan los funcionarios hacia el monopolio. Por supuesto, la apropiación de las vías de comunicación no está destinada al cultivo o la ganadería, sino a un plan estratégico de control territorial de las poblaciones con consecuencias potencialmente políticas.

     Respecto del segundo mecanismo, los pueblos originarios han sobrevivido colectivamente al genocidio. La nueva Constitución de 1994, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, garantizando “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”, reconociendo la “personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”, y regulando “la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. El texto es de 1994.

Hasta esa fecha, las comunidades originarias de todo el país eran frecuentemente despojadas de sus tierras ancestrales a través de la expulsión lisa y llana, y el fisco inmediatamente les vende a precio vil los terrenos arrebatados a los terratenientes interesados. A pesar de la claridad de lo expresado por la Constitución Nacional, el mecanismo más frecuente y masivo para arrebatar sus tierras a los pueblos originarios era, hasta 2006, la expropiación por parte de jueces que negaban toda validez a los documentos y registros existentes favorables a las comunidades.

Estas ideas siguen siendo las que actualmente, con más disimulo, orientan la mirada oficial frente a los pueblos indígenas. En el año 2009 una jueza de la Provincia de Neuquén, requerida para que designe un intérprete en un juicio seguido contra miembros del Pueblo Mapuce, negó el pedido argumentando que en los procesos judiciales sólo es admisible “el idioma nacional”. (Fuente: Juan Manuel Salgado, María Micaela Gomiz, y Verónica Huilipan)

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Un resumido recorrido por la batalla de las comunidades originarias vs. la empresa de Benetton, sería el siguiente:

*En agosto de 2002, la familia mapuche Curiñanco ingresó y se estableció en un predio de 350 hectáreas llamado Santa Rosa, pero tras la denuncia de los Benetton, 38 días después fueron expulsados por orden judicial, y ratificada la decisión judicial 31 de mayo de 2005.

*Sin embargo, antes de esa sentencia de 2005, el lunes 8 de noviembre de 2004, Benetton había enviado una carta al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel donde a través de su intermedio ofrecía 2500 hectáreas a la comunidad.

*Para debatirlo, el 11 de noviembre de 2004, Atilio Curiñanco y su esposa Rosa Sara Nahuelquir viajaron a Roma junto a su representante, Mauro Millán, y a Adolfo Pérez Esquivel. Se reunieron con Luciano Benetton y el embajador argentino en Italia, Víctor Tachetti. Ahí el multimillonario reiteró su oferta de 2500 hectáreas a la comunidad pero no incluía ni consideraba las 350 de la comunidad Santa Rosa. Y no hubo acuerdo.

*En aquella ocasión Curiñanco dijo: “No se pude donar lo que ya es nuestro”, y Mauro Millán declaró a la agencia Telam: “pedimos que estén las 350 hectáreas de la comunidad Santa Rosa y que el gobierno argentino se hiciera cargo de recibir esas tierras”. “En la colonia Santa Rosa es donde está el museo con las pertenencias culturales de nuestros antepasados”.

*Por eso, varios meses más tarde, el 3 de noviembre de 2005 el Grupo Benetton comandado por Luciano emitió un comunicado donde decía:

“Hemos optado por la política de lo posible, realizando un aporte concreto que aúna cantidad y calidad. Probablemente seamos los primeros en hacerlo, pero más que ocupar ese primer lugar lo que nos interesa es que esta iniciativa sea imitada por otros actores para contribuir a la solución de un problema secular”.

*Se refería a la intención de donar al gobierno de la provincia de Chubut 7500 hectáreas de tierras productivas para destinarlas a un proyecto sustentable en favor de los pueblos originarios. El campo ofrecido está a 150 kilómetros de Esquel, y según el latifundista italiano contaría con una fuente de agua primaria, que discurre a lo largo de 12 kilómetros, cercano a la ruta provincial 12 y con acceso a una escuela primaria.

*En julio de 2006 el gobierno de la provincia de Chubut rechazó la donación de la Compañía Tierras del Sud S.A., propiedad de los Benetton, que tiene en ese territorio provincial unas 300 mil hectáreas (180 mil en la estancia Leleque y 120 mil hectáreas en la estancia El Maitén). El gobernador Mario Das Neves justificó la negativa en que las tierras no cumplían con lo que los Benetton prometían: se hizo un estudio con técnicos provinciales y del INTA, y se concluyó que

“la poca receptividad productiva del predio indicado y la desproporcionada inversión necesaria para desarrollar un emprendimiento perdurable en el tiempo para más de dos familias”.

*El 14 de febrero de 2007, a las 5 de la mañana, integrantes de la familia Curiñanco –Nahuelquir junto con otros integrantes de las comunidades mapuches ingresaron y ocuparon un sector de 535 hectáreas de la estancia Leleque, en la zona oeste de Chubut, cercano al Museo Leleque. Allí constituyeron la comunidad Santa Rosa – Leleque, donde realizaron la ceremonia sagrada del ‘gnellipun’. La comunidad afirma que recuperó sus tierras, que estaban ociosas, en manos del grupo italiano Benetton. (Fuente: La Nación- 14-2-07)

*El 3 de marzo de 2011, el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de Esquel, Omar Magallanes falló a favor de Benetton, y estableció un plazo de 10 días para el desalojo de la comunidad Santa Rosa – Leleque, donde las familias se habían establecido 4 años antes. El argumento del magistrado era que se trataba de usurpadores, que cometieron ‘un acto de posesión clandestina’.


En tanto en Neuquén, tal como explica el Informe de Situación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuce en la Provincia del Neuquén 2009-2010:

“Regularmente las comunidades se han encontrado con la notificación del desalojo en el mismo momento en que se apersonó la policía neuquina para realizarlo, sin oportunidad alguna de exponer sus razones frente al uso, y normalmente el abuso, de la violencia policial. Las comunidades Catalan, Wiñoy Tayin Raquizuam, Puel, Lonko Puran, Tuwun Kupalmeo Maliqueo, Huenctru Trawel Leufu y Currumil han sido víctimas de este tipo de abusos en los últimos años.

Baste como ejemplo la situación de la Comunidad Paichil Antreao, asentada sobre el Cerro Belvedere, uno de los espacios más codiciados por los negocios inmobiliarios de Villa La Angostura. En la mañana del 2 de diciembre de 2009, en la época de la campaña oficial y privada en contra del movimiento indígena, la Comunidad fue desalojada. Dirigidos por el Secretario de Seguridad de la Provincia, el fiscal de Villa La Angostura y el abogado del norteamericano William Fisher, un grupo especial de la policía y civiles contratados irrumpieron en el territorio comunitario, violentamente expulsaron de sus viviendas a los miembros de la Comunidad, destruyeron las casas y se llevaron sus pertenencias. Con la colaboración municipal trasladaron a las personas en un camión hasta el gimnasio local, en donde las alojaron como indigentes”.

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El 1° de noviembre de 2006, la Ley nacional 26.160 suspendió los desalojos de comunidades indígenas por el término de cuatro años, y creó un Catastro para el registro de las mismas.

El primero de esos objetivos se cumplió. Pero ante la absoluta inacción por parte del Estado respecto al censo, se promulgó la Ley 26.554 que mantenía la protección contra los desalojos en el año 2009.

En 2013 se creó una nueva medida similar (con el número 26.894), con fecha de vencimiento en noviembre de 2017.

Existe un proyecto de ley presentado a comienzos de este año, que responsabiliza al Estado por la parálisis en la ejecución de las leyes mencionadas y ordenando el mantenimiento de la suspensión de los juicios. La cuenta regresiva está en marcha y el Senado se niega a tratarlo, con lo que se anticipa el certificado de defunción de las únicas leyes que protegen a los originarios de los despojos.

Los Benetton, los Lewis y los demás terratenientes que codician los bienes ancestrales de las comunidades, esperan ansiosamente que el proyecto no sea votado y el bloqueo a los juicios de desalojo finalice. A pesar de la Ley vigente, Benetton intenta expulsar de los predios recuperados a las comunidades mapuches Santa Rosa de Leleque, Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Vuelta del Río, Cañío, Ñiripil, Sepúlveda, Cerro León y otras más pequeñas.

Santa Rosa de Leleque, después de quince años de lucha, logró un gran triunfo con el reconocimiento estatal, pero la inseguridad jurídica acompaña a la totalidad de las ocupaciones. Benetton cuenta para lograr sus pretensiones con el juez de instrucción de Esquel, José Colabelli, y sobre todo de su esposa, Carla Rossi, que es la Cónsul de Italia en Esquel y propietaria de grandes concesiones mineras en la zona.

En los casos en que no son expulsados como el mencionado en Villa La Angostura, provincia del Neuquén, los procedimientos son apenas más sutiles; hace pocos años, el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey (PJ) desalojó comunidades indígenas wichis de la zona de Dragones, dejando sus tierras sin agua mediante el método de desviar los arroyos circundantes hacia sus propias plantaciones de soja. Después le vendió los terrenos comunitarios vacíos al actual Presidente de la Nación Mauricio Macri al precio de 10 (diez) centavos el metro cuadrado. Las familias sobreviven actualmente en la mendicidad, a la vera de la ruta Nacional 81.

La resistencia mapuche posee sus propios líderes, denominados Longkos.

En Chile y en la Argentina despliegan luchas por el mantenimiento de la cultura y las tierras ancestrales.

Las instituciones estatales chilenas, atravesadas en cada instancia por el pinochetismo, en un país gobernado según una Constitución aprobada con las bayonetas por el ex dictador y ex senador vitalicio, se desplegó una política estatal de encarcelamiento de los principales Longkos, pero ello derivó en que una nueva generación de líderes jóvenes y combativos acometiera formas de lucha con ciertos niveles de violencia, como el incendio de estancias o equipamiento rural.

El veinteañero Longko Facundo Jones Huala, nacido en Bariloche, pero que actuaba en Chile, tuvo que refugiarse en la Argentina, donde fue detenido. Su extradición fue solicitada infructuosamente por el gobierno chileno y el líder mapuche fue liberado. Sin embargo, la presidenta socialista Michelle Bachelet, en una entrevista personal con el presidente Mauricio Macri, insistió con el pedido de extradición de Jones Huala, quien fue encarcelado nuevamente.

En ese marco de luchas, resistencias, desalojos, persecuciones, el joven artesano Santiago Maldonado, nacido en una pequeña ciudad de la Provincia de Buenos Aires, quien no pertenece a la etnia mapuche y es habitante de El Bolsón, concurrió a solidarizarse a la comuna mapuche Pu Lof, que ocupa tierras reclamadas por Benetton.

La noche del 1° de agosto de 2017, bajo la conducción del abogado Noceti, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, una columna de gendarmes irrumpió en el campamento tiroteando a los mapuches y a Maldonando con balas de goma y de plomo. Durante la cacería de los Gendarmes, ampliamente documentada, casi todos lograron fugarse cruzando el río Chubut, salvo Santiago que fue detenido por Gendarmería y nunca reapareció.♦♦

 

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