ESPIAR TODO Y GANAR MUCHO DINERO

Que los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires hayan instalado más de 16.000 cámaras de vigilancia en la vía pública (calles, buses y subte) y que en Berlín haya 18.000, ¿no interpela a la ciudadanía sobre el estado de control en el que habita?

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Un más que tenue debate hubo en el último mes con respecto a las denuncias y la acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio del Derecho Informático Argentino (ODIA) en contra del Sistema de Reconocimiento Facial de la Policía de la Ciudad.

La secuencia de hechos fue aproximadamente la siguiente:

*A comienzos de octubre de 2019, a días de las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad, que se realizaron en simultáneo con las presidenciales, Horacio Rodríguez Larreta fijaba como uno de los diez ejes de su futura gestión, si resultaba reelecto, la instalación de «10.000 nuevas cámaras en todos los barrios, con tecnología de reconocimiento facial para que cada día vivamos más tranquilos». En ese momento, la Red Integral de Monitoreo tenía casi 13.000 cámaras activas, y la promesa era instalar 150 cámaras en cada uno de los barrios de la Ciudad.

*El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación cuenta con una base de datos de personas buscadas por la Justicia Federal, de las provincias, de la Nación o de CABA. Esa base de datos se llama Co.Na.R.C, Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, un programa del Registro Nacional de Reincidencia y allí están las imágenes de los ciudadanos con pedido de captura. Los famosos “buscados”, aproximadamente 40.000.

centro de monitoreo CABA

*Para activar el Sistema de Reconocimiento Facial, en principio orientada a buscar a quienes figuran en la base de datos de Co.Na.R.C, el Gobierno de la Ciudad hizo contrato directo (sin licitación) con una empresa privada, DANAIDE S.A., por un total de 1.511.300 dólares. Danaide tiene el sistema de software para la red de vigilancia. En ese momento -la pandemia quitó el tema de la agenda pública pero no interrumpió su uso-, por alegadas cuestiones presupuestarias, había 300 cámaras activas para el reconocimiento facial, usando de forma aleatoria o programada, el conjunto de las miles de cámaras activas.

*En octubre de 2021 Horacio Rodríguez Larreta inauguró el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de Puerto Madero. El tercero en la Ciudad tras la apertura del de Chacarita y el acristalado en la peatonal que termina en la 9 de Julio y el Obelisco. Junto al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro dijo: “Es de la mejor tecnología que hay en el mundo para videovigilancia” y agregó: “Tenemos previsto de acá al final de este mandato sumar 4.000 cámaras más a lo largo de toda la Ciudad, seguir incorporando personal policial, seguir capacitándolo cada vez mejor”.

SUBTE -cámara

*D’Alessandro, por su parte, destacó que “la nueva tecnología es esta herramienta que le estamos dando a la Policía de la Ciudad y a todo el Sistema Integral de Seguridad”, que “permite acoplar otro tipo de sistema, la inteligencia artificial, reconocimiento facial, lectores de patente, y todo eso en función de la prevención que se les da a los vecinos”.

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*El gobierno de la Ciudad, a pesar de que la base de Co.Na.R.C, Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, es de 40.000 personas buscadas, hizo 9 millones de consultas a la base del Registro Nacional de las Personas.

Y entre esos millones de consultas constan la solicitud de datos, entre otros, del Presidente y de la Vicepresidenta de la Nación así como de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, de otros políticos del oficialismo e incluso del PRO (Patricia Bullrich) o de la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT).

También de dirigentes sociales como Juan Grabois, Hebe de Bonafini; empresarios como Marcos Galperín, titular de Mercado Libre y el de especialidades medicinales Hugo Sigman; los periodistas y animadores de medios como Gustavo Sylvestre y Eduardo Feinmann, y del juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y la fiscal Gabriela Boquin, entre otros. Cualquier explicación es vana, porque esto se denomina espionaje interno.

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* El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo, atendiendo al amparo presentado por el Observatorio del Derecho Informático Argentino, resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar al GCBA suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), en el ámbito de la CABA, sin que ello merme de ninguna manera los restantes sistemas de videoviligancia (monitoreo urbano), preventivo y forense. (…) Tal circunstancia, supone para el Gobierno demandado, falta de imparcialidad y violación de derecho de defensa”.

*Tal como consigna el abogado y periodista especializado en judiciales, Néstor Expósito, el Gobierno porteño respondió denunciando penalmente al juez. “El ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, presentó ante la Justicia en lo penal un escrito en el que presume que Gallardo incurrió en prevaricato y abuso de autoridad (esta última calificación comprensiva del comportamiento que deriva en una eventual privación ilegítima de la libertad), sin perjuicio de cualquier otra calificación que con el curso de la investigación pudiera caber”. Y lo recusó.


*Gallardo detectó “la migración irregular de 9.900.282 de datos biométricos desde el Registro Nacional de las Personas al Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, y por ello ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestrar de las sedes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad y del Ministerio de Justicia y Seguridad “toda la información contenida en la arquitectura informática utilizada en el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos para posteriormente realizar una pericia informática”. Y dispuso que nadie ingresara ni saliera del lugar durante el allanamiento.

¿Para qué querría el jefe de Gobierno porteño pedirle al Registro Nacional de las Personas datos biométricos (lo que implica saber cuántas veces y en qué lugares aparece el rostro de la persona) de Patricia Bullrich, Myriam Bregman o la fiscal de la causa Correo Argentino, Gabriela Boquín?


NO SE SALVA NADIE

En 2014, un empresario del rubro seguridad organizó el Seminario “El Hemisferio Americano: Desafíos para el Desarrollo y la Seguridad”. Se llama Mario Montoto. Logró que asistieran Daniel Scioli, Sergio Massa, el secretario de Seguridad Sergio Berni, Alejandro Granados y Guillermo Montenegro (respectivamente en esos mismos cargos en Provincia y Ciudad de Buenos Aires), y otros políticos tanto de Nación como provinciales o municipales.

Montoto declaró en aquella ocasión a El Cronista: “La seguridad y el narcotráfico no se resuelven a los balazos, sino con un plan integral en el que participen los tres poderes del Estado y también la sociedad. Tenemos que entender que son problemas que atraviesan a toda la República”.

Este es el mismo que, sin licitación, tiene el contrato firmado con Rodríguez Larreta para el reconocimiento facial.

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¿Quién es Montoto?

Es el titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y creó en 2010 la Fundación TAEDA. En aquel momento, con una fiesta para 500 personas en La Rural de Palermo, declaraba que sus objetivos son “trabajar para que los futuros dirigentes de la Argentina sean capaces de contribuir a un verdadero debate sobre políticas estratégicas tendientes al mejoramiento de la calidad institucional, al desarrollo, la integración y la equidad”.

Entre los asistentes al evento hay registro de la presencia del entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, los ministros de Seguridad bonaerense y de la Ciudad, Carlos Stornelli y Guillermo Montenegro, el presidente de ADEBA y Banco Macro, Jorge Brito, y de quien era el dueño de Infobae y Radio 10, Daniel Hadad. 

Por otra parte, Mario Montoto preside la Editorial DEF, que se dedica a publicaciones de carácter militar y estratégico.

En 2018, celebró los 13 años con la entrega de Reconocimientos TAEDA, en el Campo Argentino de Polo. «El objetivo es reafirmar el compromiso de TAEDA con el desarrollo en áreas de conocimiento estratégico científicas y tecnológicas», sostenían.

En la fastuosa celebración tomaron parte los ministros de la Nación Sergio Bergman y Lino Barañao; los dirigentes de la UCR Ernesto Sanz, Enrique ‘Coti’ Nosiglia y el vicedecano en Económicas de la UBA, Emiliano Yacobitti; los embajadores del Reino Unido, Mark Kent, el de Paraguay, Julio César Vera Cáceres, el de Brasil, Sergio Franca, los jueces federales Ariel Lijo y Claudio Bonadío; el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco y el de CABA, Marcelo D´Alessandro, así como Nicolás Caputo, cónsul general de Singapur en la Argentina; los empresarios Jorge Neuss, Martín Cabrales y el CEO de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, además del CEO de Infobae, Daniel Hadad, Hugo Ferrer del Grupo Crónica y Jorge Asís, entre otros.


En marzo de 2019, Mario Montoto, ex secretario del líder montonero Mario Firmenich, organizó el evento fundacional de la Red de Seguridad Hemisférica (Hemisphere Security Network) a la cual viajó especialmente una de las funcionarias más destacadas y confiables de Luis Almagro, titular de la OEA. Ese acontecimiento Montoto no lo hizo solo, sino en conjunto con la Fundación FININT (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera), cuyo presidente es el ex funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y autor de la Ley Antiterrorista, Juan Félix Marteau.

Hemisphere Security Network, tal como explica la Fundación FININT en su página web “es una iniciativa de las fundaciones FININT y TAEDA que tiene por objeto reunir expertos capaces de analizar y comprender los riesgos que afectan el orden, la paz y la prosperidad de los países del hemisferio occidental”.

Su campo de acción lo establecieron para combatir “narcotráfico, tráfico y trata de personas, contrabando y comercio ilícito…lavado de activos y financiación del terrorismo… (y)…Ciberseguridad y ciberterrorismo”. Marteau fue el Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el gobierno de Mauricio Macri…

Vender miedo y vender vigilancia son, evidentemente, las dos caras de una misma moneda.

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La galería de fotos muestra algunos de los participantes de la Red de Seguridad Hemisférica / Hemisphere Security Network

Mario Montoto Finint Tadea DEF
Mario Montoto y Nicolás Caputto
Marcelo D’ Alessandro – Claudio Bonadío y Mario Montoto

En el mundo hay ya 1000 millones de cámaras de video-vigilancia (CCTV) o lo que es lo mismo, una cámara de seguridad por cada 8 habitantes del planeta. La distribución no es homogénea. China y Estados Unidos van a la cabeza: apenas 4 humanos por cada cámara instalada. Cuando se habla de ‘estado de control’ o ‘estado vigilante’ no es, ni mucho menos, un eufemismos, y en ese sentido Rodríguez Larreta así como los municipios de Tigre, Escobar, Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta, San Juan, Jujuy y muchos otros, responden a la tendencia securitista.

Vale la pena señalar que la ciudad de Chennai en la India es la que tiene mayor densidad de cámaras: casi 660.000 por kilómetro cuadrado. Londres con 400.000 la que más videovigilancia tiene fuera de Asia; Nueva York a la vanguardia de EE.UU y Beijing encabeza el lote junto con la ciudad india que está al tope.

En enero de 2020, el sistema de reconocimiento facial en Moscú tenía en pleno funcionamiento 105.000 cámaras inteligentes, que podían identificar a las personas incluso con el barbijo o tapaboca e incluso determinar ciertos parámetros biológicos como la edad, lo cual entregó al gobierno una serie de herramientas para monitoreo de los movimiento de la población durante la pandemia.

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En el cuadro que sigue puede verse la ciudad, la cantidad total de cámaras, la relación entre esa cantidad y los kilómetros cuadrados de cada ciudad, cuántas son por cada 1000 habitantes y el índice de criminalidad asociado.


RECONOCIMIENTO FACIAL Y CONTROL VIRTUAL

En Norteamérica, el país con mayor cantidad y densidad de conexión móvil e internet, 6 de cada 10 personas afirma que no sabe ni puede mantener la privacidad de sus datos, y le adjudica la misma responsabilidad a las empresas privadas que la almacenan como al Estado, que desde la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU) y en particular desde el 9/11 y las Torres Gemelas, se adjudica el derecho de bucear en cualquier dispositivo personal sin autorización previa. El problema se agrava, naturalmente, cuando más del 40% de los hogares en Estados Unidos han optado por algún dispositivo de ‘hogar inteligente’ que guarda y envía la información a las ‘nubes’ de Google, Amazon, Microsoft, etc., y de allí, por lo antedicho, a la NSA.

En otro sentido, anterior y aún más transversal, la intromisión en las comunicaciones telefónicas privadas excede la violación de la privacidad en la vía pública. En 2013, un grupo de científicos publicaron en la revista Nature un paper que puso luz sobre la geolocalización, y el peligro de que esa información no estuviera debidamente guardada.

Afirmaban que ya desde 1930 Edmond Locard había demostrado que con 12 puntos se podía identificar una huella digital, y que hoy por hoy unos pocos puntos pueden servir para identificar la trazabilidad de un individuo.

Cuantos menos movimientos, más definitivos o confirmables son esos los datos, sean estos el domicilio, el lugar de trabajo, posteos de Twitter o fotos. Cualquier geolocalización de unos pocos puntos permite establecer patrones de movimiento, y con ellos, los de toda la población de una ciudad e incluso del país. Para eso, sostenían, solo hacen falta las antenas de las empresas de telefonía. La gravedad de esta certeza es que ellos demostraron que con 4 puntos, bastaba para saberlo todo. El paper es accesible (en inglés) en el siguiente link https://www.nature.com/articles/srep01376#Fig2

Atendiendo a estos datos, el periodista Ronan Farrow, ganador del Premio Pulitzer en 2018 por sus investigaciones para le revista The New Yorker, indagó en lo que se esconde atrás del software israelí Pegasus, cuyo último escándalo es el espionaje a docenas de políticos y abogados de Cataluña, en su mayoría ligados a la postura soberanista-independentista.

Pegasus es una tecnología de software espía diseñada por la empresa israelí NSO Group, que opera bajo estricto permiso de los servicios de seguridad del gobierno de Israel, y puede extraer el contenido de un teléfono, dando acceso a sus textos y fotografías, o activar su cámara y micrófono para proporcionar vigilancia en tiempo real, exponiendo, por ejemplo, reuniones confidenciales.

En la investigación, el periodista revela que entre las víctimas se encuentran tres miembros del Parlamento Europeo, incluido Jordi Solé, diputado independentista en Bruselas. Los políticos catalanes creen que los probables autores de la campaña de hackeo son funcionarios españoles, porque efectivamente la empresa israelí tiene un cliente en el Reino de España.

NSO Group, creadora de este software espía comenzó en 2010 con tres socios y hoy tiene 800 empleados en Tel Aviv. Su valor de mercado es de mil millones de dólares, y lo han usado para monitorear políticos y activistas en docenas de países, además de haber aparecido en los teléfonos de varias personas cercanas al reportero Javier Valdez Cárdenas, asesinado tras investigar los cárteles de la droga.

Asimismo, en la época en que el príncipe Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita aprobó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, Pegasus fue supuestamente utilizado para monitorear los teléfonos de personas cercanas a Khashoggi, posiblemente facilitando el asesinato, en 2018.


Shalev Hulio, director general de NSO Group afirmó a The New Yorker: «Casi todos los gobiernos de Europa utilizan nuestras herramientas». Las autoridades alemanas, polacas y húngaras han admitido utilizar Pegasus, y las fuerzas de seguridad belgas también lo utilizan, aunque no lo admiten.

Estados Unidos ha sido tanto consumidor como víctima de esta tecnología. Aunque la Agencia de Seguridad Nacional y la C.I.A. tienen su propia tecnología de vigilancia, otras oficinas gubernamentales, incluidas las del ejército y el Departamento de Justicia, han comprado programas espía a empresas privadas, y el NY Times asegura que el FBI compró y uso el sistema espía Pegasus en 2019, aunque el FBI lo niegue.

En noviembre de 2021 el Departamento de Comercio de EE.UU bloqueó el permiso a NSO Group para que compre tecnología de empresas norteamericanas. Al día siguiente Shalev Hulio estaba en Nueva York.

«Nunca hemos vendido a ningún país que no sea aliado de Estados Unidos o de Israel. Nunca hemos vendido a ningún país con el que Estados Unidos no haga negocios», dijo, y aclaró “los contratos con clientes extranjeros requieren la aprobación directa por escrito del gobierno de Israel».

En ese sentido, la  directora de ciberseguridad del grupo de vigilancia Electronic Frontier Foundation declaró: «Creo que los dirigentes estadounidenses no lo entienden bien. Siguen esperando que el gobierno israelí reprima a NSO por esto, cuando, en realidad, están cumpliendo las órdenes del gobierno israelí».

La empresa de informática NSO se ve a sí misma como un tipo de traficante de armas, que opera en un campo sin normas establecidas. El Washington Post informó que Israel había bloqueado la compra de Pegasus por parte de Ucrania, para no enemistarse con Rusia. «Todo lo que estamos haciendo es con el permiso del gobierno de Israel y todo el mecanismo de regulación en Israel fue construido por los estadounidenses», afirmó el empresario.

Las corporaciones de todo el mundo, y sus expertos en soft, buscan bloquear a Pegasus, y el anecdotario de una ‘guerra de espías’ es extensa. Los empleados de NSO Group le contaron a Ronan Farrow que la empresa tiene varias docenas de ‘genios’ trabajando noche y día para mantener la seguridad informática propia. «Hay un departamento muy grande en la empresa que se encarga de hacer desaparecer toda la conexión de red entre el cliente y la NSO». «Compran servidores, servidores de V.P.N. en todo el mundo. Tienen toda esta infraestructura montada para que no se pueda rastrear ninguna de las comunicaciones».

El artículo de la edición abril de The New Yorker, concluye: “Israel se ha convertido en la fuente más importante del mundo de tecnología de vigilancia privada, en parte por la calidad del talento y la experiencia que producen sus militares.

«Como el servicio militar es obligatorio, podemos reclutar lo mejor de lo mejor», dijo el ex alto funcionario de inteligencia. «El sueño americano es pasar del M.I.T. a Google. El sueño israelí es ir al 8200», en referencia a la unidad de inteligencia militar israelí de la que suelen reclutar los vendedores de software espía.



La pregunta que la sociedad argentina -y mundial- debería hacerse y hacer a sus gobernantes es: si el software de máxima precisión proviene de empresas como NGO y tienen la capacidad de quedar camuflados incluso para Apple o Google que no logran bloquearlo, quiénes son los que colectan, dónde se guarda y para qué se usa la información que los sistemas informáticos de espía telefónica (y eventualmente el reconocimiento facial) capturan.

Si el bloqueo no es posible, entonces cualquier dependencia estatal debería dejar de utilizarlo.



El material que publica la revista web www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis pertenece al Colectivo Editorial Crisis Asociación Civil. Los contenidos pueden reproducirse, sin edición ni modificación, y citando la fuente.

2 comentarios

  1. Desde 2018 cuando el G20 se realizó en Argentina, no volvimos a estar solos. El «Gran hermano» acompaña nuestros pasos, creo.

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