RODRIGO DUTERTE, PALADIN DEL POPULISMO AUTORITARIO
A diferencia del fascismo clásico, esta es una forma autocrática de poder, donde funcionan las instituciones representativas, y que cuenta con el consentimiento popular. Esa definición del teórico cultural Stuart Hall ya tiene casi 30 años.
Rodrigo Duterte, de setenta y un años de edad, cumplía su séptimo mandato como alcalde de la ciudad de Davao cuando fue persuadido para postularse a la presidencia de Filipinas, por el Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban).
En 1988 fue elegido alcalde de Davao, y ocupó el cargo por más de dos décadas. Fue congresista del primer distrito de la ciudad de Davao de 1998 a 2001 y vicealcalde de su hija Sara de 2010 a 2013.
Nacido en marzo de 1945, obtuvo un diploma en ciencias políticas en el Liceo de la Universidad de Filipinas en 1968, es Licenciado en Derecho por el San Beda College, y se convirtió en abogado en 1973.
¿Algo de esta biografía dice realmente quién es el temerario presidente de Filipinas? No. Para decodificar cómo un país semicolonial como Filipinas, que tuvo una brutal dictadura como la de Ferdinand Marcos y vivió en 1986 su primavera democrática llega -30 años después- a votar a un mesiánico líder carismático con colmillos afilados que estimula a los escuadrones de la muerte, hay que bucear en la historia. Este dossier empieza con el relato de los hijos de los que emigraron, y continúa con un reportaje y diversos aportes de publicaciones no oficialistas de Filipinas.
MUHAMMAD ALI Y LOS MIGRANTES A LA LUNA
Por JOEY CALUGAY
Me parece relevante comenzar mencionando que uno de los diseñadores del Lunar Rover fue un filipino. Pareciera que mucho del ingenio, el talento, las habilidades y el trabajo que la sociedad filipina invierte en construirlos, sirve para el desarrollo de otros países, de poderosas naciones occidentales. A fines de los años 60, la época en que Estados Unidos estaba en la carrera para derrotar al comunismo en la ‘lucha por la luna’, maduraba una crisis en una de las más importantes y estratégicas neocolonias norteamericanas en el sudeste asiático.
Digamos que a comienzos de la década del 70, el presidente filipino Ferdinand Marcos enfrentaba una enorme crisis política, y la economía estaba al límite del colapso. El valor del peso había caído tremendamente y crecían la pobreza y el desempleo. Filipinas acumulaba una descomunal deuda externa y en paralelo deudas internas, pero no le importaba a los abultados bolsillos de la elite gobernante.
El gobierno de Marcos enfrentó las manifestaciones sociales, de estudiantes y de trabajadores imponiendo la ley marcial. Y en ese período estableció la LEP- Labor Export Policy (Política de Exportación de Trabajadores), un esfuerzo consciente y sistemático para enviar fuera del país a crecientes masas de desocupados, hacia el ‘mercado de trabajo mundial’.
Esta política de estado fue una válvula de escape para aliviar el descontento social y al mismo tiempo generar la llegada de remesas de dinero de los trabajadores filipinos en el extranjero, que enviaron miles de millones de dólares, y ayudó al gobierno a pagar sus deudas.
Se da el caso de que en ese mismo período la provincia de Quebec, Canadá, necesitaba más profesionales para el área salud de los que había graduados, y tentaba a enfermeras graduadas en países del Caribe y del Sudeste asiático a tomar esos puestos de trabajo. Así fue como tantos educados y capacitados -pero desempleados- como mi madre, se embarcaron a Quebec, dejando a sus hijos solos. Ella para trabajar como enfermera en Canadá.
Recuerdo que cuando dejamos a mi madre en el aeropuerto de Manila mi hermanito menor mirando el avión que despegaba hacia el cielo nocturno decía “¡mami luna!”
Un año más tarde, en camino desde Filipinas a Montreal, mis hermanos y yo tuvimos una experiencia notable mientras esperábamos para el transbordo en el aeropuerto de Honolulu. Nosotros corríamos y nos perseguíamos en el salón central, y vimos que mucha gente se concentraba. Ahí estaba Muhammad Ali y su equipo que precisamente volvían de Filipinas donde se había inaugurado el “Ali Shopping Mall”, un regalo que le hizo Ferdinand Marcos por su épica Thrilla en Manila, la pelea entre Ali y Joe Frazier. Todo el show, desde la pelea de box hasta la inauguración del Ali Mall, fue una de las tantas maneras en que Marcos mantenía a la gente distraída de una situación social insoportable que impulsaba las protestas contra su dictadura.
Ali nos miró y preguntó hacia dónde íbamos. Le contamos que viajábamos a reunirnos con nuestra madre en Canadá, y como en secreto nos dijo “No dejen que nadie los derrote: floten como una mariposa y piquen como la abeja”. La reunificación familiar no fue como esperábamos. Mi madre estaba desesperada por abrazar a su hijo menor que tenía apenas dos años cuando ella dejó Filipinas, pero él no la recordaba y la empujaba insistiendo que su verdadera mamá estaba en la luna.
LABOR EXPORT POLICY Y EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS ORGANIZACIONES DE FILIPINOS EN EL EXTERIOR
La experiencia de mi familia no es un caso aislado. De hecho, la migración de filipinos tiene cientos de años, y sus raíces se anclan en el colonialismo. Ya en el siglo XVI el galeón que cubría la ruta Manila-Acapulco fue testigo de los primeros trabajadores filipinos migrantes que fueron forzados a trabajar en los barcos. Las crecientes necesidades de trabajadores de las potencias extranjeras encasillaron la migración filipina como mano de obra barata. Esa marca siguió hasta hoy y es una de las maldiciones que tiene la sociedad filipina hoy.
Sin embargo, la organización de los filipinos en el extranjero estuvo siempre. Las historias de amotinamientos en galones españoles y de marinos bajando de los barcos para establecer comunidades como Little Manila en Nueva Orleans (EE.UU) son conocidas. A fines de 1800 una clase media filipina emergente comenzó a educarse en universidades europeas, y prontamente esos jóvenes organizados fueron instrumentales en el debilitamiento del poder colonial español en Filipinas. La descripción y la evidencia que el poder colonial tenía, fue expuesta en las artes y la literatura, lo que se convirtió en una propaganda que inspiró a toda una generación de rebeldes anticolonialistas. Eso condujo a la Revolución Filipina de 1896 que clamaba por terminar con el colonialismo español. Desgraciadamente esa revolución fue traicionada con la introducción de los intereses imperialistas de Estados Unidos de América en los territorios coloniales españoles que comprendían Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas. El resultado de la guerra Hispano-Norteamericana y el infame Tratado de Paris fue que España le vendió Filipinas a Norteamérica por unos miserables 20 millones de dólares.
Ya bajo dominio colonial norteamericano, miles de filipinos fueron embarcados a trabajar en las plantaciones de Hawaii. Para 1928 -30 años después del Tratado- el 18% del total de la población de Hawaii era filipina. En 1924 las horrorosas condiciones laborales condujeron a una huelga de filipinos que duró 8 meses, y la brutal intervención policial dejó como resultado el asesinato de 16 trabajadores y la prohibición de residencia en esos territorios a los líderes sindicales, bajo el cargo ‘criminal’ de organizar un sindicato.
Hay que advertir que la migración no es un tema de ‘una sola vía’. Durante la Gran Depresión, el 40% de los filipinos perdieron su empleo y fueron repatriados a Filipinas, y los que lograron quedarse debieron trabajar en las factorías de pescado en Alaska o en los campos de frutales de la costa Oeste.
Algunos de los más notables filipinos que se quedaron en EE.UU. fueron Carlos Bulosan, Larry Itliong y Philip Vera Cruz. Los tres se involucraron en construir organizaciones obreras y fueron famosos por su lucha por los más desposeídos, con especial foco en los trabajadores migrantes, la discriminación y el racismo que se aplicaba a todos ellos.
Carlos Bulosan devino en un prolífico escritor de las luchas obreras y terminó en las listas negras del FBI por su trabajo sindical y sus escritos socialistas. En su batalla contra los Feds, impedido de trabajar, Carlos terminó sus días en serias dificultades, y falleció en Seattle tras sufrir una avanzada bronconeumonía.
Por su parte Larry Itliong y Philip Vera Cruz contribuyeron a organizar la AWOC (Agricultural Workers Organization Committee) con sede en Delano, California. La AWOC fue en sus comienzos una organización de trabajadores de la agricultura filipinos, que eran los que sufrían la mayor discriminación y condiciones de explotación por parte de los hacendados.
El 8 de septiembre de 1965, la AWOC decidió hacer una huelga contra los productores vitivinícolas que amenazaban con rebajar los salarios. La respuesta patronal a la huelga fue traer trabajadores mejicano-americanos, que estaban afiliados a la Asociación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (NFWA) que conducía César Chávez. Él y otros líderes del sindicato se reunieron con Philip Vera Cruz y Larry Itliong y decidieron juntar sus fuerzas, declarando una huelga general de trabajadores agrarios. Este es un momento clave en la historia de las luchas de los trabajadores agrarios en California, lo que luego llevó a que se juntaran y formaran la United Farm Workers (UFW) que tuvo a Chávez como presidente y a Philip Vera Cruz como uno de sus vice.
Philip renunció en 1977 cuando Chávez se abrazó en público con el dictador Ferdinando Marcos en su primer viaje a Manila. Y no sólo eso: Chávez invitó al ministro de trabajo del dictador filipino, Blas Ople, para dar un discurso en la Convención de la UFW, mientras mantenía amordazado a Philip. Esto fue lo que colmó el vaso tras una larga serie de desavenencias entre Vera Cruz y Chávez.
¿Por qué estas historias? Pues porque iluminan el intrincado y muchas veces complejo esquema de luchas de los migrantes. Para muchos filipinos en el extranjero, es imposible separar la lucha por la justicia en su país de residencia del desafío por una democracia genuina, la independencia y una paz duradera en Filipinas. Fueron esas injusticias en Filipinas (y en sus relaciones desiguales con otros países) las que impusieron el aspecto “forzado” de la migración filipina. Las injusticias en uno y otro lado potencian las luchas de los filipinos y sus organizaciones.
EXPORTANDO UN MOVIMIENTO DEL PUEBLO
A comienzos de los años 70, un movimiento de masas convocaba a la nacionalización de la industria y una verdadera reforma agraria revolucionaria. Ese movimiento era el ND- National Democratic, que crecía en todo el país. Eran constantes las protestas de estudiantes y trabajadores en los centros urbanos, en tanto que en las zonas agrarias grupos armados revolucionarios integrados por campesinos sin tierra guiados por el recientemente reconstituido Partido Comunista de Filipinas (CPP) y por el Ejército del Nuevo Pueblo (NPA) se expandían. En el intento por frenarlo, el gobierno de Ferdinand Marcos con el respaldo de Estados Unidos (presidencia de Richard Nixon) declaró la ley marcial en 1972, prohibió las organizaciones de masas que crecían en las ciudades y lanzó una contraofensiva militar contra las milicias rurales.
Miles fueron encarcelados, torturados y ejecutados sumariamente, y al mismo tiempo el régimen censuró cualquier clase de medios independientes. Los activistas de las ciudades pasaron a la clandestinidad y continuaron organizándose en la ilegalidad. La respuesta del CPP fue aproximarse a muchos de los grupos de oposición, especialmente los clandestinos, y formaron el Frente Nacional Democrático de Filipinas (NDFP). A mediados de los 70, el Frente mandó enviados a Europa para obtener apoyos en contra de la dictadura filipina y convertirse en voceros denunciantes de la represión.
Al mismo tiempo, un creciente número de filipinos buscaron asilo político en el mundo, particularmente en Norteamérica, y ya en el exilio se integraban a las organizaciones filipinas en el extranjero que se oponían a la dictadura de Marcos. Eso incluyó a los que durante años habían salido del país bajo la Ordenanza 857 (EO857) conocida como “ley de remisión forzada”. Fueron éstos los primeros en dar forma al Philippine National Democratic Front. A decir verdad, a esta altura había millones de filipinos trabajando en otros países.
Miles fueron a Medio Oriente para trabajar en la industria petrolera y en la construcción de nueva infraestructura en el marco del boom petrolero de los 70. Otros miles fueron enviados a Hong Kong, Malasia, Singapur y Europa, para trabajar como empleadas domésticas. Y otros más fueron a Brunei, Sabah, y Japón para trabajar en las minas y en las industrias maderera.
Hay que decir que tras la caída de la dictadura de Marcos en 1986 las cosas no cambiaron demasiado. La LEP (Labour Export Policy) era demasiado útil para los recursos en dinero cash que precisaba el estado filipino, y tampoco importaba qué muñeco estaba al frente del gobierno si respondía a los intereses norteamericanos. Leyes y decretos nuevos aparecieron tras la desaparición de Marcos de la escena central, empeorando las vidas de los migrantes y sus familias, porque no hubo políticas conducentes a un genuino desarrollo nacional y democracia. Se firmaron nuevos acuerdos bilaterales donde Filipinas siguió siendo un “exportador de mano de obra” y varios países los receptores de esos brazos. Miles abandonando el país a diario y enviando remesas en dinero para los que se quedan. Las remesas en dólares del extranjero se convirtieron en el principal ingreso del país, ayudando a pagar la deuda externa y las crecientes acreencias internas. Aquel llamado a la industrialización del país y a terminar con la propiedad feudal de la tierra volvía a quedar como la alternativa más viable para Filipinas, que forzaba a sus habitantes a elegir entre migrar para comer o vivir en la más abyecta pobreza.
El objetivo central de las organizaciones en el extranjero cambió de derrocar al dictador Marcos a la lucha por los derechos y los beneficios sociales de los OWF y las familias que retornaban. En 1992, un congreso de organizaciones de migrantes filipinos en la zona del Pacífico asiático y de Medio Oriente constituyeron la Unión de Migrantes Filipinos (UMF), un nombre que luego se cambió a Migrante-APME (Asia Pacific and Middle East).
Esta organización fue la que lideró una campaña internacional en 1995 para frenar el ahorcamiento de una mucama filipina en Singapur. La chica, Flor Contemplación, fue condenada por matar al hijo de su empleadora y su niñera. Masivamente se creyó que el hijo del patrón, que sufría de epilepsia, se ahogó en la bañera, y el hombre en un ataque de furia asesinó a la niñera que lo cuidaba. Pero las dudas y sospechas no alcanzaron y Flor fue ajusticiada. Las organizaciones se fortalecieron al poner en evidencia la angurria de los gobiernos filipinos por las remesas de dinero de los migrantes y el abandono de los compatriotas en problemas en el extranjero.
En los años recientes, millones de migrantes filipinos en el extranjero y las familias que han regresado representan una fuerza enorme en las elecciones. Migrante International moviliza a sus miembros para los comicios, de modo tal de avalar a los candidatos progresistas y a aquellos con mayor sensibilidad popular, e impulsa a que los familiares en Filipinas hagan lo propio. Esto es lo que ha permitido que sean electos más representantes populares y que surjan más leyes que reflejan los intereses y necesidades de los millones de filipinos con familia en el extranjero. De este modo podemos decir que los migrantes filipinos en el extranjero son una fuerza política, y una pieza clave de muchas de las cosas que suceden dentro del país.♦♦
Andy Piascik, un autor galardonado que escribe para Z, Znet, Counterpunch y muchas otras publicaciones, entrevistó al profesor Epifanio San Juan, profesor emérito de Estudios Étnicos, Literatura Inglesa y Comparada, de la Universidad Politécnica de Filipinas, graduado en Harvard.
*¿Quién es el presidente Rodrigo Duterte y a quiénes y qué representa?
Durante 22 años, Duterte fue alcalde de la ciudad de Davao, el complejo urbano más grande de la isla de Mindanao, Filipinas. La revista TIME lo calificó como «el castigador» o “el justiciero” por ser el presunto organizador de los escuadrones de la muerte que eliminaban a los traficantes de drogas y ‘soldaditos’ a través de «ejecuciones extrajudiciales» (en inglés EJK). No se precisaban órdenes judiciales, ni arrestos. Los sospechosos eran liquidados en el acto. Ese es el modus operandi de hoy en todo el país. La ciudad de Davao se convirtió en la ciudad más segura o más pacífica en el sudeste de Asia, pero también fue llamada «la capital del asesinato» de Filipinas.
La adicción a las drogas es desenfrenada en Filipinas. Las administraciones anteriores o hicieron caso omiso o cobijaron a los barones de la droga de la mano de la policía y los oficiales militares, infectando comunidades pobres y generaciones de jóvenes desempleados y no escolarizados. Mis familiares en Manila y amigos en las provincias se han quejado de que sus hijos han sido corrompidos por la cultura de la droga en barrios y escuelas, de modo que cuando Duterte se postuló a la presidencia en mayo pasado, obtuvo 16 millones de votos (39% de los votos) casi 7 millones de votos más que su rival más cercano, Mar Roxas, nieto de Manuel Roxas, primer presidente de la República en 1946. Esto implica que la gente quiere un líder del gobierno que pueda librar al país de la amenaza de la droga.
*¿Es correcto decir que los votantes simplemente querían un cambio, independientemente de la plataforma de Duterte?
Tal vez en el exterior no se sepa, pero fue Estados Unidos quien estableció el sistema electoral en Filipinas. Las clases feudales manipulan para que el carisma de los famosos y los sobornos los que determinen el resultado, no la ideología. La democracia en Filipinas es en realidad el reino de una minoría privilegiada de terratenientes, capitalistas burócratas y socios comerciales de mega-corporaciones extranjeras (llamados compradors) que están por encima de las mayorías.
Todos los candidatos presidenciales prometen un cambio para mejor. En las últimas dos décadas, la demanda popular ha sido: deshacerse de la corrupción, las drogas, las violaciones, los asesinatos injustificados, etc. ¿Cuál es la situación social? Más del 75% de los 130 millones de filipinos están empobrecidos, sumidos en una miseria palpable. Eso es lo que determinó que más de 12 millones de personas se hayan ido a las más diversas partes del mundo para ganarse el pan: unos 5.000 filipinos por día salen para Hong Kong, Arabia Saudita, Norteamérica, Europa, etc. Es el programa OFW (Overseas Philippins Workers).
Los escasos empleos decentes, los salarios de hambre con contratos temporales, la vivienda no asequible, la falta de servicios médicos adecuados y de escolarización, son los síntomas terribles del subdesarrollo.
Por un lado esto ha empujado a millones de personas a irse del país; por el otro los han llevado a las colinas y a los bosques a tomar las armas contra un país injusto, cuyo ejército y policía son entrenados y financiados por el Pentágono, el FMI / Banco Mundial y los poderes capitalistas mundiales. El país es un caso perdido en Asia desde la dictadura de Marcos en los años setenta, superado por naciones-estados más pequeños como Singapur, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, etc.
Entonces, aunque Duterte fuera relativamente desconocido para el ambiente político de la capital, se forjó como una leyenda glamorosa sobre él, visto como un flagelo para los narcotraficantes, al punto de convertirse en un precursor del cambio. Su lema era: «El cambio está llegando», y el universo de votantes respondió a esta propaganda. El carisma de Duterte lo mostró ajeno a Max Roxas y su grupo, incluido el clan Aquino-Cojuangco, y los magnates corporativos de Makati (la Wall Street de Manila). El actual presidente no pertenece a las tradicionales dinastías de la élite, pero su campaña fue apoyada por algunos de los grandes dueños del país como la Floirendo Agronegocios y por inversionistas multimillonarios (Uy, Te, Alcántara, Villar) dedicados a la minería, los servicios públicos, la construcción con enormes contratos gubernamentales, etc. Tampoco podemos subestimar la contribución de la familia Marcos, que se sumó a los 4 millones de dólares que Duterte supuestamente gastó en la campaña. Este hecho explica por qué cuando asumió permitió el polémico entierro del cadáver de Marcos en el Cementerio Nacional de Héroes. El padre de Duterte, y otros parientes en Cebú, habían colaborado con el régimen marcial del dictador Marcos.
Duterte pertenece, pues, principalmente a una fracción hasta ahora excluida de los compradors de la clase burguesa, con vínculos con las grandes familias latifundistas.
Es un frente «populista» de la oligarquía parasitaria que ha dominado desde que los Estados Unidos gobernaron directamente al país de 1899 hasta 1946 como una colonia clásica y como una neocolonia pacificada durante la Guerra Fría y hasta ahora. El régimen de Duterte prolonga la moribunda estructura de las instituciones y las prácticas coloniales. Eso fertiliza las movilizaciones del campesinado, de los trabajadores, del estrato medio, de las mujeres, de los Moros y de las comunidades originarias Lumad, que se oponen a este status quo depredador.
Por otro lado, Duterte juega otra estrategia sacando a relucir su pasado juvenil con el movimiento nacionalista. Tácticamente, engañó a los líderes de BAYAN (la principal oposición legal antiimperialista) y a sus representantes en el parlamento para que se unieran a él contra la fracción oligárquica Roxas-Noynoy Aquino. Obviamente, necesitaba símbolos de cambio radical monopolizados por BAYAN, lo que reforzaba la imagen de ‘outsider’.
Parte de su estrategia es consolidar su base en la élite de Mindanao-Visayas y el dominio sobre el aparato estatal ideológico controlado por burócratas remanentes de las anteriores administraciones. En medio de todo esto, hizo sus altisonantes declaraciones contra Obama. Y a la vez las matanzas y la ola de críticas de Karapatan (ONG de monitoreo de derechos humanos), de grupos religiosos y asociaciones de la sociedad civil que lo acusaron por la «descarada impunidad» policial: una orgía de violencia policial y de terrorismo de Estado.
Entonces, consciente de esas críticas, Duterte ofreció reabrir las conversaciones de paz con el Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) y su brazo militar, el Nuevo Ejército Popular (NPA), que hasta ahora sigue siendo estigmatizado por el Departamento de Estado como ‘grupo terrorista’. Esto rompió el estancamiento en las conversaciones de paz que venía desde los regímenes Arroyo y NoyNoy Aquino. Duterte, además, hizo una simbólica liberación de 18 presos políticos y prometió conceder amnistía a 434 disidentes encarcelados. Todo este paquete hizo que ciertos medios proyecten a Duterte como un cruzado antiimperialista latino como Fidel Castro o Chávez.
* Durante un tiempo hubo rumores de un complot de la CIA para matar a Duterte. El ex presidente Fidel Ramos reprendió a Duterte por sus declaraciones anti norteamericanas. ¿Qué hay de todo eso?
Nada; era una técnica de publicidad calculada para desviar la atención del sangriento baño de sangre policíaco-vigilante. Washington y el Pentágono no tienen de qué preocuparse. La presencia militar estadounidense en todas las islas, legitimada por el Acuerdo de Asistencia Mutua de 1947 y el Tratado de Defensa Mutua Filiipino-Estadounidense, legitimado recientemente por el Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA) y el Acuerdo de Cooperación de Defensa Avanzada (EDCA), aseguran el dominio continuo del Pentágono de Washington sobre el ejército, la policía y varios organismos de seguridad. Con la asunción de Trump y su aprobación de los «campos de la muerte» de Duterte, el presidente filipino ha demostrado ser un demagogo astuto cuya popularidad, sin embargo, se está erosionando rápidamente ante las gigantescas protestas en todas las islas y entre la diáspora filipina alrededor del mundo.
Tal vez la gente fuera de Filipinas no lo sepa pero los tratados firmados con EE.UU. subordinan a las agencias de seguridad del Estado de Filipinas. Incluso la Corte Suprema y los tribunales de primera instancia siguen los protocolos de los Estados Unidos, como lo establecieron inicialmente dos misioneros civilizadores bien intencionados, el juez George Malcolm y el antropólogo David Barrows. El profesor Alfred McCoy ha documentado el papel de los militares pro-Estados Unidos en la revuelta contra Marcos en 1986, y en los golpes posteriores contra Corazón Aquino marcados por el asesinato de los militantes radicales Rolando Olalia y Lean Alejandro.
Al igual que el general Fidel Ramos, que sucedió a Corazón Aquino, todos los oficiales militares y policiales de Filipinas siguen el entrenamiento ordenado por Estados Unidos, adoctrinamiento ideológico y objetivos políticos.
Su logística, armamento y procedimientos operativos son trasplantados al por mayor del Pentágono y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, siguiendo los reglamentos del tratado. La ayuda militar a Filipinas aumentó durante las administraciones de Carter y Reagan en apoyo del asediado régimen marcial de Marcos. De 2010 a 2015, la ayuda militar norteamericana ascendió a 183,4 millones de dólares, además de otros numerosos intercambios diplomáticos y de capacitación, como la presencia activa de agentes de la CIA y del FBI que interrogan a los prisioneros en el cuartel general de la policía de Camp Crame.
A pesar de su fanfarronería y su exhibicionismo machista, Duterte es incapaz de detener los ataques del grupo de Abu Sayyaf, inspirado en Al-Qaeda, dedicado al secuestro extorsivo de Moros en Basilan y Sulu. Estos, al igual que la adicción a las drogas son un síntoma de un profundo y extendido cáncer social y político en la sociedad. Diversos estudios han demostrado que sus seguidores están financiados por políticos locales, funcionarios militares, empresarios e incluso por agentes encubiertos de Estados Unidos. Sólo una transformación radical de las relaciones sociales, de clase-raza, de la jerarquía del poder ligada a la propiedad y las oportunidades económicas, puede resolver los agravios de los pueblos BangsaMoro que han durado siglos.
Hoy por hoy, el gabinete de Duterte refleja la alineación coyuntural de clase en la sociedad actual. La vicepresidenta Leni Robredo (que renunció el diciembre 2016 por ‘irreconciliables diferencias’) representa a la oligarquía Roxas-Aquino que perdió las elecciones de mayo. A excepción de tres ministros progresistas, todos los funcionarios del gabinete de Duterte son pro-Estados Unidos, principalmente el Secretario de Defensa General Delfin Lorenzana y el Secretario de Relaciones Exteriores Alfredo Yasay.
*¿Hay otro motivo o propósito subyacente detrás de esta terrible guerra contra las drogas?
Seguramente hay una intención política mayor: dividir a tu enemigo, dividir comunidades, desmoralizar a la ciudadanía enojada. Hasta cierto punto, el clima de temor y terror ha sembrado animosidades entre los miembros de la clase media y ha incitado a antagonismos entre los lumpen y los ciudadanos de a pie hacia los sectores más acomodados. Mientras tanto, la policía altiva se pavonea por encima de todo el mundo, y hasta el momento no hay una sostenida oposición legislativa o judicial a este incesante poder ejecutivo coercitivo.
El presidente de la organización de derechos humanos Karapatan, Tinay Palabay, considera que la campaña contra las drogas es una cortina de humo: es el programa del Estado para perseguir la contrainsurgencia bajo la cobertura de una campaña hasta ahora bien intencionada. Las Fuerzas Armadas (AFP) han catalogado a los militantes nacional-democráticos como sospechosos de drogas, como es el caso del activista anti-minero Joselito Pasaporte del Valle de Compostela, Davao. O sea, hay una guerra de baja intensidad.
En 2014 la visita del papa Francisco motivó a cientos de familiares de desaparecidos a movilizarse y reclamar por justicia. Karapatan constató en los primeros 100 días de gobierno de Duterte 16 víctimas de asesinato político, 12 asesinatos frustrados, dos casos de tortura y nueve arrestos y detenciones ilegales, involucrando principalmente a pueblos indígenas en Sumilao, Bukidnon y granjeros masacrados en Laur, Nueva Ecija. Hasta el 12 de diciembre, el NDFP – National Democratic Front of the Philippines – ha documentado la muerte de 18 activistas, 20 supervivientes de intento de asesinato y 13.000 personas víctimas de evacuaciones forzadas de sus hogares. Eso sin considerar también 14.000 casos de escuelas, clínicas, capillas e infraestructura civil que se utilizan como cuarteles militares en violación de los acuerdos de paz y respeto de los derechos humanos firmado por el gobierno y el NDFP.
Las denuncias de la ONG Karapatan enloquecieron a Duterte que ha prometido matar a todos los activistas de derechos humanos.
Sus agentes ya están haciendo todo lo posible para sabotear y abortar las conversaciones de paz. Si se atreve a llevar a cabo esta pomposa amenaza, podría acortar drásticamente su propio mandato y estimular lo contrario de lo que quiere: la furia masiva contra el gobierno tiránico y la barbarie policial. La criminalización de las actividades políticas continúa con la detención de Amelia Pond, profesora de Lumad y de las Rural Missionaries of the Philippines, y del defensor de la paz, John Maniquez, acusándolos de asesinato, posesión ilegal de armas de fuego, etc. La coartada habitual para detener a los activistas, algo que resultó absolutamente bárbara en el caso de Morong (la detención de 43 trabajadores de la salud), durante el mandato de la presidenta Macapagal-Arroyo (2001-2010). La violación, la tortura, el robo, la amenaza de asesinato y el arresto sin orden judicial de civiles inocentes siguen siendo la fórmula del Estado para salvaguardar la paz y el orden en la sociedad.
*¿Qué pasa con las guerrillas?
El tamaño del NPA ha disminuido de unos 25-30 mil combatientes en los años 80 a menos de 15 mil hoy, pero su influencia ha aumentado varias veces. Esto se debe al deterioro de las condiciones socioeconómicas desde el derrocamiento de la dictadura de Marcos, y a la crueldad de los militares y de la policía en las comunidades rurales. Grandes áreas en Mindanao, Luzón y las Visayas están bajo el control de las unidades partidarias del NPA. Mientras tanto, el MILF- Frente Moro Islámico de Liberación, sigue preservando y defendiendo sus zonas liberadas de las incursiones del ejército. Lo que ha cambiado es el carácter, la calidad y la dirección de la guerra popular. El cambio hacia tácticas políticas y diplomáticas dentro de la estrategia de guerra prolongada inspirada en Mao, ha ganado enormes masas entre las organizaciones de mujeres, estudiantes, pobres urbanos y originarios Lumads.
Ningún violador de los derechos humanos ha sido arrestado y castigado, como por ejemplo los soldados culpables de las masacres. La escandalosa «cultura de la impunidad» florece, y todas estas pueden explicar la creencia de que, dada la burocracia corrupta y el sistema de justicia, la única alternativa factible es unirse a la lucha armada contra el sistema podrido e inhumano. Esta es la razón por la cual la insurgencia dirigida por el comunismo no puede ser derrotada, debido a sus profundas raíces en la revolución de 1896 contra la tiranía española y la resistencia contra la agresión imperial estadounidense desde 1899 hasta el presente.♦♦
“SOY UN TRAFICANTE, NO SIGAS MI EJEMPLO”
Esto dicen los carteles escritos sobre cartón dejados junto a los cadáveres que se ven por todo Filipinas. Más de 6 mil personas fueron asesinadas desde que el 30 de junio de 2016 asumió su cargo el nuevo presidente Rodrigo Duterte. Y el número va en aumento. La mayoría de los filipinos parecen conformes con esta ‘guerra contra las drogas’. Otros están alarmados por la brutalidad de estas matanzas.
La cruzada anti-narcóticos era una promesa de campaña que catapultó a la primera magistratura del país a Duterte, y está cumpliéndola. Apodado El Justiciero, Rodrigo Duterte está convencido de que su plataforma de ‘paz y orden’ focalizada en la eliminación del negocio narco y sus delitos conexos va a estimular mayores negocios, inversiones y turismo para el país.
La cifra es impresionante: al 20 de diciembre de 2016 unos 950 mil dealers y adictos se rindieron a la policía y más de 41 mil reconocidos traficantes fueron detenidos. La policía afirma que ya hay una considerable reducción de delitos callejeros, especialmente en la capital, Manila.
Con todo, la guerra contra las drogas tiene al país polarizado: la última encuesta revela que el 85% está satisfecho con el mazazo de Duterte contra los narcos pero el 71% cree que es muy importante que los sospechosos sean arrestados y no asesinados por la policía.
La sociedad filipina es consciente de las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos extrajudiciales de Duterte. En la práctica los que aparecen muertos son identificados indiscriminadamente como ‘adictos’ o ‘traficantes’ pero no han tenido el debido proceso y se están violando sus derechos legales y constitucionales. Simplemente les dispara la policía o bandas armadas que operan para la policía.
El gatillo fácil y los apremios no siempre se ‘corporizan’. Funcionan como la amenaza latente. Los temores de que el presidente castigara a quienes celebraban el año nuevo con petardos, provocaron una «notable» disminución de las lesiones. Con satisfacción el secretario de Salud, Paulyn Ubial, dijo que las lesiones durante las fiestas fueron las más bajas en 10 años, tras la prohibición presidencial de los petardos, algo que Duterte implementó cuando era intendente de su ciudad natal, Davao.
«La gente ahora tiene miedo de encender petardos debido al presidente», dijo Ubial, «tienen la impresión de que de alguna manera serán atrapados o serán castigados», subrayó sin ruborizarse.
El presidente también prometió implementar medidas de ley y orden «al estilo Davao» a nivel nacional, incluyendo la prohibición de fumar en restaurantes y hoteles, y reducir el consumo de alcohol en lugares públicos.
Mientras el Banco Mundial afirma que Filipinas ha logrado disminuir la desocupación al 4,7%, que el 63% de la Población Económicamente Activa está empleada (la mitad en el sector servicios y casi el 30% en el campo), que la esperanza de vida trepó a 68 años, y que el PBI pasó de 33 mil a 293 mil millones de dólares desde 1980 al 2015, el país arrastra una muy injusta distribución de los ingresos.
Duterte es la fuente de inspiración para el gatillo fácil policial que se activa para cualquier sospechoso que se resiste a un arresto. “Hagan su trabajo, y si cumpliendo con su deber matan 1000 personas es porque están haciendo su trabajo, y yo los voy a proteger”, dijo en julio apenas asumió la presidencia. A esto se le agregan las milicias armadas y civiles de a pie que reciben una compensación de hasta 1 millón de Pesos filipinos (20 mil dólares estadounidenses) por capturar vivo o muerto a un jefe narco.
¿Por dónde pasa la preocupación de la mayoría de los filipinos? Entienden que la lucha contra las drogas es positiva pero temen ser ellos mismos o sus conocidos víctimas de las bandas armadas-justicieras. Y ese temor se ahonda cuando es el propio Duterte quien sale a declarar: “En Davao yo mismo salía en una gran motocicleta a patrullar las calles para buscar a quien matar. Claro que lo hice, porque había que mostrarle a los policías que si lo podía hacer yo, ¿por qué no podían hacerlo ellos? Duterte luego se desmintió pero…
Las Naciones Unidas condenaron recientemente al gobierno de Duterte por la cantidad de muertos atribuidos a operaciones policiales y de las centurias armadas. En particular, el Comité de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos criticó la orden de disparar a matar sin evidencia comprobable contra los dealers y adictos, lo que desvaloriza el lugar de la justicia. Del mismo modo, la Corte Internacional de Justicia repudió la exacerbación oficial para las matanzas policiales, amparadas en la ‘lucha contra el narcotráfico’, lo que se convirtió en un severo crimen contra la humanidad.
¿POR QUÉ NO FUNCIONAN LAS ‘GUERRAS CONTRA LAS DROGAS’? EL CASO TAILANDIA
Al igual que la campaña de Duterte, el ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra lanzó en 2003 su propia guerra contra las drogas, calificando a los traficantes como enemigos del estado y patrocinó el asesinato de miles de sospechosos. Las operaciones antidrogas se hicieron en colaboración con los gobernadores locales y la policía. Estos funcionarios armaron varias «listas negras» que incluían los nombres de sospechosos de ser narcotraficantes, lo que condujo a su detención y, en muchos casos, a ejecuciones extrajudiciales. A la policía tailandesa se les asigna una cuota y una recompensa para que maten a los presuntos traficantes y/o adictos, incluso sin pruebas sólidas contra ellos.
Después de varios años, las investigaciones locales e internacionales sobre la guerra contra las drogas de Thaksin comprobaron que la campaña fue desastrosa. Según la Oficina de Control de Narcóticos de Tailandia (ONCB), de las miles de personas muertas como parte de esta ‘guerra’, la mitad no tenían nada que ver con las drogas, y lo que es peor, muchos señores de la droga se salvaron: los que cayeron fueron los pequeños dealers, los traficantes de drogas que estaban más abajo en la pirámide del poder.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sostiene que las rutas de drogas de Myanmar-Laos-Tailandia permanecieron intactas.
Se cree que este llamado Triángulo de Oro, que es uno de los centros más grandes de producción y tráfico de drogas del mundo, está protegido por la burocracia del país y las élites empresariales.
Es decir, que aunque hubo una reducción significativa en el uso y el comercio de drogas en Tailandia, las consecuencias fueron devastadoras. El principal factor fueron las ejecuciones sumarias basadas en «listas negras» que también incluían a personas sin conexión con las drogas. Además, se afirma que la cultura de la impunidad, la corrupción desenfrenada, la falta de profesionalismo policial y los vínculos entre los narcotraficantes y las élites políticas hicieron que la guerra de Tailandia contra las drogas fuera ineficaz a largo plazo.
EL SUDESTE ASIÁTICO ENSALZA A DUTERTE
A pesar de sus muchas controversias, la guerra contra las drogas de Filipinas se ganó el apoyo de sus vecinos de la ASEAN. Brunei, Camboya y Singapur elogiaron públicamente la cruzada antinarcóticos de Filipinas durante las recientes visitas estatales de Duterte a estos países. Indonesia está contemplando imitar la actitud de Duterte contra los jefes narco, a pesar de tener leyes anti-drogas de las más duras del mundo. Mientras tanto, otros países de la ASEAN observan en silencio cómo evolucionará la guerra de Filipinas contra las drogas y monitorearán su impacto.
Tal como señala Andrea Chloe Wong, Catedrática de la Universidad Miriam College de Manila, en 2017 Filipinas asumirá la presidencia de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) integrada por 10 países, y es muy probable que el gobierno de Duterte ponga al tope de la agenda regional su modelo de política antidrogas intentado que se convierta en una política del conjunto de los miembros. A priori, es una campaña positiva. Sin embargo, esa defensa bienintencionada al mismo tiempo pone a Filipinas en el centro de atención por sus métodos despiadados y por las evidencias crecientes de atropellos de los derechos humanos de inocentes.
El nuevo paso que pretende lograr el presidente Duterte es volver a disponer de la Ley Marcial que impuso Ferdinand Marcos en los años 70, que es parte de la historia más negra y macabra del país. La proclama 1081 que colocó a Filipinas bajo la Ley Marcial fue firmada por Marcos el 21 de septiembre de 1972. El 23 de septiembre, exactamente a las 7:15 pm, apareció en la televisión para anunciarlo formalmente. En tiempos de Vietnam, Marcos citó la creciente amenaza del comunismo para justificar la Ley marcial. El argumento formal fue la presunta emboscada del entonces secretario de Defensa Juan Ponce Enrile, que la “en una necesidad». Enrile, en sus memorias y documentales de 2014, insistió en que todo era real. Sin embargo, la Gaceta Oficial afirma en 1986 que el propio Enrile reveló que la supuesta emboscada fue una puesta en escena para justificar la Ley Marcial. Duró 10 años.
Según Amnistía Internacional, unas 70.000 personas fueron encarceladas, 34.000 fueron torturadas y 3.240 fueron asesinadas durante la vigencia de la Ley Marcial, de 1972 a 1981. Las personas consideradas como subversivas fueron torturadas por diversos medios, incluyendo electrocución, asfixia de agua y estrangulación.
Etta P. Rosales, que encabezó la Comisión de Derechos Humanos de 2010 a 2015 y fue parlamentaria por el partido Akbayan en la Cámara de Representantes de 1998-2007, sostiene “hubo más de 75.000 objeciones y comentarios para dar de baja y limitar la Ley Marcial en la nueva Carta Magna de 1987, debatida y aprobada tras la caída de Marcos”. Se modificó así un universo de disposiciones de 1935 sobre la Ley Marcial. Los abusos brutales cometidos por Marcos como dictador, que resultó en múltiples violaciones a los derechos humanos que van desde detenciones ilegales, torturas, violaciones y homicidios sumarios, fueron registrados oficialmente por la Junta de Reclamaciones. La Junta, creada por la Ley de la República 10.368 debía calcular la cantidad de compensación y la reparación por daño a los demandantes individuales.
“Como si eso no hubiera ocurrido, afirma Etta P. Rosales, lo que presenciamos hoy es un clima de violencia y de impunidad grave y mórbido que tolera el gobierno de Duterte cuando admite más de 6.000 homicidios sumarios en el plazo de 6 meses, 2.000 legitimados bajo operaciones policiales y 4.000 en circunstancias misteriosas”. 
Duterte está decepcionado porque el Congreso no quiere modificar lo que se aprobó constitucionalmente y fue ratificado por el voto popular con el 76% de aprobación. Pretende que el Poder Ejecutivo tenga las manos libres y no que lo que hoy estipula la Constitución: la declaración de la ley marcial sólo pueda imponerse por la amenaza de invasión o rebelión, cuando la seguridad pública así lo requiera, y acompañada de un informe escrito o verbal al Congreso dentro de los 48 horas, con una duración máxima de 60 días.
Duterte juega varios juegos. La guerra de baja intensidad parece ser el que más le interesa.♦♦
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