PERÚ: EL TRIÁNGULO COVID DEL OLVIDO

Alberto Chirif lleva medio siglo trabajando con los pueblos indígenas de la Amazonía peruana sobre temas relacionados con sus derechos colectivos, en especial los referidos a tierras y territorio. Es antropólogo, y a diferencia de muchos otros estudiosos -no solo del Perú-, reside en Iquitos, muy próximo a las comunidades que acompaña.

La pandemia de coronavirus obliga a Chirif a permanecer más tiempo en su casa, de donde sale para comprar lo indispensable. Desde allí atiende a nuestra revista www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis, sin salir del asombro por la crudeza del impacto que la crisis sanitaria mundial está provocando en la zona amazónica, que él evalúa como inédita en comparación con cualquier otro hecho del pasado.


Alberto Chirif - Foto Facebook CAAP

Afirma sin tapujos “el ser humano es un personaje que disturba la naturaleza y se cree dominador, es el que genera estos fenómenos y hace que toda la humanidad tenga que pagar por los desatinos que se cometen contra la naturaleza. Siempre apuesto a que se aprenda de experiencias anteriores, a que desde los poderes máximos del país se imaginen mejores soluciones, pero no es el caso. Se han vuelto a repetir gobiernos ladrones, abusivos y prepotentes que han favorecido a sus amigos, a los más ricos, a desgravar impuestos a las empresas, mientras se ajustan los bolsillos de los sectores populares y no se les dan los servicios…

“En la Amazonía, las problemáticas y carencias se multiplican exponencialmente. El riesgo aquí, y en las comunidades, es muy alto. No me he puesto a pensar qué medidas se podrían tomar ante esta situación extremadamente compleja, pero con una población numerosa, en zonas tan dispersas, de difícil acceso y poco informada sobre la gravedad de lo que se viene… el panorama es muy preocupante”, comenta el antropólogo quien considera que, “cerrar la selva al 100% es, simplemente, imposible”. Admite que, “cada día que pasa, la conciencia colectiva ha sido mayor, con más uso de mascarillas cubriendo los rostros y, poco a poco, el tránsito cesa, pero, ¿y selva adentro, en las comunidades?”

Chirif pone el acento en esas comunidades sin dejar de remarcar las carencias en las ciudades. Pero tras décadas de trabajo con los pueblos nativos, que comen y se curan con sus propios recursos, recuerda la respuesta tajante que le dio un anciano awajún al preguntarle qué significaba, para él, la carretera. “Es el lugar por donde entran las enfermedades”, le dijo.

“La atención y la presencia del Estado en el campo de la salud es prácticamente nula. En 2013 hice un diagnóstico en la zona petrolera conformada por los ríos Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes, en la zona norte de la región Loreto. En el Corrientes, donde se había generado un fondo especial para atender el tema de salud y se habían construido postas, no encontré médicos. No querían ir, se negaban. Cuando sugerí a la DIRESA (Dirección Regional de Salud) que incrementaran la presencia de enfermeras, porque ellas sí estaban haciendo una gran labor y tenían más empatía con la población y mayor capacidad de comunicación, los médicos de esa dependencia reaccionaron de forma airada y me dijeron que yo menospreciaba el trabajo médico. Les dije que no era eso, sino que simplemente no querían ir a trabajar en las comunidades porque no querían alejarse de su ciudad, de sus familias, porque no tenían comodidades y porque pensaban que era una especie de desprestigio para ellos estar en un puesto médico rural… Sí, la presencia del Estado es muy débil.

Es claro que el Estado no tiene capacidad de gestión de su territorio. Es demasiado grande e implica demasiados conceptos sociales y culturales que el Estado no tiene capacidad de conocer. Si el Estado fuera más inteligente y pudiera entablar diálogo con las organizaciones indígenas awajún, wampís, achuar y otras, que vienen desarrollando estrategias para tener un mayor control y decisión sobre sus territorios, podría desarrollarse ‘un nuevo tipo zonificación’ del país, donde los territorios indígenas fueran considerados como jurisdicciones con autonomía de gestión. Sin embargo, esto es difícil en Perú, un país donde el poder central tiene una visión de sí mismo que no corresponde con la realidad: es muy presuntuoso pensando que él puede gestionar el territorio”.

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La región amazónica peruana tiene tres grandes departamentos: Loreto, Ucayali y Madre de Dios, todos vecinos con Brasil, y algunos además con Bolivia, Colombia y Ecuador, y otros departamentos colindantes que son Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Puno.

El CAAAP – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica viene relevando el día a día de la pandemia, como parte de sus tareas que llevan años. En los tres departamentos de mayor extensión, se registraron no menos de 12.000 contagios y más de 1000 fallecidos, aunque en una nebulosa denominada ‘muertes sospechosas’, hay otros 1600 casos, lo que hace presumir (al igual que ocurrió en Ecuador y en Brasil, de un subregistro por parte de las autoridades).

Actualización - covid19- -13-junio 2020

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Loreto es una de las regiones que está pasando una situación crítica porque los niveles de contagio y muertes por Covid-19 son altos y su sistema de salud es precario. Asimismo, es una de las regiones que posee la mayor cantidad de comunidades indígenas amazónicas.

“El sistema estaba colapsado antes del Covid-19 y ahora está doble y triplemente colapsado. Hay deficiencia en el abastecimiento de instrumentales y medicamentos en los hospitales. Te mandan análisis que no pueden hacerse, porque no tienen reactivos o los aparatos necesarios, te recomiendan medicamentos que no existen en la farmacia del hospital, entonces tienes que comprarlos en las boticas aledañas”, afirma Chirif.

"El gobierno peruano tiene un programa llamado PIAS: Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social. Un programa para la parte baja de la Amazonía en la que la única vía de comunicación son los ríos navegables, para atender a las comunidades mediante servicios que se llevan en embarcaciones de la Marina Peruana. En el caso de los pueblos indígenas, este sistema debió haber sido activado desde el inicio de la pandemia para, de manera regular, cada mes atender a las comunidades y caseríos ribereños, e intentar así paliar la situación de angustia, escasez y falta de atención de la gente que vive en los ríos. Las embarcaciones hubieran llevado alimentos, dinero (el Estado ha determinado un bono mensual para los ciudadanos indígenas y, en general, para los de menores ingresos) y atención médica, y le darían presencia al Estado.

En momentos tan graves la gente tiene que sentir que hay un Estado que la protege y en este momento no lo está sintiendo. Sin embargo, el PIAS no fue activado, alegando de que era costoso hacerlo.

La alta vulnerabilidad es incluso mayor en lugares periféricos de Iquitos o Pucallpa. En la parte baja del Belén hay pobladores que viven en casas de madera, muchas de ellas flotantes en el río, que no tienen una verdadera separación entre sí. Se abastecen de agua del río, que es la misma donde arrojan sus desperdicios. Allí la gente tiene condiciones mucho peores que en las comunidades. En ese sentido, y frente a la pandemia, las comunidades que están un poco más aisladas, tiene un bosque en mejor estado, algunas zonas no están contaminados por industrias extractivas petroleras y mineras, y tienen posibilidades de valerse del monte para su alimentación y su bienestar”.


Alberto Chirif señala con detalle el rol de las comunidades y del Estado en el control de los ríos y los territorios. “La población no enfrenta una pandemia con decretos burocráticos sino mediante la adopción de medidas concretas que apunten directamente a controlar los contagios. Si las instancias centrales del Estado bajaran al llano y coordinaran con las organizaciones de base y con sus propias dependencias que actúan en el terreno, sin duda que se podría potenciar las medidas que estas, basándose en su conocimiento de la realidad, están impulsando para combatir el COVID-19”, insiste.

El extractivismo tiene mil rostros. En el Perú existen dos actividades predominantes: la megaminería (ver reclamo de las comunidades https://observatoriopetrolero.org/carta-al-ministro-victor-zamora-desde-las-4-cuencas-se-solicita-activar-y-adecuar-urgentemente-intervenciones-de-emergencia-covid-19/), y la tala de bosques.



Antes de explicar a www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis un sinnúmero de acciones de las poblaciones para proteger sus territorios de la pandemia, el antropólogo señala: “Sabemos que el control de la ilegalidad no es efectivo. Si no, cómo se explica el fortalecimiento de carteles de la droga en la zona del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), o la expansión de los cultivos de coca en la triple frontera (Brasil, Colombia y Perú), en el distrito de Caballococha; cómo se explica la tala ilegal, que alcanza, de acuerdo a los especialistas, el 98 % de la madera que se explota en el país y otras actividades ilegales, cómo la minería aluvial que destruye bosques, contamina ríos, desaparece paisajes y explota a niños mujeres y adultos, principalmente en Madre de Dios”.

“La efectividad del control que ejercen algunas organizaciones indígenas se expresa en el bajo impacto que ha tenido hasta ahora el COVID-19 en ciertas zonas”.

  • En la zona norte, en la provincia de Datem del Marañón (Loreto), los Achuares, asentados en la cuenca del Huitoyacu, han cerrado el río e impuesto un control estricto del tránsito. Han rechazado las canastas con alimentos que mandan las municipalidades e incluso han indicado que ellos podían cuidar la frontera en su intento de evitar que lleguen soldados contagiados. Han acordado con el médico del puesto de Ullpayacu que la entrega de medicinas se deberá hacer en la comunidad kandozi de San Fernando, de donde ellos las recogerán para repartirla en las comunidades. También han cerrado la navegación por el río Huasaga.
  • Los Quechuas han actuado de manera similar en el Pastaza. Cuando alguien evade el control, las comunidades lo obligan a cumplir cuarentena, a veces en islas y otras en locales que han acondicionado. Lo mismo han hecho los Kichwas en el Tigre, quienes han establecido un protocolo que hoy la Municipalidad debe cumplir: dejar la carga de alimentos (y muchas bolsas con sal para conservar la carne de los animales que cacen y el pescado) en el puerto de las comunidades. Desde ahí, dos o tres autoridades jóvenes la recogen y la llevan al local comunal para distribuirla entre la población. Las bolsas son luego destruidas.
  • Los Wampis han establecido acuerdos con alcaldes y el personal de los puestos de salud para que las medidas que se tomen sean siempre fruto de coordinaciones con ellos. En varias comunidades de esa zona la gente prepara remedios de plantas, dado que las postas y botiquines comunales están desabastecidos. Saben que no podrán curar a la gente si el virus llega, pero, de ser el caso, no quieren que el virus encuentre personas enfermas. En coordinación con las religiosas radicadas en la comunidad de Wijint han organizado un curso sobre plantas medicinales para los promotores de salud.
  • Los Harakbut en Madre de Dios han cerrado todas sus comunidades a personas ajenas. Ni siquiera permiten entrar a sus paisanos que viven en ciudades y pueblos de la región por temor a que estén contagiados. Tampoco permiten la entrada de “yernos” mestizos, hombres que se han casado con mujeres harakbut para acceder a la comunidad. La comunidad de San José del Karene ha expulsado a los trabajadores que explotaban oro en el río Pukiri, y han confiscado su maquinaria, dando luego parte a la policía. Los dueños de estos petitorios mineros no pueden acercarse por las restricciones de transporte. Por ahora los Harakbut están en control de esa parte de su territorio. Además, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), las comunidades harakbut han cerrado el acceso a la Reserva Comunal Amarakaeri a toda persona foránea, y realizan patrullajes para prevenir cualquier entrada, principalmente de mineros. También otras comunidades de la cuenca del Madre de Dios, incluyendo Queros y Santa Rosa de Huacaria, han cerrado sus fronteras y están controlando el territorio. Se trata de un total de 37 comunidades lideradas por la Federación Nativa de Madre de Dios (Fenamad).
  • El presidente de la Central Ashaninla del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio, junto con la fiscal Yanet Velasco Castillo, realizaron un viaje acompañando al personal de la Red de Salud de la provincia de Satipo por las comunidades de la cuenca. No obstante las coordinaciones con la Red de Salud de la provincia de Satipo y otros actores locales, los dirigentes de CARE son conscientes de que ninguna institución que opera en la cuenca está preparada para un eventual brote del virus en las comunidades, y saben que las comunidades están desprotegidas. Dirigentes de CARE han realizado otros viajes a las comunidades con personal de la Red de Salud para informar sobre los protocolos de bioseguridad elaborados conjuntamente, y sensibilizar a los comuneros sobre la situación de emergencia.
  • La decisión de los ashaninkas de aislarse en sus chacras ha sido general, tanto en el río Ene, como en el Tambo, en Satipo y el Perené. La primera medida que adoptaron fue cerrar el ingreso a las comunidades a personas provenientes de la ciudad, incluso tratándose de paisanos, para los cuales determinaron locales donde deberían cumplir la cuarentena.
  • Los matsés de Angamos, en el río Yavarí (frontera con Brasil), expresaron hace una semana que el virus no había llegado. Por su parte, Claudio Wampush, alcalde awajun del distrito de Manseriche (Amazonas), se refiere a las principales medidas que han tomado para hacer frente a la emergencia. La primera es construir locales para aislar a los contagiados y a los que retornan de las ciudades: algunos llegan caminando desde la costa y otros por vía fluvial desde Iquitos. Los choferes de los camiones que llegan pasan por un periodo de cuarentena.

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Desde Iquitos, Alberto Chirif es contundente en evaluar lo que está sufriendo el Perú y el Amazonas: “No cabe duda que la pandemia es una tragedia que ha afectado a todos los países del mundo. Sin embargo, los impactos de esta tragedia perdurarán si no aprendemos de la experiencia para reorientar nuestro estilo de vida, lo que pasa por establecer una nueva manera de relación con la naturaleza. Es preciso descartar la absurda idea de que el ser humano está por encima de la naturaleza y la domina. Todas las civilizaciones antiguas han fracasado en este intento. El problema actual es que la interrelación entre los países implicará que la catástrofe sea global. Aprender de la experiencia pasa también por replantear las relaciones entre los seres humanos. El sistema actual se basa en la acumulación de riqueza en pocas manos, en mucha mayor cantidad de la que las personas necesitan para vivir con bienestar. Es una acumulación que solo se puede explicar por la patología de la avaricia. El problema es que esta 'enfermedad' causa graves consecuencia en la naturaleza y en una mayoría de seres humanos que no lograr ingresos que les permitan disfrutar de bienestar. La torta es finita, y si unos pocos la acaparan, impiden el disfrute de las mayorías. Si aprendemos esto, no habremos sufrido en vano la tragedia”.

Al cierre de esta publicación, Perú registraba 235.000 contagios y 7.000 muertos por coronavirus.

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