DEBATES: ¿TRABAJO ASALARIADO O SALARIO CIUDADANO?

Basta echar una ojeada al mapa para corroborar, con los diarios y los portales de noticias en la mano, que la ‘falta’ de trabajo es tema cotidiano y a repetición.


Desocupación, subocupación, contratos trimestrales, semestrales, anuales, rotación de jornadas y rotación de horarios; rotación de tareas y rotación de sucursales; pasantías, ‘a prueba’; trabajo on-line, trabajo fuera del lugar de trabajo y del turno asignado; doble asignación de tareas, multitarea; trabajo de suplente, personal transitorio, personal eventual. Estas y otras docenas son formas de la flexibilización laboral en cualquier país del mundo, en concordancia con el modo en que está estructurada la producción. La precarización ampliada.

Es una dinámica intencionalmente fragmentada y fragmentadora. Por un lado el ensamblaje de partes para convertirlas en objetos materiales, en bienes tangibles. Por el otro, y simultáneamente, el ensamblaje fragmentado de cerebros y de técnicas y habilidades humanas.

En cualquier caso, es la fragmentación y el ‘ensamblaje de unas partes’ lo que define a la dislocación del trabajo tradicional (aquel que la teoría define como fordismo). La fábrica, el trabajador, el salario, la patronal, el sindicato. ¡Pum! Estalló por el aire.

El capital disloca como política y fragmenta para rearmar objetos y humanos a discreción.

Esta brevísima semblanza es, además de objeto de interpretación de psicólogos, psicólogos sociales y psiquiatras que afrontan en sus consultorios a ejércitos de humanos dislocados y con pánico, un alerta: el trabajo asalariado como se conoció no existe más. Subsiste en escenarios cada vez más reducidos, dependiendo de factores tan diversos como la rama de la producción, la coyuntura regional e internacional en la que cada país está inserto, la fortaleza histórica o coyuntural de las representaciones sindicales, los marcos institucionales y normativos. Pero el grueso del mercado laboral del mundo se divide esencialmente entre los que no tienen ningún trabajo estable, los que tienen un trabajo no formal (en negro) y los que tienen trabajo precarizado. El mundo entero habla de desocupación y subocupación estructurales. Es, junto con la financiarización, el signo característico de la globalización.

¿Dónde se crea trabajo asalariado? En países cuya población es cuantiosa y tiene menor tasa de desarrollo socio-educativo-económico, y que como factor coadyuvante esa población ha sobrevivido durante mucho tiempo de la autoproducción en el campo o en el artesanado. La opción de ingresar en ‘la máquina salarial’ con horarios-lugar físico definido-dinero escaso pero asegurado para consumir, termina siendo (paradojalmente) un salto de calidad. Y un excelente negocio para el capital.



Sin embargo, esa foto que hoy describe el trabajo intensivo manual en un conjunto de países de Asia también comenzó a crujir. Los avances tecnológicos y de automatización reemplazan aceleradamente los brazos-productores, al tiempo que esos trabajadores y trabajadoras (particularmente en China) han producido huelgas masivas por aumentos de salarios del 60%, o más. La rueca se mueve desde hace unos años hacia África, última instancia en la cadena de los ‘necesitados’. El capital se desplaza en búsqueda de mayor ganancia y África es la última estación.

En el Hemisferio Norte, cuya población trabajadora ha sido precarizada durante décadas desde el inicio de la reconversión de la producción capitalista y su evidente fuga hacia Asia y el ‘toyotismo global’, se ha instalado la idea de una utopía hacia el pasado. El sueño de volver ‘a la época en que había trabajo’ (asalariado), y sobre ese sueño cabalgan los Trump, Le Pen y hasta los promotores del Brexit británico.

En verdad, el trabajo como inclusión en la vida social, como ascenso socio-económico, como ‘progreso’ está desapareciendo.

La pregunta que lleva al pánico y angustia es ¿yo de qué trabajo?, superponiendo a la categoría ‘trabajo’ la categoría ‘salario’. Porque para los nacidos entre 1925 y 2000, trabajo y salario funcionan en tándem, son inseparables.

Resulta como mínimo llamativo pensar que todas esas personas -las que trabajan con salario y las otras- pidan o reclamen al capital (o al Estado) la generación de “trabajo-salario”, y que no se vea ni en los intersticios de dos azulejos la prospectiva de trabajo como hecho creativo, no autómata, no rutinario, deseado, potente.

Parte de las preguntas que nos hacemos para estos debates son, entonces, ¿es posible que tras siglos de relación salarial (y disciplinamiento) el trabajo pueda desearse y convertirse en deseo-potencia en vez de yugo-alienación? ¿Qué clase de organización social y política diferente surgiría de una dinámica donde la centralidad del trabajo no sea el que conocemos como trabajo-disciplina? ¿El Salario Ciudadano o Renta Básica para el conjunto de los habitantes es una utopía o acaso la base para pensar una sociedad distinta? ¿Por qué los candidatos distintos de dos potencias como Gran Bretaña (el laborista Jeremy Corbyn), y el ex candidato socialista-demócrata norteamericano Bernie Sanders apoyan la idea del Ingreso Ciudadano?

Lo cierto es que Finlandia amaneció al 2017 con la implementación de un programa piloto, con el que reemplazará toda ayuda social condicionada. Será para 2000 ciudadanos desocupados elegidos por sorteo, y de ahí en adelante expandirlo. Las localidades escocesas de Fife y Glasgow esperan a que se establezcan los parámetros del programa este año. Y hay más ejemplos.♦♦


Debates sobre el salario será una serie que purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis  continuará analizando durante 2017. Iniciamos con una reflexión del profesor Franco ‘Bifo’ Berardi (Bologna- Italia) y el análisis del profesor Julio Leónidas Aguirre (Mendoza-Argentina).


Escribe Franco ‘Bifo’ Berardi, politólogo y filósofo italiano. Fundador de los grupos de pensamiento y acción Operaismo en Italia. Profesor de la Universidad de Bologna.

SALARIOS

A veces creo que Michel Foucault omitió escribir su libro más importante: uno sobre la genealogía del trabajo asalariado en la Modernidad clásica. Luego se me aparece un segundo pensamiento, y comprendo que todos sus libros sobre los lugares de encierro y la escuela y el panóptico y la tortura y la dominación biopolítica convergen en una obra monumental cuyo tema general es exactamente este: ¿cómo ocurrió que los seres humanos aceptaron y aún soportan el chantaje del salario para poder sobrevivir?

La persuasión totalmente extendida de que uno debe prestar su tiempo a cambio del derecho de disfrutar de lo producido con el trabajo y de la naturaleza no es una obviedad, y no está basado en una necesidad natural. En condiciones de escasez -que muchas veces son generadas artificialmente como en el caso de las tierras alambradas en la Inglaterra de los primeros tiempos modernos-, la gente se ve obligada a ceder su tiempo a cambio del dinero necesario para comprar lo indispensable para la supervivencia.

Pero hoy en día el régimen de la escasez es innecesario. La evolución técnica de las últimas décadas permitió una expansión tal de la productividad que hay abundancia de bienes. El tema es como se distribuyen. Pero ya no precisamos trabajar ocho horas por día. Precisamos menos, mucho menos tiempo de trabajo.

Pero claro: si la actividad humana no está sujeta a la extorsión salarial, se nos presenta un problema: la innovación técnica emancipa el tiempo del trabajo, y ese tiempo podría destinarse a actividades sociales que no pueden intercambiarse con dinero, sin por ello perder su autenticidad. Por ejemplo: la atención de la salud, la educación, el acompañamiento, la preparación de la comida, los cuidados. La innovación técnica ha creado la posibilidad pero estamos bloqueados e incapacitados para actualizarnos por el todopoderoso salario: sobrevivir a cambio del tiempo de trabajo.

Dicho de otro modo, el salario se convirtió en una superstición que prohíbe visibilizar algo tan claro como el agua: el trabajo es cada vez menos necesario para la reproducción de la vida, para la supervivencia. Y ese chantaje del salario deviene una tragedia para la innovación tecnológica, porque al ver las herramientas como una competencia,  esto hace que el conocimiento sea la causa del desempleo.

En este marco, algunos gobiernos están hablando de la Renta Básica o del Salario Universal. ¡Es fantástico! Pero no debería quedar reducido como una ayuda temporal para los que están marginalizados. Distinguir entre empleados y desempleados no tiene sentido. En el futuro el salario será reemplazado por el derecho universal a vivir.

El trabajo, remanente de un tiempo pasado, está felizmente desapareciendo.♦♦



EL INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL


Escribe Julio Leónidas Aguirre, miembro de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano y Co-Secretario de BIEN, la Basic Income Earth Network, organizaciones civiles orientadas a la difusión de la propuesta del Ingreso Ciudadano en distintas partes del mundo. Licenciado en Ciencia Política y en Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo y Doctor en Ciencia Política por la UNSAM. Becario Postdoctoral del CONICET y profesor titular de Teoría Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

De los múltiples cambios económicos y sociales desarrollados durante las últimas décadas, uno de los más destacados es el ocaso del llamado Estado de bienestar y el subsiguiente proceso de deterioro de la -inestable- asociación entre capitalismo y democracia, desarrollada por los países occidentales durante el siglo XX. En términos sintéticos, los arreglos institucionales que acompañaban a los Estados de bienestar de mediados del siglo pasado dotaban a la relación salarial de un conjunto de regulaciones que pretendían controlar el excedente bruto de explotación del capital y proveer de una amplia gama de servicios sociales a las clases trabajadoras. Con ello, se garantizaba la reproducción de las relaciones de producción capitalistas y al mismo tiempo se lograba mejorar la calidad de vida de las clases trabajadoras (aminorando con ello el conflicto social y sosteniendo así a las instituciones de gobierno de la democracia liberal).

De este modo, la relación salarial se transformaba en la institución central en torno a la que se negociaban los diversos acuerdos sociales que habilitaban la gobernabilidad democrática. Sin embargo, la aceleración de la globalización económica, la preeminencia del sector financiero y el desarrollo de nuevas tecnologías que cambian velozmente los procesos productivos, muestran indicios de que este modo de organización social basado en la relación salarial difícilmente pueda sostenerse en el futuro.

La destrucción de empleo “seguro” en todos los países del mundo (sin el desarrollo de nuevos sectores de la economía que absorban esa mano de obra desocupada), la deslocalización de empresas icónicas hacia países caracterizados por el “dumping social”, el acelerado ascenso del “precariado” como una nueva clase social caracterizada por su desarraigo tanto de los mercados de empleo como de las instituciones conexas de protección social, y la proliferación de nuevas organizaciones políticas (de derechas e izquierdas) que se oponen abiertamente a los acuerdos centrales de las democracias liberales, son sólo algunos de los indicios que recurrentemente son asociados con la crisis de la sociedad salarial y sus acuerdos políticos, sociales y económicos centrales.

En este contexto, ha recobrado vigencia una propuesta para la reconfiguración del modo de organización social, en particular de la protección social: el ingreso ciudadano.

¿QUÉ ES EL INGRESO CIUDADANO?

Ingreso Ciudadano (IC) es la denominación con la que se ha difundido en la Argentina a la propuesta que busca garantizar a todas las personas, de forma incondicional, un ingreso monetario suficiente para cubrir sus necesidades básicas. En términos operativos, es un ingreso pagado por el Estado a todos los ciudadanos del país sin exigir nada a cambio, indistintamente de si poseen o no un empleo remunerado y que sea lo suficientemente elevado como para evitar que nadie caiga por debajo de lo que se conoce como la “línea de pobreza”.

La Red Argentina de Ingreso Ciudadano[1] advierte que el concepto de ingreso ciudadano reconoce diversas acepciones en la literatura y en la experiencia internacional. Entre las más difundidas merecen citarse: “ingreso básico [basic income]; "subsidio universal" [universal grant, allocation universelle]; "dividendo social" [social dividend, socialdividende]; “salario del ciudadano” [citizen's wage, bürgergehalt]; “ingreso social” [social income, revenu social]; “renta básica”.

[1] http://ingresociudadano.org.arhttps://www.facebook.com/RentaBasicaArgentina/ 

La denominación ingreso ciudadano es particularmente importante debido al peso semántico del adjetivo ciudadano, el cual denota el criterio de adscripción asociado a la propuesta. En breve, la asociación entre un IC y la ciudadanía política permite no sólo dar cuenta del “título de derecho” para acceder al IC (sólo basta con ser miembro de la comunidad política), sino que también nos lleva a repensar las condiciones materiales necesarias para el ejercicio pleno de dicha ciudadanía. La ecuación sería: sólo a partir de brindar un ingreso suficiente a todos los miembros de la comunidad, a modo de derecho inalienable, es que logramos garantizar un piso de igualdad y libertad mínima que permita formas efectivas de participación política.


Dentro de los defensores del IC, y tal vez sea paradójico, hay posiciones de izquierda y de derecha, con diversas conceptualizaciones de la propuesta.

Estas son las principales características que se proponen en la Argentina para el Ingreso Ciudadano (que se asocian a las posiciones que a nivel internacional adoptan los partidarios de izquierda).

  • Es individual

El destinatario del IC es siempre el individuo. De este modo se favorece la percepción del IC como un derecho universal (erga homnes) exigible por todos los ciudadanos. Al ser el individuo la ‘unidad de percepción’ del “beneficio” y no la familia, se evita favorecer determinados tipos de arreglos familiares, ya sea vinculados a la cohabitación, el estado civil o la orientación sexual, y se terminaría con los problemas derivados de asumir que el ingreso se distribuye de forma equitativa dentro del grupo familiar.

  • Es incondicional

La condición es la ciudadanía. No se circunscribe a personas con un determinado nivel de ingreso ni en situación de desempleo, por ello no se requiere ningún tipo de control estatal ni test de recursos. El IC tiene como fundamentación normativa aspirar a garantizar a todas las personas las condiciones materiales para desarrollar una vida digna, sin tener que modificar sus estilos de vida, arreglos familiares o actividades laborales para lograr ingresar en el conjunto de los “calificados” o “aptos” para recibir un beneficio.

En este sentido el objetivo no es clasificar en “merecedores” y “no merecedores” de ayuda estatal a las personas en situación de pobreza; tampoco que el Estado se transforme en una suerte de “empleador-precario-en última instancia” de quienes son expulsados por el mercado de empleo; el objetivo tampoco es focalizar el asistencialismo para “combatir la pobreza” de modo “eficiente”, ni construir “capital humano” en aquellas personas “inempleables”. Por el contrario, la idea es generar una red de protección que garantice (sin mediaciones políticas ni burocracia) que nadie caiga por debajo de ella, evitando así la “trampa de la pobreza[2], la estigmatización de ser clasificado como “dependiente de ayuda estatal” y el prejuicio que considera que los pobres deben ser obligados a trabajar, a enviar a sus hijos a la escuela o ir al médico.

  • Es universal

Considerar al IC como un derecho universal implica cambiar el eje del debate sobre la política social: el rol social del Estado ya no sería combatir de modo eficiente la pobreza sino construir una comunidad de iguales, que no tengan una igualdad formal en sus derechos consagrados (por ejemplo el derecho a la educación) sino que partan de un piso de igualdad material que cristalice esos derechos (por ejemplo con un sistema de educación pública, gratuita y de calidad con bancos para todos). En este sentido, un Ingreso Ciudadano debe ser entendido como un derecho universal (tal como sucede con el derecho a votar), y no como asistencialismo.

  • Es monetario

El IC es siempre un beneficio económico pagado en dinero, y esta liquidez del dinero permite que las personas utilicen el beneficio para aquello que consideren su mejor uso, aumentando así su autonomía y permitiéndoles desarrollar sus propias preferencias de consumo. Se diferencia así de los beneficios otorgados en especias o en cuasi-monedas cuyo intercambio está limitado a una serie reducida de productos, servicios y oferentes, y que suelen asociarse a una visión peyorativa sobre los “beneficiarios” y sus opciones de consumo.

  • Es pagado Ex-ante

A diferencia de propuestas como las “transferencias condicionadas de ingresos” el IC, al no requerir condiciones, test de recursos ni probar contingencias particulares, es otorgado a los ciudadanos de manera preventiva configurando una verdadera red de protección que garantiza que ninguna persona caiga por debajo de la línea de pobreza. No hace falta perder tiempo y recursos administrativos para comprobar si efectivamente las personas se encuentran en una situación de pobreza, o si no logran conseguir un empleo remunerado u otra contingencia particular, simplemente es exigible por el hecho de pertenecer a la comunidad política que lo garantiza.

A su vez el IC afecta las expectativas y proyecciones a futuro, pues las personas pueden organizar sus planes de vida considerando la tranquilidad económica que les da un IC (por ejemplo, decidiendo continuar sus estudios o desarrollar un emprendimiento productivo en lugar de acceder a un trabajo no calificado).

  • Funciona como Crédito Fiscal Efectivo

La transferencia que involucra el IC opera como un “crédito fiscal” efectivo exigible al Estado por el monto del ingreso garantizado. En términos operativos, lo más importante de esto es que el IC facilita la integración del ‘sistema fiscal’ y el ‘sistema de transferencias públicas’, simplificando la relación fiscal entre el Estado y los contribuyentes lo que, a su vez, permite el diseño de mecanismos de financimiento al IC basados en las ganancias personales (lo que, como veremos más adelante, facilita que el IC sea financiado de modo progresivo en relación a los ingresos).

  • Reconoce el derecho a la existencia como base de su justificación normativa.

Como dijo Robespierre en un discurso en 1794: “De todos los derechos, el primero es el de existir. Por lo tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir; todas las demás leyes están subordinadas a esta ley social”. Reconocer el derecho a la existencia de las personas en sociedades mercantiles y monetizadas como las nuestras, implica la garantía de un ingreso. Si bien es evidente que un ingreso monetario básico no es suficiente para garantizar efectivamente todas las condiciones necesarias para una vida digna, sí puede argumentarse que esto puede ser el primer paso en la búsqueda de este objetivo.

Por ello el IC no pretende reemplazar a otras instituciones y servicios del Estado, por el contrario el mismo debe ser acompañado de todos aquellos mecanismos institucionales que pretendan conquistar diversos objetivos políticos propuestos por cada comunidad. Los defensores del IC consideran que éste puede, efectivamente, ayudar a conquistar las condiciones materiales necesarias para el ejercicio de la libertad.

 [2] Por trampa de la pobreza se entiende a la situación que se genera cuando los beneficiarios de una política de transferencias de ingresos condicionada -mediante un test de recursos- a no superar un determinado nivel de ingresos, toman la decisión de no generar fuentes autónomas de renta (como trabajar de forma remunerada) o generar fuentes de renta no registrada (como trabajar en negro), de forma tal que los ingresos extras producto de su trabajo no impliquen la pérdida del beneficio.

CRÍTICAS AL INGRESO CIUDADANO

Si bien la propuesta es muy simple, paradójicamente sus potenciales consecuencias son muy complejas, lo que ha generado un extenso debate en diversos ámbitos (académicos, políticos, etc.). Para poder abordar de modo relativamente simple este debate partiremos de algunas críticas a la propuesta para, luego, argumentar la posición de los defensores del IC. Las críticas al IC son, a la vez, “técnicas” y “éticas” pues se asocian a una interpretación de los posibles efectos del IC y a un juicio de valor respecto a los mismos.♦

  • Crítica 1. Incentivaría el “parasitismo”. La característica de incondicionalidad del IC lleva a que muchas personas crean que al no forzar a las personas a trabajar, éstas se tornarían masivamente a la vagancia. Este cuestionamiento, recurrente en posiciones políticas conservadoras, implica entender que las personas son naturalmente no-productivas y sus únicas motivaciones para trabajar son la obligación o necesidad.[1]

Existen, a groso modo, dos respuestas a esta crítica. La primera implica una revisión sobre qué actividades son tomadas en cuenta a la hora de construir la noción de trabajo. Normalmente por detrás de esta posición se considera sólo al empleo remunerado como trabajo socialmente productivo. Esta confusión entre empleo remunerado y trabajo, confunde la utilidad social del trabajo con su supuesto valor mercantil, por lo que se desconoce la utilidad social de muchas formas de trabajo voluntario[2] y, a la vez, desconoce el valor económico central de diversas formas de trabajo socialmente necesarias pero invisibilizadas, como el “trabajo doméstico” o el “trabajo de cuidado”.

La segunda respuesta es que aun cuando el IC se convierta efectivamente en un desestímulo para el empleo remunerado, debemos hacer algunas aclaraciones. Digamos en primer término que no es cierto que las personas sólo trabajen para cubrir mínimos de subsistencia, como lo demuestran la propensión de muchos a trabajar horas extras o a trabajar incluso pudiendo estar jubilados. Existen al menos dos grandes incentivos a trabajar más allá de la necesidad: el trabajo como una actividad de autorealización -más allá de la remuneración- y la propensión a consumir por encima de niveles básicos. Si se consideran ambas, hay pocos elementos para sostener que por recibir un ingreso básico las personas optarán masivamente por no seguir trabajando.

Vinculado a esto último es importante remarcar que (como se mencionó más arriba) la incondicionalidad del IC supera la “trampa de la pobreza” al no constituirse en un techo de ingresos que desincentive la búsqueda de empleo, como sí ocurre en algunos esquemas de transferencias condicionadas existentes. Con todo, consideramos que más allá de un prejuicio fundado en una visión negativa sobre las personas (en particular de los pobres), no hay razones suficientes para prejuzgar que éstas, al tener garantizado su mínimo de supervivencia, se volcarán masivamente a la “vagancia”.

Sin embargo, un IC sí desalentaría participar de determinado tipo de trabajo. Como muestra la experiencia de algunas sociedades prósperas, existen trabajos particularmente arduos o desagradables (como el saneamiento de cloacas o el tratamiento de residuos) que para lograr atraer a los trabajadores deben generar incentivos económicos y condiciones laborales particularmente atractivos. Un IC forzaría a que se generen incentivos especiales para la resolución de estas tareas o que se procuren los medios para hacerlas más sencillas a partir de la participación colectiva en su resolución total o parcial (por ejemplo, incorporando prácticas de reciclaje).

A su vez, un IC dotaría a los trabajadores de mayor poder de negociación a la hora de luchar por mejores condiciones laborales. En los estudios sobre sindicalismo se llama “caja de resistencia” a la masa de recursos con los que cuenta un sindicato para asistir económicamente a sus afiliados que, al estar en huelga, han perdido sus ingresos. Un IC funcionaría como una masiva “caja de resistencia”, tornando más creíbles las amenazas de paro y dotando a los trabajadores de una situación más favorable para negociar con la patronal, incluso a aquellos que lo hacen sin la protección de la acción colectiva sindical. Esto es lo que hace que el IC genere preocupaciones relevantes en el sector patronal, pues al empoderar a los trabajadores podría forzarlos a mejorar las condiciones laborales de una parte sustantiva de la clase trabajadora.

  • Crítica 2. El IC impide a las personas participar de las “virtudes del trabajo asalariado”. Como derivación de la crítica anterior, la idea de que un IC podría desalentar la propensión a trabajar “a como de lugar” genera preocupación en quienes consideran al empleo como una actividad central en la adquisición de “buenos valores” en la sociedad. Para dar respuesta a esta crítica, debemos hacer dos aclaraciones: 1) La desocupación en las economías capitalistas no es un problema “coyuntural” asociado a la responsabilidad individual, es un problema “estructural” mediante el que se ajustan los costos de producción. Ante esto, querer un empleo no es suficiente para conseguirlo. 2) El IC no implica un impedimento para que quienes quieran realizar un trabajo asalariado puedan hacerlo. Lo que sí hace es librar a las personas de la obligación de trabajar a como dé lugar: un trabajo forzado difícilmente pueda ser “virtuoso”.

Las supuestas virtudes del trabajo asalariado deben reunir una serie de condiciones pues no todo trabajo puede considerarse virtuoso; nadie puede argumentar que el trabajo esclavo en una fábrica textil o la explotación sexual puedan implicar alguna suerte de virtud. El mero hecho de vender mi fuerza de trabajo no implica una virtuosidad inherente, solo demuestra una necesidad ineludible. Debemos distinguir entonces entre un trabajo como medio de sociabilización y desarrollo personal, del simple empleo como medio de subsistencia. Por lo planteado en párrafos anteriores, el Ingreso Ciudadano puede orientar una transformación del empleo forzado en trabajo como autorrealización, permitiendo, realmente, disfrutar de las virtudes del trabajo e, incluso, aumentando la propensión a elegir libremente dedicarse a trabajos voluntarios o trabajos deseados aunque poco rentables o de tiempo parcial.

  • Crítica 3. Un IC no acabaría con los principales problemas de la sociedad. Esta crítica es un tanto trivial debido a que el IC no pretende superar cuestiones tales como la “explotación del hombre por el hombre”, el racismo o la violencia de género. Ya sea que asociemos los principales problemas de la sociedad al modo en el que ésta organiza su economía, a sus patrones culturales hegemónicos o a la estructura de las relaciones de poder político, no encontraremos en el IC la respuesta definitiva a ninguna de estas cuestiones, por lo que no debería presentárselo como una panacea que resolvería los males de la sociedad. Sin embargo, hay buenos motivos para pensar que el IC como un mecanismo para ayudar a conquistar mejores condiciones materiales para el sostenimiento de sociedades más libres, ya que permitiría construir una estructura social básica más justa y, así, aumentar la probabilidad de que futuras generaciones puedan organizarse para enfrentar con mejores herramientas sus desafíos.
  • Crítica 4. El IC supone costos financieros que lo hacen inviable. Toda política pública relevante genera costos económicos y políticos. El IC no escapa a esto, pero es muy distinto decir que para aplicar la medida hay que implementar varias reformas institucionales a decir que no puede hacerse. La mayoría de los estudios de factibilidad de un IC demuestran que es una política factible de aplicación[3] en diversos países sin generar cambios tan drásticos o difíciles como sus detractores quieren hacer creer.

No obstante, cómo financiar un IC es uno de los aspectos técnicos más relevantes de la propuesta y, a la vez, es uno de los factores que más marcadamente divide a los diversos grupos que lo defienden. Revisemos brevemente algunas cuestiones centrales del planteo de financiamiento realizado para países como Argentina.

-El primer punto a considerar es que en la actualidad existen decenas de transferencias de ingresos realizadas desde el Estado (desde las asignaciones familiares a las pensiones no contributivas). El primer punto para evaluar el financiamiento del IC es la integración de todas ellas, pues un IC las reemplazaría a todas, sólo debiendo ajustarse para aquellos casos en los que la transferencia preexistente era más elevada (o sea, si actualmente se recibe una transferencia menor al IC, esta se incrementa a partir del IC, si la transferencia actual es mayor, su monto se mantiene, pero a partir de un incremento sobre el IC).

-El segundo punto a considerar es que el Fondo desde el cual se financia el IC debe recibir ingresos de diversas fuentes fiscales. La más importante de ellas es el impuesto a las ganancias y bienes personales. Este impuesto es importante por dos cuestiones: por un lado genera ingresos suficientes para completar el financiamiento del IC y, por otro lado, permite que quienes tengan ingresos elevados paguen más de impuesto a esos ingresos que lo que reciben de IC, generando así que sean “aportantes netos”, lo que garantiza la progresividad del IC (una vez que se integran los sistemas de transferencias e impuestos) sin romper con el criterio de universalidad. Otras fuentes de ingresos, como por ejemplo montos especiales de IVA para bienes suntuosos, son también recurrentes en las propuestas de implementación del IC, generando efectos diversos y relevantes.

[1] Es destacable que esta crítica rara vez viene acompañada de un cuestionamiento al ocio de los ricos o las clases medias, muchos de los cuales viven de rentas sin jamás tener que participar del mercado de empleo (incluso su ocio suele despertar admiración y llena revistas de farándula). Pareciera que esta crítica está asociada a una mirada peyorativa sobre la “naturaleza” misma de determinados sectores de la sociedad.
[2] Podría argumentarse sin lugar a controversias que los rescatistas, los bomberos voluntarios o las personas que cuidan a personas abandonadas en hospitales públicos, son socialmente más útiles que los muchos empleados remunerados (como aquellos asociados al consumo suntuoso).
[3] Por ejemplo, ver: http://www.sinpermiso.info/textos/un-modelo-de-financiacin-de-la-renta-bsica-para-el-conjunto-del-reino-de-espaa-s-se-puede-y-es

Buena parte del debate en torno al IC se asocia a prever sus posibles efectos. Si bien existen experiencias de programas muy similares al IC (como el “Alaska Permanent Found Divident”) y algunas experiencias piloto a nivel local (en países tan distintos como Namibia, Holanda y Finlandia), lo cierto es que no contamos con la evidencia suficiente como para sostener categóricamente cuáles podrían ser los efectos de implementar un IC.

Sin embargo, la prescripción conservadora de no innovar en materia de desarrollo político e institucional debido a la impredictibilidad de los efectos, es un argumento muy débil y gastado que ha sido utilizado históricamente por las clases dirigentes para frenar inciativas tales como el voto universal o el Estado de bienestar.

Considero que incorporar el debate sobre el IC puede ser de provecho para todos aquellos preocupados por buscar nuevas alternativas a los problemas sociales apremiantes, pues a pesar de su simplicidad es una idea que nos lleva a revisar de modo directo muchos de los supuestos sobre el modo de organizar nuestras sociedades, en particular el rol del Estado y el empleo en la provisión de bienestar social. En este sentido, aquí sólo se pretende dar un puntapié inicial para abrir el debate.♦♦

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