BUENOS AIRES TIENE HAMBRE


EL NEGOCIO DEL HAMBRE EN LA RICA CAPITAL ARGENTINA


Pensar en el hambre de los hombres es la principal función del político, sostenía Emmanuel Lévinas en 'Modelo de Occidente (2006). El ‘hambre’ no incumbe sólo al nutricionista, al médico clínico, al estadista o al psicoanalista, sino que constituye la preocupación específica del quehacer político. ¿Por qué? Porque la economía, la administración y distribución de los bienes del hogar, principalmente de aquellos bienes escasos como los alimentos, sería para el pensador lituano el problema político fundamental.

La falta de comida, la inflación, la pobreza y la especulación son los cuatro puntos cardinales que orientan la política, una que en el ‘nuevo orden mundial’ gobernado por la lógica del capital se devela como política del hambre”.

Esto es parte de lo que sostiene el Doctor en Filosofía Sebastián Chun, en “El hambre que asedia el capital: la deconstrucción como crítica al liberalismo”, publicado en 2018. Y agrega:

“El hambre pone en crisis la lógica liberal porque alienta la transgresión, pues buscan reducirla, hipócritamente, al mismo tiempo que la producen. Abandonar la satisfacción de las necesidades básicas a la libre competencia y la voluntaria realización de contratos en el gran escenario del mercado mundial implica, necesariamente, la desprotección de aquellos que resultan ‘menos capaces’ a la hora de acumular propiedades.

Esta desventaja redunda en una situación desigual a la hora de establecer esa supuesta equivalencia entre contratantes y competidores, inequidad que puede desembocar en un grito hambriento que haga temblar el orden mercantil (…)

La política del hambre se entiende no sólo como el disciplinamiento ejercido sobre los excluidos de siempre, sino también como la instancia decisiva sobre la-vida/la-muerte de los miembros del cuerpo político. El político distribuye el hambre, distribuye la escasez y la falta, y también protege el aumento de precios.”



HAMBRE EN BUENOS AIRES


La capital argentina es una de las más ricas del mundo. Sin embargo, hay casi medio millón de personas, sobre una población menor a 3 millones, que está por debajo de la línea de pobreza: en términos técnicos, son indigentes. Para no caer en la indigencia, según el INDEC, una familia con dos hijos menores de 12 años -sin considerar el costo del alquiler- precisa unos $ 45.000 al mes.


Se hace imprescindible una radiografía breve. Saber dónde estamos, porque los números hablan.

Desempleo en Ciudad de Buenos Aires (a julio 2020): 212.000 personas o el 14,7%

Sub-empleo en Ciudad de Buenos Aires (datos a julio 2020): 180.000 personas

Total de personas adultas con problemas de empleo: 400.000, o el 27%


Distribución del desempleo en la Ciudad de Buenos Aires

En la zona Norte de CABA afecta al 8,6% de la población

En la zona Sur de CABA afecta al 21% de la población


Ingreso familiar promedio en Buenos Aires: $ 63.000

Ingreso familiar (mes) en zona Norte de CABA: $ 82.000

Ingreso familiar (mes) en zona Sur de CABA: $ 47.000


Distribución del ingreso en la Ciudad de Buenos Aires (a julio 2020)

El 19% más pobre apropia solo el 4,6% del ingreso,

El 28% de clase media-baja, solo el 16% del ingreso

Esto revela que el 47% vive con poco más del 20% de la riqueza que genera la Ciudad.

El 19% de clase media se apropia del 18%, y

El 34% más rico se apropia del 61% del ingreso


En los últimos 5 años, el sector más rico pasó a apropiarse de casi un 3% más de la riqueza de la Ciudad (ver https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=44081).



RODRÍGUEZ LARRETA Y SANTILLI EN PANDEMIA


Entre 2015 y 2019, el período que coincide con la presidencia de Mauricio Macri en el país y de Horacio Rodríguez Larreta de la Alianza Cambiemos en CABA, hay una involución de las capas medias de la Ciudad: casi 70.000 personas caen de los sectores medios, y 77.000 personas pasan a la indigencia. En total, entre población pobre e indigentes, se trata de 1 millón de personas (37,5%)

Según el economista Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – YPyPP, “los datos del segundo trimestre 2020, en el marco de cuarentena y de pandemia, son preocupantes. Ese dato de ‘indigencia’, que estaba en el 6,5%, salta al 15,79%...casi medio millón de personas en la indigencia, que es la línea del hambre.

El GCBA nunca careció de los recursos para afrontar la situación: incluso en pandemia y con caída de recaudación, el gobierno porteño terminó el semestre con superávit. Es decir, que a Rodríguez Larreta-Diego Santilli le sobraron 17 mil millones de pesos en la primera mitad del año. Claramente, no porque faltara en qué gastar esos recursos: alimentar a los más necesitados, resolver la problemática del agua potable, asistir a los geriátricos. Decidieron guardar el dinero en caja”, remarca Lozano.


En ese contexto, el hambre es un negocio, como lo explica a www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis, María Eva Kousovitis, ingeniera y participante del Frente Salvador Herrera.



“Antes de la pandemia, 110.000 porteñas y porteños recibían diariamente asistencia alimentaria (almuerzos, meriendas y cenas), a través de comedores comunitarios de los barrios populares. Se trata del programa de Atención a Grupos Comunitarios, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El GCBA contrataba a empresas (intermediarios) que proveían de raciones crudas a los comedores. Allí, las mujeres trabajadoras comunitarias, recibían el alimento crudo a granel, lo manipulaban, cocinaban y entregaban. Ese trabajo nunca fue reconocido ni obtuvo compensación salarial.

Al estallar la crisis sanitaria del COVID-19, debieron cambiar el sistema porque la gente no podía agruparse y comer ahí; pasaron a entregar las viandas puerta a puerta. ¿Son esenciales o no? Lo son. Pero no tuvieron protección. Muchos comedores empezaron a cerrar porque quienes se encargaban de sostenerlos se contagiaron y varios referentes comunitarios fallecieron: Gladys Argañaraz, Ramona Medina, Víctor Giracoy, Agustín Navarro, y tantas/os otros/as.”


María Eva Kousovitis explica que “el Gobierno de la Ciudad, tras la Emergencia Sanitaria que decretó el Poder Ejecutivo Nacional, decidió que el tema saliera del área del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y quedara bajo el ala del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), específicamente de la Subsecretaría de Inclusión Social y Hábitat, que pasó a entregar bolsones de alimentos, al reconocer que:

las personas de bajos recursos que viven en los Barrios Populares, asentamientos y Complejos Habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sufrido una notable discontinuidad y/o pérdida de sus ingresos durante la actual cuarentena.

Dicho de otro modo, se puede decir que la pandemia ha impactado sobre los ingresos de estos hogares, cuya subsistencia inmediata depende de lo que día a día obtienen con el fruto de su trabajo (…); existe una manifiesta imposibilidad de las familias de los hogares vulnerables de la Ciudad de cubrir por sí -tal como lo hacían antes de la pandemia- el costo de los alimentos necesarios para su subsistencia.

Ello debido a que los salarios informales que normalmente percibían, se encuentran actualmente disminuidos o interrumpidos como consecuencia de la suspensión de las actividades productivas en el marco del mencionado Aislamiento social preventivo y obligatorio.

De lo expuesto hasta aquí se desprende que los habitantes que residen en los Barrios Populares, asentamientos y Complejos Habitacionales en los que este Instituto de Vivienda interviene padecen en mayor medida la vulnerabilidad en el acceso a los alimentos”



Esos 10.000 bolsones al mes son el negocio en cuestión.


Kousovitis desentraña el negocio. “En primer lugar, se trata de una compra directa, no de una licitación. Las tres empresas que se presentaron ofrecieron un precio muy similar, siendo 1200 pesos el valor más bajo y 1290 el más alto. Ganó la empresa Sano y Bueno SA., que recibió un contrato por 36.000.000 de pesos.



Al presentar la propuesta, las empresas debieron detallar qué productos incluirían. El IVC justificó los montos contratados a la empresa ganadora a partir de un relevamiento de marcas y precios minoristas. Cae de maduro que el precio minorista no es el que paga una empresa para cubrir 30.000 bolsones, pero lo que es peor es que las marcas y los productos elegidos no corresponden a los alimentos que fueron entregados a las familias.



A modo de ejemplo, el IVC entendió que el precio que podía pagar por una botella de 900 cc de aceite era de $ 92 y se entregó una que vale $ 69,90; un kilogramo de harina que el IVC valorizó a $ 59 y se entregó una que vale $ 35,50; una lata de choclo en grano que para el IVC valía $ 72 pero se entregó una que cuesta $ 35,85. El resumen es que lo entregado vale aproximadamente $ 640 y el gobierno porteño pagó $ 1200. En el medio queda un océano de dudas que suman casi 19.000.000 de pesos.



La empresa, en este caso Sano y Bueno Catering S.A. está cobrando casi un 100% más de lo que gasta en adquirir los productos. Descontados los impuestos (aportes previsionales, impuesto a las ganancias, e impuesto a los ingresos brutos), embolsa más de 16 millones. Sano y Bueno S.A. no produce nada: lo compra, lo embala y lo entrega.


La supervisión y fiscalización, que forma parte de los deberes de los funcionarios Públicos, no existió. Los bolsones se entregaron cada 15 días, sin evaluar las necesidades de cada familia (en contraposición al universo cubierto a través de los comedores comunitarios y el trabajo de sus hacedores), y no en todos se entregaban los 11 productos que la Ciudad pagó. En algunos venían 9 y en otros 7; algunos estaban en mal estado o vencidos.”

Apasionada por aclarar la oscuridad de esta operatoria, la ingeniera integrante del Frente Salvador Herrera afirma que “en las compras de alimentos el Estado no direcciona las ofertas estableciendo las marcas de los productos. Pero las empresas ofertantes sí deben informar qué tipo de producto y su respectiva marca, para que el Estado, en este caso, el IVC, pueda verificar la razonabilidad de la oferta y comparar las ofertas de los distintos competidores. Sencillamente, los funcionarios porteños del Instituto de la Vivienda, aceptaron la oferta de Sano y Bueno Catering S.A. sin que en ella figure la marca de cada producto.”



En tanto, las 4500 trabajadoras barriales, no reconocidas ni remuneradas por el Estado local, propusieron reemplazar estos bolsones por la firma de un convenio entre la Ciudad y las cooperativas de la agricultura familiar, para que los comedores reciban frutas y verduras, y mejorar la calidad nutricional de la asistencia alimentaria.



“Con el dinero que el GCBA paga por un bolsón con 11 productos sin calidad nutricional, las familias podrían recibir 60 kg de alimentos producidos por cooperativas de la agricultura familiar”.

En agosto, presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para que la ayuda se encamine a través de una tarjeta alimentaria, y de esa forma cada familia, sin intermediarios, pueda elegir qué comer.


María Eva Koutsovitis subraya que “el negocio de las empresas intermediarias lleva décadas, y abarca alimentos pero también insumos y el nunca resuelto problema del agua potable”. Pero con la gestión macrista, se profundizó.”, concluyó.



Como afirma el filósofo Sebastián Chun “La política del hambre se entiende no sólo como el disciplinamiento ejercido sobre los excluidos de siempre, sino también como la instancia decisiva sobre la-vida/la-muerte de los miembros del cuerpo político. El político distribuye el hambre, distribuye la escasez y la falta, y también protege el aumento de precios.”

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