BRASIL: EL GOLPE COMO PURA FORMALIDAD DE UN GOLPE MAYOR

Escribe Luis Fernando Novoa Garzón - Sociólogo, Doctor en Planificación Urbana y Regional, Profesor de la Universidad Federal de Rondonia

Bajo el disfraz de una ‘campaña contra la corrupción’, y a favor del impeachment, se ha conformado una ofensiva de clase que busca definir una salida de la crisis no sólo eliminando los derechos sociales adquiridos sino las condiciones cognitivas, organizativas y de legitimidad para el reconocimiento y la defensa de los derechos de los trabajadores. Es un ataque oportunista, justo en el momento de mayor desgaste de las representaciones populares tradicionales, y cuando todavía están en su fase germinal las luchas sociales de nuevo tipo.

La adhesión al  ‘imperativo de la disciplina fiscal’  o de la ‘estabilidad financiera’, como ‘bienes jurídicos’ o ‘bienes públicos’, fueron loas de sumisión entonadas hasta el cansancio por los titulares de las áreas económicas de los gobiernos de Lula y de Dilma. La Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) fue una criatura de Pedro Malan y Arminio Fraga, ex ministros de FHC,  adoptada en 2002 por Antonio Palocci y Guido Mantega y después agigantada a partir de 2014 por los ministros Joaquim Levy y Nelson Barbosa. Criatura que se autonomizó de tal forma que sirve para poner bajo juicio cualquier gobierno que maneje el presupuesto público fuera de los estrictos dictámenes de los acreedores de la deuda y rentistas en general.

La despolitización de la política económica, o sea, poner la macroeconomía al margen de la discusión y la decisión pública, propició el nacimiento de una temeraria figura de delito de desvío ideológico, populista o estatista, el crimen  de ‘irresponsabilidad fiscal’.

Las clases dominantes siempre amparadas en el total arbitrio de la propiedad concentrada, frente a la crisis económica y política que ellas mismas alimentaron, alegan ahora que es un hediondo crimen el maquillaje de los déficits fiscales. Al mismo tiempo incitan una creatividad inagotable con los títulos secundarios de la deuda, todo basado en la mismísima ley férrea de las finanzas desreguladas. El pillaje  propiciado por la actualización y multiplicación de la deuda pública se hace tan omnipresente que parece fácil para los grandes medios apuntalar selectivamente los robos en el menudeo, aquellos que presiden la denominada ‘circulación de elites’ por medio de elecciones y distribución de cargos. La cuestión, por supuesto, no se reduce al financiamiento empresarial de las campañas electorales, porque es en la confluencia del aparato del Estado con las grandes empresas que se constituyen proyectos, alianzas y capturas de fondos. En el actual grado de concentración e imbricación financiera de los capitales en Brasil –y en la forma en que ellos reformularon el Estado- ya no es posible pensar en dos esferas distintas: Estado de un lado y Sociedad Civil burguesa del otro. Lo que se puede inferir es la existencia de recurrentes intersecciones entre esas esferas. Considerando los sectores económicos hegemónicos, cadenas productivas especializadas en recursos naturales y los grupos económicos montados en la deuda pública y en sus derivados desenfrenados, ambos dependieron siempre de la máxima plasticidad del Estado y de la instrumentalidad de sus distintos aparatos. Esos segmentos empresariales-financieros, derrotados o no en las urnas, indican el modo en que el país viene atravesando las crisis, intensificando los procesos de expoliación y de segregación social.

Por eso, peor que la decisión del impeachment, es la sustentación perenne que transforma las máximas del fundamentalismo liberal (equilibrio fiscal y estabilidad monetaria) en normas constitucionales intocables. Se convierte en ley máxima lo que proviene de una matriz económica monetarista y fiscalista, como si sólo hubiese una única forma de llevar adelante la política económica.

Diputados opositores y oficialistas muestran carteles con leyendas opuestas: "Juicio político ya" y "Juicio político sin crimen es golpe" durante una reunión de la comisión parlamentaria que debe decidir si el pedido de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff pasa a la cámara en pleno, lunes 11 de abril de 2016. (AP Foto/Eraldo Peres)

 Foto/Eraldo Peres

El verdadero temor de la derecha brasileña no es el fantasma de Lula o del PT. Para que la burguesía brasileña y sus sostenedores extranjeros continúen durmiendo tranquilos, ya no basta con garantizar la curva ascendente de extracción de plusvalía. Es preciso mostrar y ritualizar sacrificios de fuerza social organizada que eventualmente pueda amenazar la intensificación del proceso de expropiación previsto. Lo que están poniendo como blanco y línea de tiro es la posibilidad de cualquier horizonte redistributivo en Brasil. El clamor para cortar algunas cabezas oculta una revancha burguesa tardía contra las conquistas populares iniciadas en la década del 80. Una contrarrevolución sin revolución pronto se torna una operación similar a una aplanadora que destruye conflictualidades y alteridades potenciales. La ola fascista revela entonces que el golpe contra Dilma es una mera formalidad.

Todos esos entreactos y preámbulos ya se pusieron en marcha. Mientras tanto, el acto en sí, o sea, el golpe realmente tan temido, no es el impeachment. Si el golpe menor agiliza y facilita el golpe mayor, hagamos un combate avanzado contra las distintas conjunciones golpistas que no se contentarán en apartar a la Presidente. De antemano se sabe que no habrá ‘apoyo de las masas’ para una plataforma de mitigación de una agenda enemiga del tipo privatizaciones acotadas, tasa de intereses un poco menos altas o recortes sociales menos profundos que los que implantarían un gobierno de coalición del PMDB-PSDB, resultante del golpe inicial.

Brazil's lawmakers celebrate after they reached the votes needed to authorize President Dilma Rousseff's impeachment to go ahead, at the Congress in Brasilia on April 17, 2016. Brazilian lawmakers on Sunday reached the two thirds majority necessary to authorize impeachment proceedings against President Dilma Rousseff. The lower house vote sends Rousseff's case to the Senate, which can vote to open a trial. A two thirds majority in the upper house would eject her from office. Rousseff, whose approval rating has plunged to a dismal 10 percent, faces charges of embellishing public accounts to mask the budget deficit during her 2014 reelection. / AFP PHOTO / EVARISTO SAfoto: EVARISTO SA

Si todavía queremos que perdure una democracia política capaz de entorpecer y modular la guerra de clases, hasta que tengamos capacidad de vencerla o superarla,  no será suficiente con derrotar el golpismo mediático-judicial-legislativo. Es preciso someter el corazón del capital (y sus hordas adiestradas) a un nuevo tipo de arena política agregada. Esa arena está fundada en la movilización y la organización popular en el marco de un amplio frente contra la fórmula fiscalista de salida de la crisis, y contra una profundización de las privatizaciones y la flexibilización de los derechos sociales.

 

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